Tranquilidad. Esa es quizás la palabra más utilizada por la Administración, tanto por Muface como por el propio ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, desde que el pasado 5 de noviembre la licitación para un nuevo convenio de asistencia sanitaria privada para los más de un millón funcionarios se quedara desierta: SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV dijeron no a las condiciones propuestas.
Desde entonces, con la patata caliente entre las manos, la propia mutualidad no se ha cansado de decir que la asistencia a este numeroso colectivo estaba asegurada, más allá del fin del convenio actual y a la espera de una nueva licitación -como anunció ayer el ministro, para antes de final de año- que corra distinta suerte que la primera. Del mismo modo lo ha hecho López y, en ambos casos, no han dicho cómo.
El mantra es que existen "herramientas" en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que ofrecen la posibilidad de una prórroga. Sin embargo, desde el sector no lo tienen tan claro; tampoco desde los sindicatos y dudan de que se pueda llevar a cabo esa ampliación automática siguiendo la literalidad de la ley a la que se agarran Muface y el Gobierno.
Lo que dice la ley
Y es que la norma, en su artículo 29 apartado 4, establece que, "cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses".
Pero para que eso sea posible, la norma también fija un requisito que, en el caso del convenio de Muface, es determinante: "Que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario".
Unos plazos que no se dan en la licitación desierta de Muface, ya que el Gobierno la aprobó la licitación el pasado 8 de octubre y la publicación oficial se produjo seis días después en la Plataforma de Contratación, es decir, dos meses y medio antes de que finalice el convenio actual y no tres como marca la ley.
"Existen muchas dudas de que esa prórroga automática se pueda ejecutar porque no se han cumplido los plazos que marca la ley y que son tres meses", señalan fuentes del sector, que aclaran algo más: "No es cierto que el convenio actual finalice el 31 de enero como se está diciendo; el convenio vigente formalmente finaliza el 31 de diciembre de este año. Lo que acaba el 31 de enero de 2025 es la cobertura que tienen que dar a sus asegurados las compañías que no van a continuar en el concierto".
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