No habrá vacunas para todos. Al menos en un primer momento. Y el presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Joan Villalbí, cree de hecho que “aunque algunos laboratorios han comenzado ya la fabricación” a riesgo, incluso antes de finalizar los ensayos clínicos, “es probable que tardemos años en disponer de vacunas suficientes para inmunizar a toda la población necesaria”.
Según explica, debería alcanzarse una cobertura de inmunizados cercana al 60% de la población, “y, según los estudios de seroprevalencia, debemos de estar en alrededor de un 10% actualmente, así que van a hacer falta muchas vacunas, más sabiendo que no está clara la duración de esa inmunidad, aunque los casos de reinfecciones que conocemos hasta el momento son todavía anecdóticos”.
Por eso, la tarea más importante del grupo constituido por Sanidad será dar respaldo científico y bioético a la priorización de pacientes para acceder a las vacunas. Y la decisión no está aún tomada, entre otras cuestiones, según explica el presidente de la Sociedad de Vacunología, Amós García, porque “todo va a depender de las características de la vacuna que nos llegue. Pero, suponiendo que sea una vacuna con prestaciones estándar, en principio el ejercicio de priorización debe hacerse en función de la vulnerabilidad”, lo que incluye a pacientes con determinadas patologías y mayores, por la mayor gravedad de la enfermedad en esos colectivos.
“Es probable que tardemos años en disponer de vacunas suficientes para inmunizar a toda la población necesaria”
Poner cifras a esa vulnerabilidad sin embargo no va a ser fácil: “Depende del número de dosis de las que dispongamos. Lo ideal sería vacunar a todos los mayores de 60 años y los menores de 60 años con una patología de base, pero dependiendo de las dosis de las que se disponga es probable que haya que empezar con los mayores de 75”, explica García, que está especialmente preocupado por la logística que va a entrañar esta vacunación en centros de salud “cuando le estamos diciendo a esa población que no se acerque a los centros de salud”.
A ellos habría que añadir “también los colectivos de personal esencial, empezando por los sanitarios porque sin sanitarios no se puede preservar la salud de nadie”, afirma José Luis Jiménez, portavoz de la Organización Médica Colegial, coincidiendo con Julián Olalla, presidente del I Congreso Nacional Covid-19.
Villalbí va incluso más allá y advierte que dentro del personal sanitario considerado esencial hay que incluir a celadores y administrativos. La vacuna, en principio, no estaría desaconsejada para ningún colectivo “más allá de las reservas que se hagan a embarazadas, niños de muy corta edad o de lo que se observe cuando finalicen los ensayos”, afirma el portavoz colegial.
Hay que hilar fino
Desde la Bioética también se echa en falta más información sobre el virus, pero también sobre el tipo de vacuna que estará disponible para responder a la pregunta. Aun así, Montse Esquerda, directora general del Instituto Borja de Bioética, de la Universidad Ramón Llul, coincide en que son los colectivos de mayor edad -por encima de los 65 años, los sitúa la experta-, los más vulnerables y los profesionales de riesgos los que deberían encabezar esa lista. Sin embargo, esta priorización se queda corta. Esquerda no cree que, en un primer momento, haya dosis suficientes para incluir a ese personal de riesgo. “Habría que detallar más, por ejemplo, dentro del colectivo de mayores de 65 años; tendrían preferencia los que estén en una residencia y, además, con patología previa”.
En ese esfuerzo por hilar más fino, ante la más que probable escasez del fármaco, Vicente Soriano, exasesor de la OMS y codirector del máster en Bioética de la Universidad Internacional de La Rioja, explica que las enfermedades que deberían dar una mayor preferencia a las personas para ser inmunizadas son: diabetes, obesidad, cirrosis, enfermedad renal crónica y pacientes en general inmunodeprimidos.
¿Y dentro de los profesionales sanitarios? “Los que traten a pacientes con mayor carga viral, como son los que trabajan en las UCI”, dice Esquerda.
Pero no solo sanitarios, hay que dar preferencia a aquellos profesionales con mayor exposición al riesgo como son policías, maestros... El motivo lo explica Miguel Ángel Sánchez, profesor de Humanidades y Bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, “por razones de justicia compensatoria”. En definitiva, son profesionales que tienen una mayor exposición a la infección porque desarrollan una labor de servicio público.
El investigador de la UPV/EHU Íñigo de Miguel Beriain plantea otra idea: “Vacunaría primero a los profesionales sanitarios, porque son un recurso escaso y por justicia y a aquellos que tengan mayor contacto con vulnerables (trabajadores de residencias). Después a los jóvenes (entre 14 y 30), que son los que extienden el contagio. Dejaría para el final a los que es más fácil aislar y proteger. Los vulnerables han aprendido a hacerlo bien, si no se les imponen presencias externas. Creo que así se cortarían las cadenas de contagio”.
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