Ante las peticiones realizadas ante el Consejo General de COF y los COF de Madrid y de Murcia sobre la posibilidad de realizar las pruebas de detección del coronavirus en las oficinas de farmacia privadas, la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y Satse, muestra su rechazo a que las pruebas de detección de la covid-19 se realicen en las oficinas de farmacia "por los riesgos que supondría para la seguridad de los ciudadanos", dicen, y ha defendido que sean realizadas siempre por el personal sanitario que, como las enfermeras, "tienen la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías y de conformidad con la normativa vigente", dicen.
“Es un absoluto despropósito querer convertir las oficinas de farmacia, que no olvidemos que son un negocio privado, en centros sanitarios para realizar este tipo de pruebas, cuando estaríamos propiciando, además, la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio de la covid-19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que, generalmente, es cerrado y limitado en su estructura”, señalan desde la Mesa.
La propuesta de las farmacias, según Satse y CGE, es un intento de ampliar su ámbito de negocio, que en este caso añade riesgos a la salud del conjunto de la ciudadanía
En este sentido, Satse y el CGE recalcan que la intención de los farmacéuticos va en contra de la política de seguridad y protección de la salud de los ciudadanos que han implementado las autoridades sanitarias al fomentar la atención telefónica y no presencial en Atención Primaria para evitar así las aglomeraciones y afluencia de personas en los centros de salud y, de esta forma, minimizar los riesgos de contagio y propagación de la enfermedad.
Falta seguridad en la botica
Asimismo, la Mesa de la Profesión Enfermera apunta que las oficinas de farmacia no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a la hora de realizar este tipo de pruebas, reiterando la necesidad de contar, por ejemplo, "con la delimitación de circuitos seguros de tránsito de personas, una gestión optima de la eliminación de los residuos generados contaminados, personal cualificado para la realización e interpretación de las pruebas, así como registro y traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública".
La realización de este tipo de pruebas es una actuación compleja que no puede hacer cualquiera, es imprescindible que sea un profesional sanitario preparado al respecto como las enfermeras o los médicos.
"Permitir que los farmacéuticos realicen estas pruebas supone poner en riesgo la salud de los pacientes, porque una persona no cualificada puede extraer una muestra incorrecta y generar un falso negativo".
Son empresarios
La Mesa considera que las distintas autoridades competentes de la administración "no deben dar satisfacción al afán desbordado de los empresarios que tienen oficinas de farmacia por incrementar sus beneficios, debiendo en todo caso destinar a la sanidad pública los recursos y medios necesarios, para asegurar la realización de todas las pruebas necesarias al conjunto de la ciudadanía en los centros sanitarios públicos o aquellos habilitados para tal cometido por parte de profesionales sanitarios, cualificados y siempre en el marco de la sanidad pública".
Desconocimiento de la realidad actual
La Mesa también está sorprendida "porque algún antiguo responsable del Ministerio de Sanidad y algún partido político se hayan manifestado a favor de la posibilidad de realizar estas pruebas en las oficinas de farmacia, constatando un absoluto desconocimiento de la realidad actual, salvo que dicho posicionamiento favorable a potenciar el negocio de las oficinas de farmacias privadas pueda responder a otro tipo de intereses que no son los sanitarios".
Esta propuesta por parte de las boticas "es un nuevo intento de ampliar su ámbito de negocio, intentando realizar unos servicios asistenciales que nos les corresponden y que ya prestan gratuitamente las enfermeras y médicos de nuestra sanidad pública en óptimas condiciones de seguridad y garantías".
Los farmacéuticos -añaden Satse y CGE- no están teniendo en cuenta el riesgo que conlleva convertir las 22.000 oficinas de farmacia "en posibles focos de contagio y propagación del virus, al propiciar la aglomeración de personas en espacios reducidos y que se mezclen posibles contagiados con personas que acuden a cuestiones habituales, como la adquisición de medicamentos u otros productos de venta en las farmacias”, concluyen desde la Mesa.
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