Ocho sociedades científicas de enfermería (AEC, AEEP, Aeesme, AET, ANDE, Faecap, FAME y Seegg, además de Grupo 40+ Iniciativa Enfermera) han enviado esta mañana una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a todas las consejerías de Sanidad, en la que exponen que considera un gravísimo error la idea de que las farmacias puedan realizar test de antígenos por petición de algunas autonomías como Madrid y Murcia. De hecho en Orense, ya hay una experiencia en marcha desde octubre que posibilita que las boticas puedan realizar test serológicos para detectar anticuerpos de la covid-19.
La Mesa Enfermera, integrada por Satse y el Consejo General de Enfermería (CGE), también llevan días posicionándose al respecto, y la Organización Médica Colegial (OMC) tampoco ve con buenos ojos que las farmacias realicen este tipo de pruebas diagnósticas en las boticas.
Análisis de la situación
Las ocho organizaciones firmantes se manifiestan totalmente en contra de que se lleven a cabo en las farmacias la realización de pruebas de antígenos o de cualquier otra actividad que no forme parte de las competencias que les son propias e inherentes a su titulación, “para las que además no se cuenta con las instalaciones mínimamente exigibles para ello”, dicen.
Consideran, además, que es prioritario realizar un análisis “sereno y riguroso”, que permita llevar a cabo la necesaria planificación en la que se articulen los diferentes recursos comunitarios para lograr potenciar al máximo las competencias y capacidades de cada uno de ellos, “con el objetivo de ofrecer una atención de calidad”.
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No se puede comparar con otros países
En la carta dirigida a Illa y consejerías de Sanidad, explican que la comparación que están haciendo algunas autonomías con otros países en los que se está implantando la realización de pruebas de antígenos en las farmacias “es tendenciosa al tratarse de contextos y realidades diferentes (Francia e Italia, por ejemplo), tanto en estructura y organización de los servicios sanitarios -con la práctica inexistencia de una red de Atención Primaria de Salud como la que existe en España-, como en la concesión de apertura de farmacias y su gestión, lo que supone en sí mismo un fallido argumento”.
Alternativas más seguras
Para estas sociedades científicas existen alternativas “más seguras, garantistas y públicas que las que se pretenden, ya que, pesar de que se presentan como altruistas, tienen un claro trasfondo mercantilista que debe evitarse tal y como se plantea”.
En su opinión, las urgencias y los oportunismos no son buenos consejeros en la toma de decisiones y pueden crear un claro precedente para futuras intervenciones. “Entendemos que las decisiones deben ser homogéneas para todos los territorios. Lo contrario provoca confusión, incertidumbre y alarma en la población que, además, lo puede interpretar como una clara inequidad en el acceso a determinadas acciones en función de donde se resida”.
No son recursos públicos
En la misiva, los enfermeros recuerdan que la covid-19 ha supuesto un punto de inflexión en la oferta de los diferentes servicios públicos y privados de cara a hacer frente a la pandemia, pero que ello no es suficiente justificación para ofertar determinados servicios en ámbitos que no son los adecuados sin un riguroso análisis previo.
“Las farmacias son un recurso comunitario importante y muy necesario. No es menos cierto que prestan un servicio público primordial, pero esta realidad no puede ni debe utilizarse de manera interesada. Porque estar en la comunidad lo que les otorga es la condición de recurso comunitario que puede y debe articularse con el resto de recursos comunitarios, muy especialmente con los de salud, para el desarrollo consensuado de estrategias que, finalmente, beneficien y den respuesta a las necesidades de las poblaciones donde se ubican”.
También enfatizan que las boticas no son recursos públicos, sino privados, “con lícitos intereses comerciales que no pueden interferir en la oferta de determinados servicios como el que se pretende y para el que no cuentan ni con la preparación adecuada ni la infraestructura necesaria que garanticen la seguridad de las personas y la calidad de las pruebas a realizar”.
Ámbito competencial
En la carta también reconocen que las farmacias y sus titulares son fundamentales y que garantizan un adecuado y necesario equilibrio en aspectos importantísimos para la salud de las personas.
“Pero dicha garantía debe circunscribirse a su ámbito competencial y, en todo caso, a aquellos aspectos que previamente analizados, reflexionados, debatidos y consensuados con el resto de agentes de salud que intervienen en cualquier proceso de salud-enfermedad puedan ser incorporados como prestaciones ofertadas como servicios públicos, gratuitos y evaluados en su conjunto con el resto de las prestaciones que se oferte en el ámbito del SNS”.
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