La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana no ha conseguido que ningún sindicato de la mesa sectorial apoye o valide el acuerdo que establece los parámetros y criterios para la aplicación de la compensación económica y la gratificación por servicios extraordinarios para el personal gestionado por Sanidad con motivo de la pandemia de la covid-19.
Sanidad ha señalado que este acuerdo permitirá reconocer el esfuerzo realizado por más de 40.000 profesionales sanitarios que estuvieron en primera línea durante los meses más duros de la primera ola de la pandemia y, de forma escueta, que los sindicatos se han opuesto porque su pretensión era que "se gratificara también a todos aquellos que no estuvieron en primera línea".
Sin embargo, las centrales sindicales han sido mucho más específicas y completas a la hora de justificar su rechazo, empezando por el hecho de haber recibido la documentación "pocas horas" antes del encuentro de la mesa y porque, en la práctica, "no ha existido negociación", según han coincidido ante DM Paco Martínez, responsable de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO-CV, y Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV). Martínez ha señalado que ha sido "una falta de respeto tremendo" y que un encuentro sin negociar ni capacidad de modificar la esencia del texto, "es una forma de pasar el rodillo". Por su parte, Pedrera también ha denunciado la misma situación, reiterando que si tienen intención de aprobarlo el viernes en el Pleno del Gobierno valenciano, "es sin el voto sindical".
CCOO y CESM acusan a la Generalitat de imponer unilateralmente los criterios de reparto
Sanidad ha anunciado que "son los profesionales de unidades de críticos, Medicina Interna, Urgencias o atención primaria en todas sus categorías, algunos de los grupos que percibirán la compensación. También todos aquellos trabajadores y trabajadoras que padecieron el contagio de la covid-19 o estuvieron aislados, así como todos aquellos que, voluntariamente o por necesidades organizativas, tuvieron que enfrentarse en primera línea al virus".
Según el texto elaborado por Sanidad, las gerencias de los Departamentos y la Dirección del Servicio de Emergencias Sanitarias respecto de su personal, y las direcciones generales correspondientes, respecto del suyo, "determinarán mediante certificación la relación nominal del personal de su respectivo ámbito con derecho a la percepción de la compensación", así como el "tiempo efectivo de trabajo de cada persona".
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Según CCOO, incluso "la Abogacía de la Generalitat ha mostrado sus dudas respecto a la viabilidad del decreto-ley, por la falta de concreción a la hora de determinar el personal beneficiado". Para CESM-CV, el hecho de que la compensación económica para el personal estatutario se dirija a los profesionales que hayan prestado atención directa, efectiva y presencial en labores de gestión o cuidados, "limita tanto el alcance de esta definición que quedan excluidos amplios colectivos de profesionales implicados en mayor o menor medida, lo que generará sin duda agravios comparativos, crispando el clima laboral en un momento en el que la pandemia se recrudece".
Según el sindicato profesional, todos los centros sanitarios y su personal en situación de activo (o en incapacidad temporal por riesgo o contagio de la Covid), "han sido víctimas reales o potenciales, y han corrido riesgos graves en todo el periodo citado".
Retribuciones por horas 'extra'
También existe malestar sindical por la reiteración en el enfoque sobre Salud Pública. Para CCOO, "la deuda por los excesos de jornada debe condonarse con el pago según el valor de las horas en exceso que se han realizado, y no a través de una gratificación que supone un insulto a la dignidad de los profesionales". En este sentido, Martínez ha expuesto que es algo "sangrante", ya que hay profesionales a los que "se deben 300 ó 400 horas adicionales y se les quiere compensar todas ellas con una gratificación". Ahondando en este tema, CESM-CV también hace hincapié en que la cantidad prevista -alrededor de medio millón de euros para el colectivo- "parece aún más ridícula si cabe" que el propio montante total (43 millones para todo el acuerdo).
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