Las elecciones autonómicas catalanas del próximo domingo, día 14 de febrero, ponen fin a otra legislatura corta (menos de tres años) y convulsa en esta comunidad y con escasas iniciativas en materia sanitaria, más allá de las obligadas por la emergencia de la covid-19.
Tras la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, el entonces presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, convocó elecciones al Parlamento autonómico el 21 de diciembre del 2017. Los intentos de la mayoría independentista en el Parlamento autonómico de investir presidente de la Generalitat de nuevo a Carles Puigdemont, huido de la justicia a Bruselas, y a Jordi Turull y Jordi Sànchez, en la cárcel, retrasaron hasta 7 meses después de los comicios (el 17 de mayo de 2018) que Junts per Catalunya y ERC se pusieran de acuerdo para hacer presidente finalmente a Quim Torra, que era uno de los diputados de Junts per Catalunya. Torra y su gobierno de coalición (Junts per Catalunya y ERC), a partir de ahí, estuvieron explícitamente concentrados en el ‘procés’ independista hasta que en febrero del 2020 les sobrevino la inesperada pandemia de covid-19.
Torra, que utilizó explícitamente la emergencia sanitaria para llevar la contraria al Gobierno central, fue inhabilitado judicialmente el 28 de septiembre de 2020 por incumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar, durante la campaña electoral, una pancarta de apoyo a los presos del procés del Palau de la Generalitat.
Su gobierno ha dado pie a múltiples polémicas como la protagonizada por la portavoz, Meritxell Budó, al asegurar que en una Cataluña independiente o con más competencias "no habría habido ni tantos muertos, ni tantos infectados y probablemente se hubiera podido controlar esta enfermedad". Torra fue sustituido en algunas de sus funciones por Pere Aragonès, de ERC, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda; hay que recordar que la consejera de Salud, Alba Vergés, y buena parte de su equipo son de ERC.
La legislatura dejará, más allá de la pandemia, únicamente tres leyes relativas a Salud -Agencia de Salud Pública, salud bucodental y restablecimiento del complemento de productividad variable a los trabajadores del sector sanitario público y concertado- y dos decretos del Departamento de Salud -acreditación de las enfermeras para la indicación y dispensación de medicamentos y estatutos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña-.
Recuperación de la Agencia de Salud Pública
De entre la escasa actividad normativa durante esta legislatura catalana lo más destacado es la Ley 5/2019, de 31 de julio, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT) y de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública. Recupera el organismo responsable de la promoción y la protección de la salud, la prevención y la gestión de las alertas epidemiológicas y alimentarias en Cataluña (salvo en la ciudad de Barcelona, donde sus funciones son competencia de la Agencia de Salud Pública de Barcelona), que está adscrito al Departamento de Salud mediante la Secretaría de Salud Pública (su director es actualmente Josep Maria Argimon). Agrupa a cerca de 1.500 profesionales (medicina, farmacia, enfermería, veterinaria, biología, psicología…) que prestan servicios de forma regionalizada y cuentan con una red de laboratorios acreditados, en colaboración con la atención primaria y hospitalaria.
Esta agencia fue creada por la Ley 18/2009 de Salud Pública como empresa pública y quedó adscrita al Departamento de Salud para actuar bajo sus directrices. La estructura organizativa la reguló el Decreto 366/2011 por el que se aprobaron sus estatutos. En octubre de 2013 fue disuelta por el Decreto Ley 5/2013, que extinguió varios entes públicos para simplificar y racionalizar la administración catalana, y sus funciones y personal se integraron en el Departamento de Salud. En julio de 2019, ya en esta legislatura, el Parlamento autonómico aprobó por unanimidad su recuperación.
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