Los presidentes de las ocho comunidades autónomas con mayor despoblación, que suman el 62% de la geografía nacional y 11,5 millones de habitantes (un 25% del total), se reunieron la semana pasada en Santiago de Compostela para intentar consensuar una propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la cobertura del coste de los servicios básicos en todo el territorio nacional, no solo en las zonas con más habitantes. En el reparto quieren que se incluya el envejecimiento, la dispersión geográfica y la orografía, que son algunos de los factores que explican la llamada España vaciada.
El modelo de financiación territorial puede contribuir en buena parte a frenar el imparable proceso de concentración de la población en las grandes ciudades, pero hacen falta más iniciativas políticas.
La manifestación del 31 de marzo de 2018 en Madrid por la España vaciada demostró que uno de los servicios que más se reclaman en las zonas con más riego de despoblación son las oficinas de farmacia. La pérdida de sucursales bancarias y hasta de cajeros automáticos hace temer a los habitantes de esas zonas el cierre de farmacias por el traslado a poblaciones mayores de sus titulares y su sustitución, en el mejor de los casos, por botiquines dependientes de otras farmacias.
Esta va a ser una de las grandes luchas de los habitantes de esa España que lleva demasiados años sintiéndose abandonada por los partidos políticos y las administraciones públicas. Ya empieza a vislumbrarse el aumento de la representación de fuerzas nacidas de esa guerra en los parlamentos autonómicos y las Cortes Generales.
Mientras eso sucede, urge afrontar con determinación el problema de las farmacias con viabilidad económica comprometida (VEC), especialmente en zonas rurales. Es un fenómeno geográficamente heterogéneo y su solución pasa por establecer incentivos, que no subvenciones, puesto que las boticas en dificultades no necesitan ayudas económicas sino que se les remunere por realizar un servicio esencial y necesario. En esta edición recordamos el papel tan importante que puede ejercer la oficina de farmacia en materia de dispensación de medicación hospitalaria.
Parece evidente que hay que implantar un mecanismo que corrija las desigualdades que provoca la retribución profesional a través de márgenes e impida el cierre de establecimientos que son muy necesarios desde el punto de vista sanitario y muy valorados por los ciudadanos, en especial de zonas rurales y de poblaciones con un nivel socieconómico bajo. También se sugiere como más justo acordar un pago complementario por servicios profesionales pactados entre la farmacia y la Administración sanitaria en función de las necesidades propias de la población de referencia (cronificación, envejecimiento, hábitos de riesgo...) que estipular una subvención por baja rentabilidad.
Todo ello sería más racional y eficiente si se hiciera, además, en un contexto de integración de las oficinas de farmacia en el conjunto del sistema sanitario, en el que cada prestación se diese en el nivel asistencial donde resultase más eficiente hacerlo. ¿Va el Sistema Nacional de Salud a seguir desaprovechando la red de 22.137 farmacias comunitarias y su magnífica distribución territorial?
Por ahora el Ministerio de Sanidad ha sacado una consulta pública para modificar el Real Decreto 823/2008 por el que se fijan los márgenes, deducciones y descuentos de la distribución y la dispensación de medicamentos con el objetivo de actualizar los requisitos para acceder a las ayudas para farmacias VEC. Y lo más importante: se ha puesto manos a la obra con el Consejo General de COF, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el proyecto Atención sociosanitaria integral desde la farmacia comunitaria para el mundo rural.
"En el mundo rural la farmacia tiene un plus, porque fija población y contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Es un activo vital para el reto demográfico", según declaraciones de Ana López-Casero, tesorera del Consejo de COF.
Es así como hay que verlo y afrontarlo para contribuir a que el proceso de despoblación no siga avanzando inexorablemente en la mayor parte de España.
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