La Generalitat de Cataluña anunció la semana pasada una inversión de casi 300 millones de euros hasta 2022 para la atención primaria, con el que quiere mejorar la accesibilidad y los procesos, aumentar la resolución y atender bien la cronicidad y que incluye un incremento del 17% de profesionales (más de 3.800 en total, 1.400 para abordar la Covid-19). Pero el sindicato profesional Médicos de Catalunya (MC) ya ha respondido públicamente que no está conforme con ese plan, “ya que prevé una contratación irrisoria de 306 facultativos y una inyección presupuestaria adicional destinada a hacer frente a la Covid-19, pero no a reforzar realmente la estructura del primer nivel asistencial". Y ha anunciado que llamará pronto a sus afiliados y a los facultativos de atención primaria en general "a dar una respuesta firme, para que las demandas justas del colectivo se tengan en cuenta de una vez por todas, ante el desprecio hacia la profesión que han vuelto a demostrar los responsables sanitarios".
El sindicato recuerda que la atención primaria ha perdido durante la última década más de 900 facultativos por los recortes y, en consecuencia, sostiene que la nueva contratación de profesionales "es irrisoria y del todo insuficiente". Además, añade que estas nuevas incorporaciones "no irán a parar a las consultas, sino, exclusivamente, a la actividad asistencial de apoyo a las residencias", según especifica el plan de Salud.
Reitera que la atención primaria necesita incorporar más de 1.000 facultativos "para poder atender en condiciones óptimas a la población y recuperar la actividad aplazada durante la primera ola de la pandemia", sobre todo teniendo en cuenta que tenido que asumir nuevas competencias derivadas de esta crisis sanitaria como el control epidemiológico de la Covid-19, la atención transitoria de las residencias geriátricas y, en breve, la supervisión de los posibles casos que puedan surgir en las escuelas. También indica que de los 309 médicos de Familia que tenía que contratar el Instituto Catalán de Salud (ICS), a raíz de los acuerdos de salida de huelga de 2018, solo ha podido incorporar poco más de un centenar.
El sindicato critica que la partida presupuestaria adicional –300 millones de euros hasta 2022– está orientada a dar respuesta a la nueva etapa de la Covid-19 pero no a reforzar realmente la red de atención primaria que sufre una infrafinanciación crónica. Y desconfía de la viabilidad de esta inversión, dado que el Gobierno autonómico no ha cumplido aún los acuerdos de salida de huelga de 2018, con un coste global de 100 millones de euros.
Antoni Sisó, presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic), por su parte, ha manifestado también sus recelos sobre el plan a través de Twitter: “Un plan de transformación auténtico para la atención primaria requiere renovar infraestructuras, recuperar profesionales perdidos, cambios en el modelo asistencial y de gobernanza del sistema sanitario entero y cambios legislativos”.
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