El Sindicato de Enfermería (SATSE) arremete de nuevo contra los farmacéuticos. Esta vez, no se trata de que estén en contra de que vacunen o realicen test covid en las oficinas de farmacia, sino que protestan por el hecho de que sean sólo ellos los titulares y propietarios de una oficina de farmacia. Por ello, anuncian en un comunicado que están estudiando el inicio de las acciones jurídicas pertinentes "ante la situación de clara ventaja comercial que tienen [...] y que supone un perjuicio para otros profesionales que quieren poder tener opción a abrir este tipo de establecimientos comerciales".
SATSE ha requerido tanto a sus servicios jurídicos como a un despacho de abogados externo que analicen y propongan las actuaciones jurídicas a realizar a corto plazo. Entiende, dicen, la necesidad de que haya un titulado en Farmacia en las oficinas para dispensar los medicamentos al público con todas las garantías y ofrecer así un servicio de calidad a los ciudadanos, pero no considera que éste tenga que ser en todos los casos el propietario y titular del establecimiento.
“Se está perpetuando una evidente exclusión a otros profesionales que pudieran estar interesados en abrir una oficina privada de farmacia, lo que supone en la práctica una clara barrera de acceso al mercado con los consiguientes perjuicios que suponen este tipo de prácticas comerciales ventajistas y restrictivas”, apuntan desde la organización sindical.
Se sienten avalados por la ley
SATSE echa mano de la legislación y señala que la obligación establecida en la norma española de que el farmacéutico sea el propietario de la oficina de farmacia ha sido cuestionada por la Unión Europea al entender que entra en colisión con la regulación comunitaria. Es el caso del dictamen motivado emitido por la Comisión Europea en 2006 en virtud del artículo 226 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
Asimismo, argumentan que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se ha mostrado partidaria de eliminar la normativa que establece como requisito que los propietarios y titulares de las oficinas sean exclusivamente titulados en Farmacia.
De igual manera, SATSE interpreta que el Real Decreto Legislativo 1/2017 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios o la Ley 16/1997, de Regulación de los servicios de las oficinas de farmacia establecen la presencia y actuación profesional de un farmacéutico como condición y requisito imprescindible para la dispensación de medicamentos, pero no que deba ser éste también el propietario del establecimiento.
“Entendemos que el rechazo y negativa del colectivo de empresarios farmacéuticos a abrir el mercado se debe a su claro interés de no repartir el margen de ganancias, pero consideramos que hay que mirar el interés general y no el propio en beneficio del conjunto de la ciudadanía”, concluye la organización sindical.
"Ataques infundados"
A su vez, la Asociación de Empresarios de la Farmacia de Madrid (Adefarma) ha emitido otro comunicado respondiendo a los "ataques infundados" por parte "de cierto sindicato de auxiliares técnicos sanitarios, según reza en sus siglas o sindicato de enfermería, según manifiesta, hacia los farmacéuticos comunitarios o de oficina de farmacia, por el mero hecho de habernos ofrecido, en la situación especialísima que estamos atravesando, a colaborar con el sistema de salud, desempeñando funciones como la de vacunar o llevar a cabo pruebas de la covid-19".
Así, la patronal madrileña dice contemplar "absorta" esta situación: "Los farmacéuticos propietarios de la comunitaria, denominación internacionalmente aceptada que define la farmacia que tiene vocación de servicio a su comunidad, empezamos a estar ya más que hartos de un discurso sindical rancio, alejado de los tiempos que vive hoy nuestra democracia un tanto galdosiana".
Adefarma añade que se trata de "un discurso que ha ido incluso más allá de los límites que marca la normal convivencia entre profesiones, al añadir en sus últimas manifestaciones una velada amenaza, bajo pretexto de reforzar, no sabemos qué estrategia, de no sabemos qué defensa, de no sabemos qué intereses de los pacientes y ciudadanía y de los profesionales sanitarios, nada más y nada menos, para activar “iniciativas que nunca hubiera querido poner en marcha. Sobran las palabras".
Consideran, además, que la justificación no tiene desperdicio: "Habría que preguntarles a los enfermeros y enfermeras que trabajan en empresas privadas o por cuenta propia si es bueno o no ganar dinero. Es más, habría que preguntarles a los enfermeros y enfermeras que trabajan en el sector público que les parecería que las guardias que llevan a cabo fueran gratuitas".
A su vez, consideran "inadmisibles" las alusiones a "lo que hacemos o dejamos de hacer o si estamos capacitados o habilitados, porque para eso existe un marco jurídico sobre cada profesión, que determina su ámbito de actuación y para eso todavía existe, aunque algunos se resistan a admitirlo, la capacidad de los Gobiernos, por intentar mejorar la atención sanitaria".
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