El Gobierno valenciano ha aprobado en un pleno extraordinario el decreto-ley por el que se establece una compensación económica por el esfuerzo realizado por parte del personal del Sistema Valenciano de Salud y del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales durante el Estado de Alarma declarado entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, a causa de la pandemia de la Covid-19. De esta forma, se concreta el anuncio que el presidente autonómico, Ximo Puig, realizó en las Cortes Valencianas en el última Debate de Política General, aunque el desarrollo hasta el momento tiene una fuerte respuesta sindical.
El decreto aprobado por el Consell, que también afecta al personal de Salud Pública, establece una compensación económica por un importe total de 43,7 millones de euros para el reconocimiento del personal público sanitario, no sanitario y sociosanitario que de manera directa, efectiva y presencial ha realizado laboras de gestión y cuidado de las personas afectadas por la pandemia durante los meses del Estado de Alarma.
Según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, la cuantía que percibirá cada persona beneficiaria “será proporcional al tiempo efectivo de trabajo durante ese tiempo y en función de cada categoría profesional y/o de exposición al riesgo. También se computará el tiempo transcurrido en situación de incapacidad temporal a causa de la Covid-19, bien por resultado positivo o en aislamiento por contacto”.
Sin apoyo sindical
Sin embargo, el decreto-ley aprobado por el Gobierno valenciano había sido fuertemente contestado por la mañana en la Mesa Sectorial de Sanidad, ya que ningún sindicato le dio su apoyo. En concreto, hubo tres abstenciones (Satse, UGT e Intersindical) y el voto contrario de CCOO, CSIF y CESMCV-SAE.
CCOO ha hecho hincapié en que “es inasumible ya que carece de los criterios mínimos de reparto por los que debe aplicarse esta compensación y puede dar lugar a situaciones de agravio comparativo entre el personal”, señalando que aunque la Consejería de Sanidad ha afirmado que los criterios se presentarán en una Mesa Sectorial que se celebrará el próximo miércoles, para CCOO “deben quedar reflejados de una forma clara y objetiva en el texto del Decreto para no dar lugar a repartos arbitrarios”.
Para CSIF, la cantidad global consignada -43,7 millones para personal sanitario y sociosanitario- “resulta insuficiente, la propuesta del decreto es excluyente porque no incluye a todo el personal, y demuestra falta de planificación”, además de incidir en que el Consell “no ha aclarado ni quién ni cuándo ni cómo percibirá ese cantidad”.
La central sindical también alude a la “falta de respeto” de querer compensar los excesos de jornada en Salud Pública con esta gratificación. “Ese personal ha de cobrar el tiempo que ha trabajado de más, que ha sido mucho, y, por otro lado, percibir esa gratificación por la dedicación y esfuerzo demostrados”, apunta el sindicato, en sintonía con lo expresado con otra centrales.
Por su parte, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) también señala que se pretende “dejar fuera de ella a un importante número de profesionales que estuvieron implicados y expuestos en primera línea durante el estado de alarma como los inspectores de sanidad, profesionales de salud pública, la totalidad de trabajadores de las concesiones administrativas, y otros profesionales adscritos a empresas privadas, como personal de limpieza y seguridad, que se implicaron tanto o igual al resto de trabajadores de la Consejería de Sanidad”.
Ante algunas de las criticas vertidas, Oltra ha señalado que “son las empresas privadas las que tienen que gratificar a su personal” y que el desarrollo concreto del reparto en Sanidad deberá fijarse en la Mesa Sectorial del miércoles y podrá conocerse en “los acuerdos del Consell que previsiblemente entrarán este viernes para su aprobación”.
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