El sindicato médico CESM ha solicitado a los ministerios de Interior y Función Pública a iniciar una mesa de diálogo para concretar un calendario de mejoras salariales para los facultativos de los centros penitenciarios para frenar la fuga de estos profesionales. "A día de hoy quedan solamente 219 médicos, incluidos subdirectores -que no pasan consultas- interinos y en prácticas, para todas las prisiones dependientes de la secretaria general de instituciones penitenciarias, un 40% de la plantilla", señala Pedro Martínez, responsable de CESM Prisiones.
El objetivo último de CESM es que se cumpla finalmente, tras más de una década, la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a las autonomías, como establece la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. De momento, la única respuesta que ha recibido el sindicato de ambos ministerios frente a una petición previa para reunirse con la Administración y analizar dicha cuestión ha sido que se está trabajando en ello.
Y es que el progreso está siendo extremadamente lento: Navarra el pasado 24 de mayo asumió dicha competencia, pero es la tercera en hacerlo, sólo por detrás de Cataluña y País Vasco. De las otras 14 no se sabe nada.
La organización sindical considera que "la Administración no puede quedarse parada, y tiene el deber de evitar la fuga constante de facultativos de la sanidad penitenciaria". Por este motivo, ha propuesto a ambos ministerios iniciar una mesa de diálogo en la que se elabore un calendario de mejoras salariales en consonancia con lo aprobado en la PNL de septiembre de 2020 de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados con el objetivo de evitar que sigan quedando desiertas las plazas convocadas en reiteradas oposiciones, puesto que los candidatos las desestiman por estar notablemente mejor retribuidos por cualquier administración autonómica, denuncia el sindicato.
La PNL aprobada el pasado mes de septiembre instaba al Gobierno a la transferencia efectiva de las competencias en sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y que, mientras se cumplía con este proceso, se aumentara el personal médico mediante oferta pública de empleo "a fin de garantizar la presencia de médicos durante los fines de semana y días festivos, prestando una atención continua y de calidad, respetando las condiciones del sistema de salud público". Para este fin señalaba que debía establecerse "la igualdad retributiva entre el personal médico penitenciario respecto del personal médico de atención primaria de los servicios públicos de salud".
Plantillas deficitarias
"Resulta paradójico que el año pasado, en 2020, a la sanidad penitenciaria le concedieran la medalla de oro al mérito penitenciario y se la trate de esta forma, y no se reúnan con sus representantes sindicales para dialogar el calendario de mejoras salariales que proponemos para evitar la fuga de sanitarios y garantizar una sanidad penitenciaria en condiciones de equidad e igualdad con las personas libres", comenta Martínez. Además, de esos 219 médicos que hay trabajando en las prisiones, sólo 177 son fijos, "incluidos subdirectores médicos, que no pasan consulta".
Martínez relata que hay prisiones que están con las plantillas ajustadísimas y esto se notará todavía más durante el verano. Por ejemplo, la cárcel de Picassent, en Valencia, la mayor prisión de España (con cerca de 2.000 reclusos), "tendría que tener 21 médicos pero tiene seis, incluida la subdirectora".
No es la única. "Los centros penitenciarios de Ibiza, Cuenca, Ávila, Soria, Alcázar de San Juan, Alcalá de Guadaira, y Extremera, con unos 900 internos, tienen un sólo médico. Villena, Murcia 1, Teruel, Archidona, Ocaña 2, Huelva, Albacete y Burgos tienen dos médicos. Otros centros como Valdemoro que tiene actualmente 870 internos, unos 5000 tránsitos al año y unos 1500 ingresos al año, tiene 4 médicos y dos a partir de septiembre".
En esencia, "esto supone que durante el verano, en vacaciones, en estos centros habrá numerosos días, tardes y guardias sin médico. Y eso implica, en muchos casos, abandono de programas y consultas, haciéndose cada vez más medicina de Urgencias. Esta sobrecarga laboral produce estrés, ansiedad y una enorme dificultad para desarrollar mi actividad asistencial, con el consiguiente perjuicio para el paciente".
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