Si ayer Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), anunciaba el inicio de una campaña de movilizaciones en la atención primaria, hoy, investido en su papel de portavoz del Área Pública del sindicato, ha hecho extensiva esa campaña a todos los sectores de la Administración pública. El objetivo: obligar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a negociar con los representantes de los trabajadores unas mejoras para los empleados públicos que ahora, a juicio del sindicato, el Gobierno impone unilateralmente.
A tenor de la poca concreción de Muñoz sobre la intensidad y el alcance de la campaña, parece que la protesta tendrá, al menos de momento, unos decibelios tan bajos como la que ayer se anunciaba para llamar la atención sobre la situación de los centros de salud del Sistema Nacional de Salud.
En ésta, la protesta general, sí habrá al menos una primera concentración en la calle, la que reunirá el próximo 10 de noviembre a delegados de CCOO de todas las comunidades frente a las respectivas subdelegaciones de Gobierno, y ante la sede del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en Madrid. A partir de ahí, la campaña irá "in crescendo en función de la respuesta que dé el Gobierno", ha asegurado Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO.
Los delegados sindicales se concentrarán el 10 de noviembre en las 17 comunidades
Y para que la negociación no sea unilateral, el primer paso, según Vicente, es que el Ejecutivo de Sánchez "cumpla íntegramente todos los puntos del segundo acuerdo para la mejora del empleo público firmado en 2018 y, más recientemente, los compromisos firmados el pasado 5 de julio, que incluyen el diseño de un tercer acuerdo plurianual para la mejora de las condiciones laborales".
Según las estimaciones sindicales, desde el inicio de la crisis en 2008, los empleados públicos han perdido entre 11 y 18 puntos de poder adquisitivo, "y hasta ahora, y merced a las negociaciones mantenidas en los últimos años, sólo se han recuperado 4", asegura Muñoz.
Vicente entiende que la vía para enjugar esa diferencia no es la "imposición" de una subida salarial del 0,9% en 2021 o el diseño de un proyecto de Presupuestos para 2022 que contempla una nueva subida para el próximo ejercicio del 2%, "que no avalamos porque, además de haber salido adelante sin el consenso de los sindicatos, se aleja, y mucho, de los objetivos marcados en los dos acuerdos firmados hasta la fecha para la recuperación del poder adquisitivo". Máxime, remacha la secretaria de Acción Sindical de CCOO, "cuando la pandemia ha evidenciado las deficiencias que arrastra la Administración pública española en todos sus sectores".
Puestos a dar pistas de por dónde debería ir el ritmo de recuperación salarial, Muñoz, médico de Familia y de Urgencias hospitalarias, ha aventurado que "a ese 2% que prevé el proyecto presupuestario, habría que añadirle un incremento de en torno al 3% en los próximos 2 años, por limitarnos sólo a ese horizonte, porque el objetivo último, como ya hemos dicho, es pactar un acuerdo plurianual que contemple subidas consensuadas entre las partes a medio plazo".
CCOO pide "de entrada" una subida salarial del 5% en los próximos 2 años
A Muñoz le consta que "hay un amplio margen para la recuperación del salario perdido en los últimos años", pero también es consciente de que "la recuperación no puede producirse de forma abrupta". Y ahí es donde cobra sentido la recuperación escalonada, pero "realista y pactada".
En materia de empleo, CCOO insiste en la "urgente necesidad" de eliminar cualquier limitación a la tasa de reposición para hacer "realmente efectiva y duradera" la reducción de la temporalidad al 8%, que el propio Gobierno se ha comprometido a alcanzar antes de 2024 en todos los sectores de la Administración pública. También aboga por la generalizada implantación de la jornada de 35 horas, "que se han recuperado de forma desigual y sólo en algunos sectores", puntualiza Muñoz, y por el pleno desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), "estancado desde su publicación en 2007 en materias tan vitales como la agilidad de los procesos selectivos, la garantía de las convocatorias periódicas de empleo o la mejora en el acceso a la Función Pública".
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Abordar "la mejora del empleo y el diseño y modernización de las administraciones públicas es una tarea que -según la secretaria de Acción Sindical- no puede esperar. Una administración pública no se improvisa, y las mejoras que requiere la nuestra se tienen que organizar con racionalidad, tiempo y consenso". Para recordarle al Gobierno que no se está haciendo así, CCOO ha convocado ya una primera protesta el próximo miércoles, y no descarta que haya más.
Batería de enmiendas de CSIF
Coincidiendo en el tiempo con el anuncio de CCOO, pero eludiendo de momento hablar de movilizaciones, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), otra de las organizaciones firmantes del pacto por el empleo con el Gobierno, ha presentado hoy a todos los grupos parlamentarios una batería de enmiendas al proyecto de Presupuestos del Ejecutivo central.
El grueso de las medidas de CSIF en materia retributiva y laboral coinciden con las que CCOO ha vuelto a poner hoy sobre la mesa, desde la paulatina recuperación de las retribuciones y el poder adquisitivo hasta la generalización de la jornada de 35 horas, el pleno desarrollo del EBEP o la supresión total de la tasa de reposición en la oferta de empleo público (OPE) para 2022.
CSIF plantea inyectar a primaria en 2022 una partida "no inferior a 1.600 millones de euros"
Así, CSIF propone un incremento retributivo del 3,5% para el año 2022 -idéntico al 2% (recogido en los presupuestos) más el 1,5% que plantea CCOO-, además de "una cláusula de revisión salarial automática vinculada a la tasa interanual del PIB con efectos a 1 de enero de 2022". El sindicato de funcionarios también reivindica la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, "para que se vuelva a percibir el 100% de las retribuciones en la paga extra", y la recuperación paulatina del poder adquisitivo de los empleados públicos, mediante un incremento anual del IPC en 1,5% y el diseño de "un calendario de negociación encaminado a esa recuperación".
En materia sanitaria, CSIF pone sobre la mesa la necesidad de inyectar a la atención primaria en 2022 una partida específica, finalista y "no inferior a 1.600 millones de euros", muy alejada de los 176 millones (poco más del 2% del presupuesto sanitario) que contemplan las cuentas del Gobierno. En su batería de enmiendas a las cuentas estatales, CSIF ha moderado bastante la petición de 4.000 millones de euros para el primer nivel que su responsable de Sanidad, Fernando Hontangas, planteaba hace apenas unos días. En la petición de Hontangas, además de los 1.600 millones que pone ahora CSIF negro sobre blanco, se incluían 2.400 millones para cubrir las necesidades de personal en 2022, fundamentalmente para médicos y enfermeras de Familia.
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