María José Sierra, epidemióloga del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, lo señalaba hace un par de días en un foro de vacunas organizado por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE): "El dato de la incidencia acumulada, con los altos porcentajes de vacunación que tenemos, no se puede interpretar igual que en las primeras olas de la pandemia. Ahora, hay que fijarse en la capacidad que tiene esa incidencia de generar enfermedades graves".
Pues bien, en el mismo foro, investigadores del SARS-CoV-2 como Fernando González, de Fisabio, y Javier Castillo, de la SEE, descartaron que la tan nombrada "inmunidad de rebaño" sea algo posible. "Nadie la ha visto, ni en las residencias de ancianos con todos los residentes vacunados..."
Así pues, si la inmunidad de rebaño no es alcanzable, ni la cifra de incidencia es referente de la evolución de la pandemia... En estos momentos, ¿cuál es el objetivo que persiguen las políticas de salud pública en relación al SARS-CoV-2?
Varios expertos piden a las autoridades sanitarias que den una respuesta clara a esta pregunta, para, a partir de ahí, aplicar las medidas adecuadas y, en cualquier caso, las que impliquen una menor restricción de derechos fundamentales. "No empecemos a matar moscas a cañonazos, si lo podemos hacer con un trapo", resume Íñigo de Miguel Beriain, investigador distinguido de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco/EHU.
"Primero hay que empezar por saber qué esperamos que hagan nuestras políticas de salud pública, porque no es lo mismo que tengamos el objetivo de "covid cero", mantener una tasa de hospitalización baja o ahorrar costes sanitarios. Después de definir el objetivo, hay que ver la proporcionalidad de las medidas, lo que obliga, en primer lugar, a justificar que la medida que se quiere adoptar va a servir para el objetivo que se ha marcado la autoridad sanitaria y que, además, no puede conseguirse con una medida menos restrictiva de derechos", explica el investigador De Miguel.
Restricciones para los no vacunados
Las palabras del doctor en leyes se enmarcan en una semana donde países como Austria, Países Bajos o Alemania han anunciado una vuelta a limitar libertades para controlar la circulación del SARS-CoV-2 con el foco puesto en los antivacunas, un colectivo que en esos países resulta preocupante en número.
"En España no hay grandes grupos antivacunas, el problema es que hay gente que, por lo que sea, no ha ido a vacunarse. Se está haciendo un esfuerzo por facilitar la vacunación", explicaba María José Sierra a este diario, en respuesta a los 3,7 millones de adultos sin vacunar que cifra el Ministerio de Sanidad.
A pesar de las claras diferencias que existen entre el avance el SARS-CoV-2 en España y sus vecinos europeos, el aumento de la incidencia por encima de los cien casos por cada cien mil habitantes en comunidades autónomas como Navarra, Aragón, Baleares o País Vasco ha resucitado viejos fantasmas.
En todo caso, obligar a los adultos no vacunados a hacerlo, además de no encajar en nuestro marco legal, como han recordado varias instancias judiciales durante la pandemia, "no tendría sentido ahora, porque no estamos en una situación de riesgo, cuando, además, no se les obligó a vacunarse hace un año", apunta De Miguel.
Un marco legal limitado
Pero, de acuerdo con nuestro marco legal y sus límites, Salvador Macip, profesor e investigador de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y de la Universidad de Leicester, recuerda que tampoco se podría imponer otras medidas como las que existen, por ejemplo, en Italia donde se obliga a tener el pasaporte covid para poder trabajar.
"Desde el punto de vista legal hay dificultades para limitar ciertos derechos a los no vacunados, pero se podrá pedir el certificado covid para limitar ciertas actividades de ocio. Creo que de aumentar la incidencia, es posible que veamos un aumento de las restricciones en estas actividades", razona Macip.
Sobre el certificado covid, el Tribunal Supremo avaló su uso en una sentencia, donde aclaró que debía cumplirse los requisitos de "idoneidad, necesidad y proporcionalidad" para considera la medida como ajustada a derecho.
Mientras, Jesús Castilla, experto en vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), defiende la necesidad de repensar la situación y para ello pide poner en relación el coronavirus SARS-CoV-2 con otro virus estacionales. "Se están arrastrando unos criterios excesivamente alarmistas en el seguimiento de este coronavirus".
En sintonía con las voces que reclaman unos objetivos claros en relación al SARS-CoV-2, Castilla echa en falta conocer los criterios que nos lleven a concluir que la pandemia, como tal, ha acabado. Desde su puesto de investigador epidemiológico en Navarra, considera que el comportamiento de este virus, su mortalidad, incidencia y gravedad ya "es comparable al que registran otros virus estacionales, como el incitial, y a los que no tratamos como pandemia".
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