El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado mes de noviembre al Anteproyecto de Ley para la Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS, un texto legislativo que modifica diversas normas y que, entre otras cuestiones, blindar cuestiones como la no introducción de nuevos copagos sanitarios o el impulso de la "gestión directa" como fórmula preferente para la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios. Además, recoge explícitamente la colaboración público-privada como una vía hábil para la prestación de servicios. Ahora, tras una análisis detallado de esta propuesta normativa, la Asociación de Economía de la Salud (AES) ha elaborado un documento que incluye una serie de propuestas de mejora.
Este documento se ha elaborado en el marco de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) del que forma parte AES e incluye, como una de sus principales reclamaciones, la necesidad de una evaluación continua de las políticas sanitarias. De hecho, la AES lamenta "la ausencia histórica de una verdadera cultura evaluadora en la Administración española que impide contar con evidencia suficiente y rigurosa sobre cómo han funcionado hasta el momento las distintas fórmulas de gestión sanitaria, ya sean íntegramente públicas o de colaboración público-privada".
Ante esto, AES recalca su propuesta de crear una institución independiente de evaluación de las prestaciones sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario.
Prestación y gestión de servicios
Dentro de su análisis del anteproyecto normativo, uno de los aspectos en los que AES se detiene es en el que establece la gestión pública directa como forma preferente para la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios, dejando como excepcional el recurso a otras formas de gestión. De acuerdo con los expertos de AES, cualquier decisión en este sentido debe dirimirse en el terreno de la evaluación pues “parece equivocado dejar según qué decisiones a las preferencias ideológicas”. Además, el anteproyecto parece ignorar, según AES, el progresivo deterioro del SNS que se evidencia en “la pérdida del porcentaje de financiación pública -ya por debajo del 70%-, el aumento del aseguramiento privado y el olvido del capital humano”. Y es que desde la asociación destacan que el componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia propone invertir en compra de aparatos, pero no lo hace en capital humano.
El documento de AES también hace referencia al hecho de que el anteproyecto afirma que (tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) el recurso excepcional a otras fórmulas de gestión deberá de contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad de acudir a ellas. En cambio, advierte AES que "se omite el precepto simétrico del artículo 294 por el que el rescate de una concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional". AES alerta además de que "la carga de la prueba de la bondad de la fórmula preferida queda manifiestamente desequilibrada".
El texto presentado por los economistas de la salud también pone de manifiesto la falta de cohesión y la quiebra de equidad en el acceso a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) que permite que amplios colectivos de empleados públicos -"entre los que no se cuentan los sanitarios", señalan- tengan derecho a recibir asistencia sanitaria por una aseguradora distinta al conjunto del SNS.
Entre los aspectos positivos del anteproyecto de ley AES destaca la refundación de las tres modalidades existentes (la cartera común, la suplementaria y los servicios accesorios) en una sola cartera común de servicios del SNS, situación que genera ciertas desigualdades entre comunidades autónomas.
En la elaboración de este documento han participado Ricard Meneu (FIISS), José Mª Abellán (UMU), Laura Vallejo (ULPGC) e Ildefonso Hernández (UMH). Anna García-Altés, como vicepresidenta de AES, y Vicente Ortún (UPF) coordinaron el grupo, y, además, José Ramón Repullo (FFOMC) y la Junta Directiva de AES apoyaron e hicieron suyo el documento.
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