Se cumple el primer año de la publicación en el BOE de la histórica Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, un período de tiempo que, pese a su brevedad (la ley entró en vigor tres meses después), ha permitido conocer cuáles han sido sus repercusiones sociales y jurídicas. En relación con las primeras se ha constatado una progresiva normalización social de la nueva prestación sanitaria de ayuda para morir, en un principio llamada a convulsionar la profesión sanitaria y al conjunto de la ciudadanía.
En efecto, la realidad ha transitado por unos senderos menos procelosos pese a las dudas que se siguen suscitando en torno a la aplicación de la Ley, agudizadas por la falta de desarrollo reglamentario. Para superar estas dificultades se ha procedido conforme a lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley, a la aprobación de un Manual de Buenas Prácticas, con el que se ha pretendido dar respuesta a algunas de las consultas más frecuentes entre el colectivo sanitario.
Dudas facultativas
En este sentido cabría destacar las dudas que suscita a los profesionales la interpretación de los conceptos de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" y "enfermedad grave e incurable", los escenarios para la aplicación de los cuidados paliativos y su relación con la nueva prestación sanitaria, las dificultades en salud mental para determinar si un sufrimiento es o no tolerable y, por ende, si tendría o no cabida dentro de la definición de enfermedad grave e incurable, consultas relacionadas con la identificación del "médico responsable" o la regulación de las condiciones para el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios.
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