La vinculación formal de los farmacéuticos con la salud pública se remonta a normativa de principios del siglo XX, cuando se institucionalizó la obligación sanitaria del Estado. La sanidad oficial consistía entonces en una asistencia caritativa junto con funciones de protección de la salud colectiva que correspondían a los sanitarios funcionarios locales seleccionados y pagados por la Administración General del Estado: médicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes.
Con los años, la Ley General de Sanidad y la creación del Sistema Nacional de Salud y el traspaso de las competencias al conjunto de las comunidades autónomas, el cuerpo de médicos, farmacéuticos y veterinarios de la Asistencia Pública Domiciliaria (APD) de la Seguridad Social fue menguando, ya sea a través de las jubilaciones o de la integración voluntaria en diferentes dispositivos asistenciales autonómicos.
Los médicos, farmacéuticos y veterinarios APD llevaban a cabo actividades de saneamiento y control del agua potable (es el caso de los farmacéuticos) y de las aguas residuales, y colaboraban con la Autoridad ante actividades insalubres, molestas, nocivas y/o peligrosas; en la vacunación, y en la vigilancia sanitaria de la seguridad de los alimentos no animales (farmacéuticos) y animales (veterinarios).
Y es que la oficina de farmacia, tanto en el ámbito urbano como en el rural, siempre ha estado, de una manera más o menos formal, al servicio de la salud comunitaria, tal y como demuestran, entre otros ejemplos, las diferentes experiencias en curso de redes de farmacias centinela de Cataluña, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Asturias.
Por todo ello, supone un planteamiento lógico el que hace el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos al reclamar, en alegaciones al proyecto de Real Decreto de Vigilancia de la Salud Pública (el plazo de consulta pública se cerró a principios de marzo), que se cuente con los casi 77.000 farmacéuticos colegiados y las 22.137 farmacias comunitarias abiertas y perfectamente distribuidas por todo el territorio nacional.
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