Hace hoy un año, la excelente e inmensa cartera de servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud se vio ampliada con una nueva prestación: la ayuda médica para morir. Fue el último hito de un camino legislador, de décadas ya de evolución, en favor de la autonomía de los pacientes, frente al ímpetu arrollador del desarrollo científico y técnico que, a ojos de muchos, habría llegado a expropiar el momento del final de la vida mediante una medicalización excesiva. Los enfermos contaban ya, antes de 2021, con leyes que les otorgaban distintos derechos y garantías en la atención médica al final de la vida, pero no es hasta la aprobación de la ayuda médica para morir que muchos han pasado a sentirse completamente dueños de su destino.
Sobra explicar lo especialísimo de la prestación: existe únicamente en un puñado de países y su aprobación precisó de una ley orgánica específica (y de una modificación del Código Penal). El aniversario de la sanción de dicha ley - Ley Orgánica, del 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia (o LORE) -, invita a hacer un balance de lo conseguido hasta la fecha y de lo que queda por desarrollar.
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