La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) en la que exigían 399,6 millones de euros por el retraso en la tramitación de las ayudas aprobados para los perjudicados por este fármaco.
La queja de los recurrentes, 280 socios de Avite, se centraba en el perjuicio o daño sufrido por la falta de diligencia de la Administración en dictar en un plazo razonable las normas reglamentarias y demás actuaciones inherentes que hacen posible percibir las ayudas. En concreto, Avite denunciaba la ausencia de desarrollo reglamentario de la Ley 6 /2018, la falta de terminación del registro de afectados, el no haber efectuado la reclamación a la farmacéutica Grünenthal (comercializadora de la talidomida), así como la inexistencia de regulación de las exenciones fiscales previstas en la Ley 6/2018.
En una sentencia, los magistrados de la Sección Octava rechazan todas las alegaciones de los recurrentes y concluyen que no se puede afirmar que la conducta de la Administración se haya desviado o que haya entorpecido de una manera arbitraria la voluntad del legislador. Señala que la norma no establecía una fecha determinada para la elaboración del Real Decreto y que ya se ha hecho una primera previsión presupuestaria de 20 millones de euros para hacer frente a los primeros pagos en 2022. Recuerda, además, el contexto de pandemia y la declaración del estado de alarma de marzo de 2020 que ha provocado la ralentización general de los trámites en la Administración.
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