Se cumple un año de la aprobación por el legislador español de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) que ya desde su título encierra una de sus no pocas contradicciones: titula lo que luego no nombra, regulando una nueva prestación de “ayuda médica para morir” (AMpM).
AMpM no es un mero eufemismo. Es precisión descriptiva análoga a otras expresiones extendidas en las regulaciones más recientes de estas prácticas en el mundo. En todos los casos (quitando Suiza) se trata de una “práctica médica”. En interacción clínica y deliberativa profesionales y pacientes pueden realizar una prestación si se cumplen una serie de requisitos procedimentales y garantistas en unas circunstancias de sufrimiento intolerable, en ausencia de alternativas aceptables, con notificación y evaluación por instancias colegiadas. El parlamento español añadió una auténtica novedad mundial: control ex ante, contencioso-administrativo, para una prestación médica. Una burocratización, sin precedentes, de un acto médico que, sin embargo, ofrece una potente seguridad jurídica. ¿A prueba de recurso de constitucionalidad? El tiempo lo dirá cuando se resuelvan los dos existentes.
Vamos a cumplir nueve meses de la entrada en vigor de la ley, a los tres meses de su aprobación. En este año, con la proverbial creatividad española y esfuerzo de los profesionales de los sistemas de salud, que habían sido ninguneados por el legislador apresurado, se desarrolló un Manual de Buenas Prácticas, todas las comunidades autónomas, con sus matices, han articulado la ley, desarrollado sus protocolos y las versiones regionales de buenas prácticas, constituido las Comisiones de Garantía y Evaluación así como gestionado los primeros casos, con números muy distintos, no reportados oficialmente. No hay obligación hasta que pase un año. Aviso a navegantes: va a haber una enorme variabilidad cuantitativa entre comunidades autónomas, que habrá que analizar. Pasado el susto para los sistemas de salud, en medio de la pandemia, razonable paz y madurez social, con una primera hornada de casos con frecuencia con apoyo del activismo que promueve estas legislaciones.
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