Castilla-La Mancha tiene pendiente el desarrollo normativo de la atención farmacéutica sociosanitaria que menciona su Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha. Por ello, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha abierto un periodo de información pública de 20 días a contar desde el día siguiente de publicar la resolución de la Secretaría General sobre un borrador de decreto de asistencia farmacéutica en los centros sociosanitarios, el pasado 18 de marzo.
De hecho, el artículo 62 de dicha Ley de Farmacia establece que "reglamentariamente se determinarán los centros sociosanitarios en los que la asistencia sanitaria se deba llevar a cabo mediante servicio de farmacia o depósito de medicamentos".
El presidente del Consejo de COF de Castilla-La Mancha (Cofcam) y presidente del COF de Ciudad Real, Francisco José Izquierdo, explica a este medio que "en líneas generales, lo valoramos positivamente", aunque están revisando el documento pormenorizadamente para ver si tienen que realizar alguna alegación. Y añade que lleva mucho tiempo hablando sobre esto con la Consejería.
Zona farmacéutica y "priorización de la farmacia rural"
Izquierdo resalta que el borrador prioriza la zona farmacéutica, cuando "ahora mismo hay residencias que no son atendidas por la farmacia de la zona farmacéutica".
Textualmente el borrador afirma que "se prioriza la atención farmacéutica desde la oficina de farmacia rural y más específicamente de las zonas farmacéuticas despobladas para contribuir a su sostenibilidad". Y define a qué se refiere con zona farmacéutica despoblada: "zona farmacéutica escasamente poblada o en riesgo de despoblación conforme a las definiciones establecidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha". Por ello, el presidente del Cofcam cree que "evidentemente, esto beneficiará a la farmacia rural. Es lo que hemos pedido".
En este sentido, se asemeja al decreto sociosanitario que Castilla y Léon aprobó en 2019, priorizando las farmacias en Viabilidad Económica Comprometida (VEC).
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