Es más que un auto de inadmisión. La decisión tomada por la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés (Madrid) de inadmitir a trámite la querella interpuesta contra los directores de cuatro residencias de ancianos de la citada localidad madrileña, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dos consejeros de su Gobierno, puede interpretarse como un aviso a navegantes. El auto que sostiene la decisión judicial acuerda que "los hechos relatados en la querella no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal".
La querella fue presentada por once familias el pasado 28 de mayo, "en medio del Estado de Alarma"
Pero, además, en las siete páginas de la resolución judicial, la magistrada ofrece argumentos sólidos para tumbar uno de los intentos más tempranos de usar la vía penal para exigir responsabilidades en el fallecimiento de ancianos en residencias durante la pandemia. La querella fue presentada por once familias el pasado 28 de mayo "en medio del Estado de Alarma" -como recuerda el auto- por la supuesta comisión de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.
Este auto de inadmisión aún no es firme y puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial.
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La magistrada afirma que de los hechos detallados en el auto "no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad", pues lo que hacen es describir "la dolosa situación por la que han atravesado once familias en relación a familiares suyos que han enfermado y en algunos casos fallecido" por la pandemia. Y luego pasa a dar puntuales razones de la inadmisión.
En primer lugar, llama la atención que en una misma querella se enmarcan once casos con "esenciales diferencias entre ellos". Es más, en cuatro de ellos "no se habla ni de sintomatología compatible con dicha patología [Covid-19], ni menos aún de prueba de diagnóstico compatible con la misma". De este modo, la magistrada pone el acento en dos cuestiones determinantes para que puedan prosperar estos casos: las querellas (que podría servir también para demandas) conjuntas deben de recoger casos iguales y no parecido y, otra cuestión más complicada, debe haber una relación de causalidad directa entre el estado que se reclama (enfermedad y muerte) y el virus SARS-CoV-2.
Llama la atención que en una misma querella se enmarcan once casos con "esenciales diferencias entre ellos"
Por oto lado, reprocha que la querella se fundamente en "meras prospecciones de los querellantes", "no conteniendo inicio alguno en que basar sus sospechas de actuación irregular por parte de las residencias". Insiste en que se habla "de hipótesis" a lo largo de la querella y se extraen conclusiones de meras "conjeturas y subjetividades". En definitiva, no queda demostrado esa relación entre la pandemia y lo que se reclama en la querella ni a nivel indiciario, pues de otro modo se hubiera dictado la admisión a trámite.
Protocolos en cuestión
De lo dicho hasta aquí, cabe sospechar las dificultades añadidas que puede tener una reclamación de fallecimiento por Covid, en el ámbito que sea, cuando no se hacían PCR ni autopsias a los decesos en residencias, en muchos de los casos.
Como tercer argumento, la magistrada muestra su extrañeza ante una querella que, a pesar de ir contra los directores de cuatro residencias de Leganés en el contenido de la querella se alude a la actuación de la Comunidad de Madrid y "nada se dice respecto de las residencias" o de "una actuación negligente o culpable", sino que "más bien se las presenta como meras ejecutoras de las directrices" del Gobierno regional.
"Si los protocolos aprobado, decretados y aplicados fueron o no acertados es cuestión ajena a los directores y demás personal de las residencias que se limitaron a cumplir lo que se les ordenaba y a llevar a cabo su trabajo en unas condiciones extremadamente complicadas y difíciles aún a riesgo de sus propias vidas, de la mejor manera posible.Ningún indicio se aporta de lo contrario", recoge el auto.
A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejero, la querella les responsabiliza de una "inadecuada aplicación de protocolos, actuar tardío e insuficiente y decisiones equivocadas que provocaron a su entender el fallecimiento de miles de residentes de geriátricos". Sin embargo, la magistrada recuerda "que estamos hablando de una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de Marzo de 2020 [...] y de la que poco más se ha averiguado en los meses que sucedieron, hasta el día de hoy, como lo demuestra la situación de segunda ola en la que nos encontramos inmersos en estos momentos, con numerosos rebrotes a lo largo de todo el territorio nacional".
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