
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, presentado al Congreso de los Diputados la pasada semana sigue su trámite. Siete partidos políticos (PP, VOX, JxCAT, Coalición Canaria , Foro Asturias, BNG y la CUP) presentaron ayer viernes enmiendas a la totalidad de las cuentas que se debatirán el próximo 11 y 12 de noviembre. Si ninguna de estas enmiendas prospera para rechazar por completo los presupuestos se enviarán hasta el próximo 17 de noviembre enmiendas parciales a su articulado y se irán debatiendo y acordando hasta votar el texto final entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.
Tras las grandes cifras que trascendieron la pasada semana y que, gracias a las ayudas europeas, permitirán dedicar grosso modo mil millones de euros para atención primaria, mil para vacunas contra la covid y 400 para un plan renove de tecnología sanitaria, toca mirar la letra pequeña que trae consigo el proyecto presupuestario.
Y en su articulado esconde en esta ocasión algunas cuestiones que venían generando debate en los últimos años: la forma en la que se financian los Centros y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud y la forma en la que se conforman los grupos de medicamentos para los que se establecen precios de referencia.
Entre las casi 800 páginas del proyecto presupuestario se incluye una Disposición adicional octogésima cuarta que modifica el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, el regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria. La modificación propuesta significa en la práctica salvar del carácter extrapresupuestario que se estableció para el Fondo de Cohesión Sanitaria en 2013 a la financiación de los CSUR, y dotar al Fondo de Cohesión Sanitaria de fondos presupuestarios para su financiación.
La asistencia a pacientes derivados de otras autonomías y a los europeos residentes temporales en España continuará sin embargo, teniendo carácter extrapresupuestario ya que el proyecto de PGE de 2021 establece que “se suspende la aplicación del artículo 2.1.a), b), y d), del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria, y se establece la naturaleza extrapresupuestaria de dichos apartados. Dos. A partir del 1 de enero de 2021, los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre comunidades autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y asegurados desplazados a España en estancia temporal, con derecho a asistencia a cargo de otro Estado [...]l serán objeto de compensación sobre la base de los saldos positivos y negativos resultantes de las liquidaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Esta fórmula es una réplica de lo que figuraba en los presupuestos anteriores desde que en los presupuestos de 2013, elaborados por el PP en 2012, se decidió que el Fondo de Cohesión sanitaria pasara a ser extrapresupuestario y en lugar de tener dotación específica supusiera una liquidación de gastos asumidos y generados por cada autonomía en la atención a esta clase de pacientes.
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Este cambio fue fuertemente criticado por el PSOE que desde entonces ha reclamado que el Fondo de Cohesión Sanitaria dejara de ser extrapresupuestario y se dotara con 100 millones de euros. El cambio introducido ahora en el proyecto presupuestario para 2021 hace desparecer de la lista de los que pasan a ser extrapresupusatarios al apartado c, el que se refiere a “la asistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre autonomías para su atención a centros, servicios y unidades de referencia del SNS”. Así el Fondo de Cohesión Sanitaria figura en el proyecto presupuestario con una dotación de 37 millones de euros.
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