La Comisión Europea estudiará la legalidad de la contratación en España de médicos procedentes de países no europeos sin la especialidad necesaria para afrontar la reciente pandemia de coronavirus, según ha informado el Partido Popular.
La petición fue cursada por la Organización Médica Colegial (OMC) a raíz del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, que entre otras medidas permitía contratar por periodos de tres meses prorrogables hasta un año entero como R1 a extracomunitarios sin el título de especialista homologado. El requisito era que contaran con un informe condicionado a la realización de unas prácticas, un programa de formación complementaria o bien la superación de una prueba teórico-práctica.
Los colegios de médicos consideran que esta medida vulnera la Directiva 2005/36/CE del Parlamento y del Consejo, sobre libre circulación de profesionales sanitarios; la Directiva 93/16/CEE del Consejo, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos; y la Directiva 86/457/CEE del Consejo, relativa a una formación específica en Medicina General.
La OMC defiende que la propia Comisión Europea recomendó en plena pandemia seguir observando estas directivas: "Hay mínimos infranqueables, como es el caso de aquellos que no teniendo todavía un título homologado en la Unión, deben cumplir requisitos mínimos de este espacio europeo y/o se aplican medidas compensatorias para autorizar el ejercicio de la profesión o no pueden ser integrados en ella salvo que, en circunstancias excepcionales y por periodos limitados, puedan ser contratados de forma diferenciada con un status diferente del titulado especialista reconocido oficialmente, por falta de aquellos requisitos básicos.
Asimismo, "el Real Decreto-Ley 29/2020 de 29 de septiembre no se atiene a los requisitos exigidos en nuestro país para el ejercicio de la Medicina de Familia", concretamente al Real Decreto 1753/1998, que regula el acceso extraordinario al título.
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Durante el debate sobre este asunto, la eurodiputada popular Rosa Estaràs ha defendido que este asunto debe seguir estudiándose a nivel europeo y ha lamentado que el real decreto “supone un ataque a nuestro sistema de formación especializada que ha representado lo mejor de nuestro modelo sanitario español. Nos vamos a la contratación de personal sin programa formativo y puede ser una puerta de entrada a la precariedad laboral del sistema público, y además se menosprecia a los MIR que han obtenido plaza”.
Concretamente, la Comisión de Peticiones ha decidido pedir su opinión a la Comisión Europea y a la Comisión de Mercado Interior y de Protección del Consumidor del Parlamento Europeo.
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