Desde 2007, las enfermeras tienen un título universitario idéntico al de los profesionales que conforman el grupo A1. Sin embargo, cuando se incorporan a la Administración Pública se les adjudica el Grupo A2, negándoles así el mismo reconocimiento y, por extensión, con peores salarios.
Para luchar contra la incoherencia de una normativa obsoleta, el Consejo General de Enfermería (CGE) y toda la Organización Colegial (52 colegios provinciales y 17 consejos autonómicos) ha puesto en marcha a nivel nacional la campaña enfermerA1 con el doble objetivo de dar a conocer la situación y pedir al Gobierno el merecido cambio, por formación y responsabilidad, en la clasificación de las enfermeras.
A través de la web www.enfermerA1.com, cualquier ciudadano podrá expresar su apoyo a esta reivindicación y conocer en profundidad el origen de esta discriminación y sus consecuencias en el día a día de 316.000 enfermeras y enfermeros de España. Carteles, vídeos, puestos informativos a pie de calle y una gran campaña informativa en medios y en redes sociales pretenden revertir una situación injusta y anacrónica, al tiempo que todos los responsables de la Organización Colegial de Enfermería van a trasladar a los grupos políticos -a nivel nacional, autonómico y local- el malestar de toda una profesión, pilar fundamental del Estado del Bienestar, del propio sistema sanitario y garante de la asistencia a toda la población en todas las etapas de la vida.
Según José Luis Cobos, vicepresidente de CGE, “hemos trasladado a la Administración central, en concreto al Ministerio de Sanidad, esa demanda histórica del colectivo y, hasta el momento, no habido ni un sí ni un no, pero tampoco una mesa específica de negociación”.
A través de la última iniciativa, Cobos explica "que pedimos no solo a los profesionales sanitarios, sino también a la población en general, que nos ayude a reivindicar este tema”, remarcando que “no es una recogida de firmas formal, pero sí una forma de ver el apoyo de la sociedad y profesional”.
Cobos es consciente de la dificultad de poner en marcha este tipo de cuestiones -sobre todo si tienen aparejadas cuestiones salariales-, y que “no se puede hacer de repente”, recordando que “en España somos más de 300,000 enfermeras, 180.000 de ellas en el sistema público”. Pero sí esperan “sentarse en una mesa de negociación y plantear posibles soluciones para hacerlo”, si es necesario, “de forma paulatina”. En caso de que no exista voluntad o avances, la profesión ya estudiará las opciones de ver “cómo aumentamos la presión” sobre la Administración.
Impacto en la gestión
Desde el Colegio de Enfermería de Valencia (COEV) se recuerda que esa discriminación tiene, entre otras consecuencias, que “mientras que un economista, un abogado, un físico o un psicólogo pueden ser gerentes de un hospital, una enfermera tiene vetado ese puesto, pese a estar preparada para ocupar el cargo, tener competencias en gestión y tener un título universitario absolutamente equiparable a todos grados universitarios”.
Paradójicamente, apuntan, pueden desempeñar esos “puestos de director o gerente, pero sólo en funciones, porque cuando se convoca la plaza se impide a las profesionales de Enfermería ocuparla”. Además, añade Cobos, esa discriminación aún tiene menos sentido si tenemos en cuenta las especialidades enfermeras, -lo cual supone una formación aún más superior a otros colectivos que ahora son A1- y el hecho de que la ley les otorgue una categoría inferior apelando a la “responsabilidad” que tienen.
El vicepresidente del CGE señala que “conociendo el trabajo de las enfermeras y los cuidados que prestan, no se entiende que se apunte el tema de la responsabilidad” dentro del entorno sanitario, sobre todo si comparamos con abogados, periodistas...
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Histórica y compartida
Cobos destaca que esta reivindicación es compartida de forma masiva desde todos los estamentos y ámbitos de la Enfermería. En esta línea, apuntan fuentes de Satse, “llevamos desde hace años reclamando al Gobierno que acabe con la injusta discriminación y desigualdad que sufren las enfermeras y fisioterapeutas respecto a otros profesionales sanitarios y posibilite su clasificación en el Grupo A sin subgrupos (A1 y A2)”.
Seguir en el subgrupo A2, añaden, “conlleva una clara discriminación y desigualdad en aspectos como el acceso a cargos directivos, grupos de investigación o convocatorias de puestos públicos”. A juicio del sindicato, la situación actual es arbitraria e injusta para las enfermeras que, automáticamente y por la vía de los hechos, son directamente adscritas a un subgrupo de clasificación que claramente no les corresponde desde hace 13 años.
Por ello, el sindicato enfermero reclama respeto y dignidad profesional para las enfermeras y pide que se modifique el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para eliminar la vigente división en subgrupos A1 y A2 en el Grupo A, y que todos los titulados universitarios, caso de estos profesionales sanitarios, pertenezcan al Grupo A sin subgrupos.
Ante esta lamentable situación, Satse “seguirá demandado al Gobierno central que propicie el cambio normativo que posibilitará el avance profesional que se merecen las enfermeras y que supone, en definitiva, una mejora del funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto”.
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