Casi un cuarto de siglo después de su creación y tras haber atendido a miles de médicos (6.372, desde que en 2011 se empezó a computar oficialmente), el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) y los colegios de médicos que lo sustentan siguen llorando por las esquinas pidiendo a las comunidades que les ayuden a pagar el programa. A tenor del resultado, los servicios autonómicos de salud no parecen, sin embargo, muy permeables a las lágrimas: 7 de las 17 consejerías siguen sin aportar un euro al programa, ha recordado hoy Mar Sánchez Fernández, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Ciudad Real y miembro de la Comisión Técnica del Paime.
El XI Congreso del Paime, que se clausura hoy en Cádiz, no ha sido una excepción en ese ya casi aquelarre anual en busca de financiación oficial, pero, en cierta forma, el tono de la reivindicación ha cambiado: representantes autonómicos (de las comunidades que colaboran económicamente con el programa, claro), técnicos del Paime y presidentes colegiales han coincidido en que ahora es el momento. Y lo es, ha asegurado Natividad Laín, presidenta del Colegio de Médicos de Toledo y del Consejo Autonómico de Colegios de Castilla-La Mancha, porque el Ministerio de Sanidad está embarcado en la elaboración de un Plan de Salud Mental y "en teoría, muy concienciado con este problema. Pues bien, es el momento de decirle a la ministra [Carolina Darias] que incluya el Paime en ese plan como parte de la cartera de servicios y le dote de una partida presupuestaria específica".
En boca de Roberto Sabrido, jefe de Inspección Sanitaria de Castilla-La Mancha (su comunidad cofinancia el programa autonómico desde 2004), esa "financiación estable, necesaria y homogénea" debería refrendarse con un compromiso institucional, concretamente del órgano que agrupa a ministerio y comunidades: "Urge implicar al Consejo Interterritorial del SNS en la financiación del programa, de forma que todas las comunidades consensuen una partida anual y homogénea, en función de criterios poblaciones o los que se decidan en su momento. Igual que el Interterritorial destina en su programación anual partidas concretas a los distintos programas de salud pública".
Sabrido habla de "cortedad de miras" al referirse a las 7 CCAA que aún no colaboran
Sabrido, que ha hablado de "cortedad de miras" al aludir a las 7 autonomías que aún no colaboran en el programa, cree que esa partida presupuestaria fija evitaría que los colegios "tuvieran que ir mendigando unos recursos que, en definitiva, van destinados a una actividad que redunda en beneficio de las administraciones". Y ha ido incluso más allá al pedir que se integre el Paime en el Plan de Calidad del SNS y "forme parte de sus estrategias y de la cartera de servicios" y se le dote de "la relevancia normativa que merece". Es decir, que su financiación y funcionamiento se publique anualmente en el BOE, como ha venido demandando históricamente Serafín Romero, expresidente de la Organización Médica Colegial (OMC), presente también en la cita de Cádiz.
Romero, que en el marco de este IX Congreso, recibió ayer el Premio Especial como Embajador del Paime, "por sus 20 años dedicados a cuidar al que cuida", ha terciado en el debate sobre cuál es la mejor forma de convencer a las administraciones más reacias a colaborar, y lo ha hecho abogando por una suerte de proselitismo activo: "Hay que recurrir a los evangelistas del Paime [en referencia a los consejeros convencidos de sus bondades, y aquí ha citado a Roberto Sabrido, José María Vergeles y Jesús Aguirre] para convencer a todos sus colegas, incluidos los más reticentes, y luego, con todos ellos, ir al Ministerio de Sanidad para buscar una fórmula financiera estable".
Sabrido fundamenta sus peticiones en un principio que, uno tras otro, han suscrito todos los participantes en un foro de debate centrado en los aspectos económicos del programa: "El Paime es un programa de salud pública vital, y tanto los servicios de prevención de riesgos laborales como los consejeros y gerentes de los centros deben entender que un médico enfermo no es sólo un problema individual del médico, sino también un problema de la organización sanitaria".
En boca de Bartolomé de la Fuente, coordinador del Paime en Andalucía y responsable del programa en el Colegio de Médicos de Córdoba, la misma idea que expresaba Sabrido sonaba más o menos así: "El programa atiende patologías que, a lo mejor, no son cuantitativamente muy importantes, pero sí lo son, y mucho, desde un punto de vista cualitativo. Esto va más allá de un tema meramente individual, profesional o corporativo de los médicos, para convertirse en un verdadero problema de salud pública". Además, ha remachado De la Fuente, "lo que no se financia, no se consolida".
"Los colegios estamos haciendo el trabajo de la administración y lo hacemos mejor"
Porque -Sabrido dixit- "el Paime evita problemas", y lejos de quedarse en el titular, ha enumerado algunos: "Reclamaciones y responsabilidad patrimonial, condenas por negligencia, expedientes disciplinarios por mala praxis, ausencias reiteradas por enfermedad y la consiguiente necesidad de recurrir a sustituciones prolongadas en las plantillas, aumento de las listas de espera... Todo ello conforma un catálogo de problemas de mucha enjundia para las administraciones".
Recogiendo el guante del exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, la presidenta del Colegio de Toledo ha asegurado que "evitar una demanda de responsabilidad civil y el consiguiente pago de la multa derivada de ella costea todo el programa Paime de una comunidad durante todo un año, así que no sé a qué vienen tantas reticencias con la financiación", máxime -ha añadido una muy combativa Laín- cuando "los colegios estamos haciendo el trabajo de las administraciones y lo estamos haciendo mejor. Así que no pedimos dinero porque lo necesitemos, que también, sino porque es de pura justicia".
"¿No firman las administraciones convenios con entidades privadas para que operen y aligerar así sus listas de espera?", se pregunta la presidenta del Colegio de Toledo, "pues bien, de forma análoga, pueden financiar un programa que también sirve para que los colegios hagamos su trabajo".
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Pese a hablar desde la misma comunidad de Sabrido -que financia un 80% del Paime castellanomanchego, hasta un tope de 70.000 euros-, la combatividad de Laín con la cicatería de las administraciones públicas quizás tenga que ver con lo que ella misma ha definido como "un calvario", en referencia a los 9 meses transcurridos desde que expiró el último convenido de colaboración firmado en su comunidad con el Sescam hasta que se renovó, el pasado mes de julio. "Cada renovación supone un ímprobo esfuerzo y un importante volumen de pérdidas económicas para los colegios, que, en los periodos sin convenio, tienen que asumir íntegramente el coste del programa".
Concretamente, durante los últimos nueve meses de orfandad financiera oficial, Laín estima que el colegio ha acumulado unas pérdidas de 34.200 euros, "que ya no vamos a recuperar". De ahí, ha remachado, la importancia de que la financiación, "además de suficiente, sea continua y homogénea".
150.000 euros/año en Andalucía
Por bajar el debate a lo concreto y hacer ver a los consejeros más tacaños que el programa puede ser muy oneroso para los colegios (sobre todo para los más pequeños), pero no tanto para las administraciones, el coordinador del Paime en Andalucía se ha remitido a los datos de esta comunidad en 2020. Ese año, el programa andaluz atendió 202 casos, a un coste de 371,28 euros por caso, y un total de 1.462 revisiones, a 51,29 euros cada revisión. En suma, algo menos de 150.000 euros anuales, de los que la Junta de Andalucía, merced al convenio renovado en 2019, paga exactamente la mitad de los costes derivados del programa: 75.000 euros por cada ejercicio.
Pero, según De la Fuente, no se trata sólo de poner la mano, porque el Paime es confinanciación y, consecuentemente, responsabilidad compartida, "y ahí los colegios deben asumir la suya y destinar una parte de su presupuesto -cada uno en función de sus posibilidades- a garantizar una asistencia especializada, con profesionales bien formados y actualizados, dotación suficiente y adecuada y, por supuesto, garantizando la confidencialidad". En definitiva, añade el coordinador del Paime andaluz, "dilucidar muy bien qué parte de responsabilidad recae sobre quien: administraciones autonómicas, colegios, colegiados y Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial".
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