No va más. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha escenificado hoy en la sede del Ministerio de Sanidad su última tentativa para intentar evitar la huelga médica convocada en toda España para el 27 de octubre y, a partir de ahí, los últimos martes de cada mes.
La tentativa tenía forma de carta expresamente dirigida al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y contenía la última de las múltiples ofertas de diálogo (sin respuesta) que tanto CESM como el Foro de la Profesión Médica han elevado al titular de Sanidad en las últimas semanas. Si el detonante de la convocatoria ha sido la aprobación del Real Decreto Ley 29/2020, la primera exigencia es, claro, su "retirada inmediata" y, a partir de ahí, la elaboración de un calendario de negociación para abordar todos los problemas estructurales.
En Madrid, la misiva iba dirigida a Illa, y la han entregado los representantes de CESM y del Sindicato Médico en la capital (Amyts), pero la petición de diálogo se ha registrado de manera conjunta y simultánea en las 17 comunidades, y dirigida a los presidentes de cada autonomía, porque, como recuerda Tomás Toranzo, presidente de CESM, aquí, el interpelado no es sólo el ministerio.
"El primer requisito para que la huelga se desconvoque es la retirada inmediata del Real Decreto, y esa norma la ha aprobado el Gobierno central, pero ahora son las comunidades las que pueden aplicarlo en sus respectivos territorios, y lo que les pedimos, precisamente, es que no lo hagan. Viendo cómo se están desarrollando las cosas desde que el decreto fue convalidado en el Congreso de los Diputados, da la sensación de que las comunidades están encantadas de que el ministerio les haya dado una coartada para actuar".
A los representantes sindicales les consta que esta última tentativa es casi protocolaria, porque temen que el resultado de su oferta de diálogo tope, de nuevo, con el silencio ministerial y autonómico, "pero es una forma de hacer ver a la opinión pública lo pernicioso que resulta este decreto para la calidad de la asistencia que les estamos prestando. Es una norma que abre la puerta a la contratación de especialistas sin serlo, a homologar títulos que no reúnen los requisitos, a mover forzosamente a los profesionales e, incluso, a permitir que los enfermeros realicen tareas que sólo competen a los médicos, y eso la opinión pública no lo sabe", afirma Toranzo.
La petición de diálogo se ha registrado además ante los presidentes de las 17 CCAA
Dentro de esa labor de explicación del contenido del controvertido decreto se enmarcaba también el acto que horas antes de la entrega de la carta a Illa ha convocado CESM con organizaciones como el Foro de Pacientes, la Plataforma de Pacientes, Sociedad Civil, Amnistía Internacional o el Círculo de la Sanidad.
En la sede ministerial del Paseo del Prado, a Gabriel del Pozo, secretario general de CESM, se han sumado Julián Ezquerra, su homólogo en Madrid, y parte de la junta directiva del sindicato madrileño, que, coincidiendo con las fechas de la convocatoria nacional, ha convocado, además, otra huelga en los hospitales madrileños a partir del 27 de octubre.
A la inexcusable exigencia de que las comunidades no apliquen el decreto ministerial y de que el departamento de Illa lo retire, Amyts suma varias reivindicaciones laborales y organizativas para la atención especializada madrileña.
Entre ellas, Ezquerra ha recordado hoy la "precariedad y escasez" del personal en las urgencias hospitalarias, la "discriminatoria" aplicación de la jornada de 37,5 horas semanales; la "sobrecarga" en las guardias y en la atención a los pacientes Covid, con "descansos insuficientes y mal pagados"; la ausencia de derecho a la movilidad y traslado desde hace 19 años, o las dificultades para la conciliación laboral, "que han alcanzado momentos dramáticos durante estos meses de pandemia".
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