Los profesionales sanitarios se contagian por covid-19 -y los datos oficiales lo avalan con creces-, pero a la Administración para la que trabajan le cuesta -y mucho- reconocer que esos contagios se han producido como consecuencia de su actividad laboral. Así se desprende, al menos, del informe en el que la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) analiza las consecuencias que -de momento- ha tenido la pandemia sobre los trabajadores de los sectores sanitario y sociosanitario.
"Los profesionales sanitarios están teniendo muchas dificultades para que los servicios de prevención de riesgos laborales les proporcionen el informe preceptivo para que la infección por covid-19 sea considerada contingencia laboral. La Administración obviamente no niega la existencia del contagio, pero sí duda de que se haya producido en el ámbito laboral", afirma Gracia Álvarez, secretaria de Sanidad y Sociosanitarios de Dependencia de FeSP-UGT. ¿Y cuál es el argumento de la Administración, según el sindicato? Fácil: Si ya hay equipos de protección individual (EPIs) suficientes, y el trabajador los usa correctamente, no se puede contagiar... al menos, no como consecuencia de su trabajo".
Pero Álvarez arguye que esa ecuación no es tan fácil: "No sé si muchos de los que dicen que ya hay suficientes EPIs han llevado puesto uno de esos equipos durante 12 horas, que es lo que duran muchos turnos de trabajo; y si luego han probado a quitárselo, después de horas de trabajar bajo presión, y del cansancio y el estrés acumulado en esos turnos. En estas condiciones, es hasta normal que los profesionales bajen relativamente la guardia a la hora de ponerse y quitarse los EPIs, siendo precisa, además, la ayuda de otro compañero para hacerlo correctamente, con el consiguiente riesgo no sólo para el que lleva el equipo, sino para quien le está ayudando".
"No sé si los que dicen que hay suficientes EPIs han llevado uno puesto 12 horas"
El problema de fondo, según la representante sindical, no es que haya muchos o pocos EPIs -o que se usen o no adecuadamente-, sino la indefensión jurídica de unos profesionales que tienen que reclamar individualmente el reconocimiento de su enfermedad, pese a que tanto UGT como el resto de los sindicatos llevan meses pidiendo en vano que el contagio por coronavirus se considere enfermedad profesional, en lugar de una contingencia asimilable al accidente de trabajo, "máxime cuando, además, es el propio trabajador el que lidia personalmente con los servicios de prevención laboral para el reconocimiento de esa contingencia", según el sindicato.
Que los centros sanitarios y sociosanitarios son lugares con un elevado riesgo de contraer la enfermedad no lo dice UGT, sino la estadística oficial. Álvarez ha recordado que los datos del propio Ministerio de Sanidad recogen que el número de profesionales sanitarios y sociosanitarios contagiados por la covid (a fecha de 23 octubre) es de 69.744, y que hasta el pasado 11 de mayo (fecha en la que se modificaron los criterios para la recogida de datos de las comunidades) el 24,1% de la población total infectada era personal sanitario y sociosanitario, según las cifras -también oficiales- de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave).
Si al número y duración de las bajas provocadas por la enfermedad en los sectores sanitario y socio-sanitario, se une lo ajustado de las plantillas, su elevada edad media y el "cansancio físico y psicológico" acumulado por los profesionales durante la primera ola, surge un peligroso cóctel que justifica, según Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, "el permanente llamamiento que hemos hecho desde el sindicato para que se diera descanso a los profesionales antes de enfrentarse a una segunda ola, que ya tenemos aquí".
Álvarez recuerda que ante el "preocupante envejecimiento" de los profesionales sanitarios, desde UGT han hecho varias propuestas tendentes a rejuvenecer las plantillas que han caído en saco roto, como la propuesta de jubilación parcial con contrato de relevo.
"Se trataba, en esencia, de permitir que profesionales, fundamentalmente médicos, de 60 ó 65 años pudieran renovar sus contratos de forma parcial, al 20 ó 30% de la jornada, y el resto fuera cubierto por personal más joven, de forma que en el SNS conviviera la experiencia de profesionales muy cualificados, que pueden seguir aportando cosas al sistema, con la energía de profesionales jóvenes. Lamentablemente, aquello quedó en nada", afirma la responsable de Sanidad del sindicato.
Un 'handicap' añadido
El informe de UGT sobre la incidencia de la covid entre los profesionales de ambos sectores se enmarca dentro de una campaña del Sindicato Europeo de Servicios Públicos (EPSU) para concienciar a los ciudadanos europeos sobre la necesidad de evitar el recorte presupuestario que la Unión Europea prevé aplicar al Programa Health4all (Salud para Todos).
Y dentro de esa política de recorte, la secretaria sindical de Salud Laboral y Medio Ambiente ha recordado que España tiene un handicap añadido, porque parte de un nivel presupuestario inferior al que tienen los países de nuestro entorno: "La inversión en sanidad en España ha sido en 2019 de un 6,37%, cuando la media europea está en el 7,2. Y en los servicios sociosanitarios, la inversión no llega al 1%, frente a una media europea en torno al 2%".
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