El impacto de la primera huelga médica nacional que se convoca en España desde 1995 se ha visto muy minimizado por los servicios mínimos fijados por las administraciones autonómicas. En plena segunda ola de la pandemia y con unos servicios del 100% en unidades como Urgencias, Hospitalización, plantas Covid o Radioterapia, y del 75% en la atención primaria de varias comunidades, muchos médicos, obligados a trabajar, han expresado su malestar en las concentraciones que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el sindicato convocante del paro, ha celebrado en hospitales y centros de salud de las 17 autonomías. Concentraciones todas ellas -recuerda CESM- regidas por las obligadas limitaciones de gente y las medidas de seguridad que impone la pandemia.
En Galicia, por ejemplo, el Sindicato Médico (CESM-Galicia) asegura que estuvo debatiendo hasta última hora de ayer sobre la conveniencia de convocar o no las concentraciones de protesta en sus centros sanitarios y, finalmente, se dejó la decisión a criterio de cada centro, pero advirtiendo de que no podían reunir a más de 6 personas, como establecen las medidas de restricción en vigor.
La habitual guerra de cifras entre Administración y sindicatos que preside toda jornada de huelga se ha visto acentuada hoy por la disparidad de criterios entre ambas partes a la hora de contar. Mientras CESM hablaba desde primera hora de la mañana de un seguimiento medio en el Sistema Nacional de Salud (SNS) del 85%, la mayoría de las consejerías autonómicas de Salud rebajan ese dato por debajo del 10%, lo que llevaba a Víctor Pedrera, vicesecretario general de CESM, a hablar de "burda trampa" contable. "Mientras nosotros computamos los servicios mínimos impuestos por las comunidades como seguimiento efectivo de la huelga, las consejerías sacan sus porcentajes sobre la gente que no está sometida a esos mínimos, y que, por ejemplo, en el caso de la primaria de algunas autonomías es sólo del 25%".
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde la huelga nacional ha coincidido con otro paro convocado por el sindicato Amyts en los hospitales de la región, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso cifra en un 7,65% el seguimiento medio en el turno de mañana (8,83% en hospitales y 1,17% en primaria). En el caso de Madrid, los servicios mínimos -que Amyts ya ha dicho que recurrirá en los tribunales- son del 50% en el primer nivel asistencial y del 100% en el Summa 112, en servicios de atención especializada como Urgencias, diálisis, reanimación, UCI, quirófanos, Anatomía Patológica, trasplante de órganos y todas las guardias hospitalarias.
Además de calificarlos de abusivos, el vicesecretario general de CESM asegura que en muchas autonomías los servicios mínimos se han comunicado "con nocturnidad y alevosía", ya que, en algunos casos, se han hecho oficiales "15 ó 20 minutos antes del tiempo tope que tenían para notificarlos [el fin de la jornada laboral del día previo; es decir, ayer]". Para Pedrera, esto supone que "muchos compañeros obligados a hacer servicios mínimos no han podido recibir la notificación de forma correcta y, por ello, han visto sus derechos vulnerados. Sin olvidar lo que eso implica de presión por parte de la Administración para que no se secunde la huelga".
En la Comunidad Valenciana, donde Pedrera es, además, secretario general de CESM-CV, el sindicato había insistido durante todo el día de ayer en que la forma reglamentaria para comunicar los servicios mínimos es "por escrito y con acuse de recibo". De hecho, añade Pedrera, "la Administración ha tenido durante toda la semana pasada tiempo más que de sobra para hacerlo así".
El "decreto de la infamia"
A las puertas del Congreso de los Diputados, lugar elegido para la concentración de Madrid, Gabriel del Pozo, secretario general de CESM, ha hecho lectura de un manifiesto en el que ha señalado directamente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como responsable último de una huelga que, de no mediar una solución, se repetirá de forma indefinida los últimos martes laborales de cada mes.
"Hoy, los médicos tenemos que iniciar una huelga nacional que no se convocaba desde hacía 25 años, porque no vamos a permitir que ni este ni ningún otro Gobierno desmantele la sanidad publica española. Una huelga que no queríamos iniciar, y que este Gobierno ha tenido en su mano evitar. Un Gobierno que ha olvidado que en Democracia se tiene que dialogar y llegar al consenso, no imponer, porque en Medicina los médicos aplicamos lo que funciona, no lo que nos imponen. Y este Gobierno no ha querido ni escuchar", ha leído Del Pozo.
"Este Gobierno ha olvidado que en democracia hay que dialogar", afirma Del Pozo
El representante sindical ha recordado que al generalizado malestar acumulado por los médicos en los últimos años se une la publicación de la norma que ha sido el detonante último del conflicto: el Real Decreto-ley 29/2020, al que Del Pozo se ha referido como el "mayor atentado" que se ha perpetrado a la sanidad pública española a la seguridad de los pacientes y a los derechos de los trabajadores.
El representante sindical -que ha estado respaldado por varios miembros del Foro de la Profesión Médica, entre ellos, Serafín Romero, presidente de la OMC- ha recordado que el objetivo último de la huelga es la "inmediata retirada" del "decreto de la infamia", y el establecimiento de un calendario de negociación para abordar con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas las reivindicaciones estructurales del colectivo médico.
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