El Gobierno tiene ahora la oportunidad de plasmar en reformas legales las peticiones de pacientes, sociedades científicas y partidos políticos, especialmente necesarios en tiempos de pandemia, como no desfinanciar determinados fármacos y eliminar trámites de visado.
En enero de 2020, cuando la covid-19 sonaba a 'chino', más de 10 millones de pacientes firmaban su primer manifiesto contra la desfinanciación de unos medicamentos para la artrosis, sysadoa (symptomatic slow action drugs for osteoarthritis), y se lo hacían llegar al recién nombrado ministro de Sanidad, Salvador Illa. Con él esperaban reunirse en breve, le pedían la creación de un Plan Nacional para la Artrosis y que el paciente estuviera de veras en el centro del sistema de salud. Seis meses después, en junio de 2020, presentaban su segundo manifiesto contra la posible desfinanciación de los sysadoa, que sigue previsto en la atormentada agenda del Gobierno, con un expediente abierto a finales de 2019 y que continúa sin cerrarse.
No es el único colectivo que teme este "vacío terapéutico" (no pueden tomar analgésicos, antinflamatorios no esteroideos y/o derivados de la morfina por sus ya descritos efectos adversos). Sin ir más lejos, esta semana se ha presentado otro manifiesto. Esta vez, por la Federación Española de Diabetes (FEDE), que ha contado con la colaboración de siete sociedades científicas clave en el ámbito de la diabetes, para reclamar la necesidad de que se revisen, de forma urgente, los visados de fármacos indicados para la diabetes y piden que la evidencia científica prime sobre los criterios económicos en su fijación. "Esta traba, que sólo sigue vigente en España a nivel europeo, afecta a más de 250.000 personas y demuestra que se antepone el control del gasto a las consecuencias en resultados en salud", aseguran, refiriéndose a la realidad normativa actual (Real Decreto 618/2007), "que está suponiendo una limitación en el acceso a los medicamentos de las personas con una enfermedad crónica".
En la misma línea, en mayo de 2020, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) urgía a que los anticoagulantes orales de acción directa (ACODS) se financien ahora para determinadas indicaciones durante la covid-19 a cargo de la Seguridad Social [no lo están para el tromboembolismo pulmonar (TEP) o la trombosis venosa profunda (TVP)], ya que ahorrarían más de 20 millones y no precisan ajuste de dosis. Una vez más, se sostenía que "España es el único país de Europa que no los financia, pese a estar recomendados como tratamiento de primera elección en las Guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en colaboración con la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS)".
A su vez, y a raíz de la pandemia, la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan) reclamó en julio al Ministerio de Sanidad eliminar el visado en el acceso a anticoagulantes de acción directa, incluir el autocontrol TAO en la Cartera Básica de Servicios del SNS y la participación de los pacientes a través de una adecuada información. Y lo acompañaba de datos: en España hay un millón de personas anticoaguladas y las cifras aumentan cada año.
Las trabas de los visados
En el manifiesto de esta semana, FEDE subraya que los visados han supuesto ser más una traba que una ayuda, que afecta, de manera directa, a más de 250.000 personas: "En contexto actual de pandemia ya ha supuesto la eliminación temporal de estos visados en muchas comunidades autónomas, lo que ha puesto de manifiesto que su eliminación temporal no significa ningún riesgo para los pacientes. El documento, elaborado por FEDE y apoyado por la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen); la Sociedad Española Médicos Generales y de Familia (SEMG); la Sociedad Española Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), destaca que el actual marco normativo, vigente desde el año 2007, está suponiendo una limitación en el acceso a los medicamentos de las personas con una enfermedad crónica como la diabetes (13,8% de la población adulta).
En este sentido, exponen que, en el origen de estos visados, esta medida favorecía la seguridad del paciente, pero a día de hoy, “carece de fundamento y responde, en algunas ocasiones, a un control del gasto”. Además, el Manifiesto solicita a las autoridades competentes la revisión de los criterios que rigen el establecimiento de los visados para fármacos antidiabéticos, para que en el futuro se ajusten a la evidencia científica y a las recomendaciones de guías clínicas nacionales e internacionales.
Pacientes y clínicos abogan por emplear la receta electrónica y eliminar o reducir los visados
Los clínicos y médicos firmantes del manifiesto resaltan que, en muchos casos, las personas afectadas finalmente no consiguen la aceptación del visado, motivado porque, a pesar de contar con la adecuada prescripción médica, se anteponen los criterios económicos a los clínicos con sus consecuencias en resultados en salud.
Si el objetivo del visado fuera controlar la adecuación de la prescripción a la indicación, destacan que, a día de hoy, los sistemas de receta electrónica ya permiten establecer mecanismos de control y auditorías suficientes para reducir o eliminar la necesidad de los visados. Añaden que esta traba "genera una discriminación así como una inequidad en el acceso, ya que las comunidades autónomas tienen la competencia en su articulación práctica". Aparte, subrayan que la Comisión Europea ya envió una carta de emplazamiento al Gobierno español por considerar injustificadas las condiciones de reembolso por visado de inspección de ciertos medicamentos, tales como tratamientos contra la diabetes, ya que considera que este procedimiento no se basa en criterios objetivos.
FEDE considera que esto debería revisarse de inmediato, sobre todo en un contexto de elevada sobrecarga asistencial, "que probablemente empeorará los próximos meses; el visado supone una traba adicional, especialmente por la dificultad técnica que, en ocasiones, requiere completar adecuadamente el proceso".
Financiaciones contra trombos
En mayo, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) urgía a que los anticoagulantes orales de acción directa (ACODS) se financien ahora, durante la covid-19, a cargo de la Seguridad Social. ¿La razón ? "Estos nuevos anticoagulantes son fármacos seguros para tratar el tromboembolismo pulmonar (TEP) o la trombosis venosa profunda (TVP) que ayudarían a evitar nuevos contagios de covid-19, al no requerir que los pacientes acudan a un centro de salud para ajustar la dosis. Además, de aprobarse su financiación pública, se lograría un ahorro al año de más de 80 millones de euros".
“Pensamos que tras la primera oleada de ingresos por covid-19 que ha afrontado nuestro sistema sanitario, ahora nos vamos a encontrar con una segunda oleada de trombos en las piernas y en los pulmones por la inmovilización, el encamamiento, el confinamiento o enfermedad médica, ya sea la covid-19 u otra que haya provocado una movilidad reducida. Debemos prepararnos y el Ministerio de Sanidad debería aprobar de forma prioritaria la financiación pública de los anticoagulantes orales de acción directa. Urge ahorrar costes al sistema sanitario”, destaca Luis Jara Palomares, neumólogo y coordinador del Área de Circulación Pulmonar de Separ.
Financiar ACODS para tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda evitaría contagios covid-19
La financiación pública de los ACODS o un visado para poder administrarlos en distintas situaciones clínicas es una reclamación que, desde hace años, han elevado a las administraciones públicas diferentes sociedades científicas, entre ellas Separ. Sin embargo, España es hoy el único país de Europa que no financia dichos fármacos, a pesar de que las Guías de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo del embolismo pulmonar agudo desarrolladas por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en colaboración con la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS), de 2019, ya establecen que los nuevos anticoagulantes orales deben ser el tratamiento de primera elección para tratar estos episodios.
“Esta guía europea aprobada recientemente aporta un nivel de evidencia 1A, el máximo nivel de evidencia, para el uso de los ACODS, antes que los antagonistas de la vitamina K”, subraya Jara Palomares.
Ante la covid-19, para evitar contagios y favorecer el aislamiento social, se ha protocolizado que los pacientes diagnosticados de TEP o TVP no realicen tratamiento con antagonistas de la vitamina K, sino con opciones terapéuticas que no precisen control en la sanidad.
Señalan que las opciones terapéuticas para el tromboembolismo existentes en la actualidad son tres:
- Antagonistas de la vitamina K (como Sintrom o Warfarina), que se toman por vía oral, son muy seguros y eficaces, pero cuyo inconveniente es que precisan controles periódicos para ajustar las dosis, en los centros de atención primaria al menos una vez al mes.
- Heparinas de bajo peso molecular que se inyectan por vía subcutánea, que tienen indicaciones concretas, pero no son la elección para la mayoría de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Además, son caras, ya que cuestan aproximadamente 300 € al mes, dependiendo del peso del paciente.
- Anticoagulantes orales de acción directa o ACODS. Estos fármacos (Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran y Edoxaban) llevan varios años en el mercado, están financiados por la Seguridad Social para ciertas indicaciones, pero no tienen financiación pública para la TEP ni la TVP. Los pacientes que optan por esta opción de tratamiento deben pagarlos de su bolsillo y su coste es de unos 85 euros al mes, por lo tanto, un coste cuatro veces menor que las heparinas de bajo peso molecular.
“De las opciones terapéuticas disponibles para tratar el tromboembolismo pulmonar, en esta era covid-19 hay que recurrir a aquellas que no precisen un control en el sistema sanitario, para que el paciente no tenga que acudir a un centro de salud y así se evite su contagio. Una opción son las heparinas de bajo peso molecular, pero su coste aproximado es de 300 euros al mes por paciente. La otra opción terapéutica que tenemos no está financiada por la Seguridad Social: los anticoagulantes orales de acción directa, con un coste mensual de unos 85 euros, que ahora pagan los pacientes de su bolsillo”, explica Jara.
- La desfinanciación de los sysadoas afectaría a más de un millón de pacientes de artrosis sin alternativa terapéutica
- Los visados de medicamentos generan más consultas, retrasan su dispensación y aumentan la burocracia
- Los médicos de primaria piden eliminar el visado para prescribir el anticoagulante directo
Pacientes de artrosis: dos manifiestos en seis meses
Ante los oídos sordos del Ministerio de Sanidad, los pacientes de artrosis difundieron otro manifiesto el pasado mes de junio. En éste se quejaban de cómo "la enfermedad provoca que las tareas del día a día puedan convertirse en un gran obstáculo que afrontar debido a las limitaciones asociadas a la patología y a las comorbilidades que comúnmente se asocian a la artrosis, como las enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, isquemia coronaria), hepáticas, renales, gastrointestinales, entre otras".
Añaden que la desfinanciación de los sysadoas por parte del Ministerio de Sanidad, en estudio por el Gobierno, "atenta contra uno de los colectivos más vulnerables, nuestros mayores, y especialmente a las mujeres, dada su prevalencia, quienes deberán de hacer frente a este gasto con su bolsillo o no ser tratados/as. Por este motivo, pedimos un sistema sanitario de calidad e igualitario que no discrimine por personas, edad ni sexo ni por ninguna razón". De hecho, Josep Vergés, presidente y CEO de la fundación internacional de pacientes con artrosis (OAFI), explica que para muchos pacientes no hay alternativa terapéutica y se quedarán sin su tratamiento. Por ello, incide en la necesidad de que no se desfinancie, especialmente el condrotitín y la combinación con glucosamina.
OAFI resalta que los pacientes de artrosis tienen muchas comorbilidades asociadas, como la hipertensión
En España se calcula que ya hay más de 7 millones de personas con artrosis. Principalmente, afecta a los mayores y a las mujeres. Va asociado a comorbilidades, hasta el punto de que alrededor de un 60% de estos pacientes tiene hipertensión.
La Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI) explica que "estos fármacos, especialmente el sulfato de condroitina y la combinación con la glucosamina, no están cuestionados por temas de eficacia y seguridad pues están aprobados por la propia Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps). Además, existen recientes ensayos clínicos y metaanálisis que corroboran su eficacia y seguridad en el tratamiento de la artrosis".
Este segundo manifiesto publicado en junio se refiere a estudios recientes que recomiendan su uso especialmente en pacientes con artrosis de rodilla y/o manos con comorbilidades asociadas. Así lo confirma el Documento sobre el uso apropiado de los SYSADOAs orales en el paciente artrósico en el ámbito de la atención primaria, informe independiente realizado por OAFI a petición de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, entregado el 18 de septiembre de 2019. Asimismo el 25 de septiembre de 2019 se entregó el mismo informe firmado por los expertos de las principales sociedades médicas españolas por correo electrónico.
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