El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) ha exigido recientemente que la trayectoria profesional de las enfermeras de las clínicas concertadas se bareme igual que en la sanidad pública para optar a la bolsa y las ofertas de empleo. En el caso de la Comunidad Valenciana, a las profesionales de la concertada se les puntúa con 0,10 puntos por mes trabajado, frente a los 0,30 del sector público, y se les limita la antigüedad porque sólo se computa a partir de noviembre 2018.
La “discriminación” de las profesionales de la concertada y la privada en los procesos de selección de personal, ya sea bolsa de empleo u oferta pública de empleo, se trata de una problemática habitual en nuestro país y, según los actores consultados, se debe intentar solventar o, como mínimo, minimizar esta diferenciación. Según comenta, Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España (CGE), “es algo habitual en todas las bolsas de empleo para los servicios de salud públicos: existe una importante diferencia en la puntuación por mes trabajado si es en centros públicos frente a los centros concertados o privados”. Para el presidente del CGE, el “objetivo” de estos baremos es que “los profesionales que llevan más tiempo trabajando en la sanidad pública vayan consiguiendo más puntos y tengan mayor acceso a contratos” en la misma y, por tanto, se “les prima” frente a los de la privada. Y aunque, según el presidente del CGE, “no existen diferencia significativas entre comunidades”, algunas muestran incluso mayor margen que la valenciana. A modo de ejemplo, coinciden Pérez Raya y Mar Rocha, portavoz y adjunta a la Presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem), en la Comunidad de Madrid se otorga un 0,30 por mes trabajado en la pública y solo un 0,05 en la concertada o privada.
Para el presidente del Cecova, Juan José Tirado, “discriminar a las enfermeras en función de si trabajan en la sanidad concertada, pública o privada supone una incuestionable injusticia. Se trata de profesionales que realizan las mismas funciones, con idéntica formación y que ofrecen los cuidados con la misma responsabilidad, capacidad y solvencia”. Junto a esta discriminación, en las bases de la última Oferta Pública de Empleo (OPE), emitida por la Consejería de Sanidad valenciana se exponía que la experiencia laboral de las enfermeras de las clínicas concertadas “sólo podía alcanzar un máximo de 5 puntos por experiencia laboral frente a los 45 puntos que obtenían sus homólogas por trabajar en pública”, incide el presidente del colectivo enfermero. Un límite que supone “una rotunda infracción del principio de igualdad en el acceso a las funciones y empleos públicos, consagrado en el artículo 23/2 de la Constitución Española, creándose una desigualdad arbitraria al ser ajena e incompatible con los principios de méritos y capacidad sin ningún respaldo legal y contrariando la orden 4/2019 que no contempla límite alguno para valorar la trayectoria profesional”. Rocha reafirma que esas grandes diferencias de puntuación contrastan con una competencias profesionales que son “las mismas”, lo cual implica “no valorar adecuadamente la experiencia con la que cuentan”.
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Esas diferencias, en palabras de Rocha y por la propia experiencia valenciana, tienen que ver con la propia configuración y organización de nuestro país: “Cada servicio de salud autonómico utiliza su propio baremo para la selección y acceso al empleo público, ya sea bolsa de empleo u oferta pública de empleo, y siempre ha ha existido una gran variabilidad”, recordando que “hay que tener en cuenta que la articulación de los procesos selectivos y la negociación de estos entre las partes implicadas, Administración y sindicatos, se ha llevado a cabo en cada servicio de salud, de ahí que se hayan producido diferencias en la valoración de los méritos para acceder al empleo público”, comenta. Siendo un solo Sistema Nacional de Salud y dada la alta movilidad de profesionales, en gran parte debida a la alta precariedad laboral que tradicionalmente sufre la profesión enfermera, parece lógico que se busque homogeneizar los criterios, “permitiendo cierta flexibilidad en cada territorio” señala la portavoz y adjunta a la
Presidencia del Codem. De hecho, hubo un proyecto de RD (2016) que finalmente no vio la luz donde se pretendía coordinar los procesos de selección.
Pasos para avanzar para acabar o, como mínimo, minimizar las diferencias
¿Y qué se puede hacer en el escenario actual? Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España (CGE), considera que “las diferencias entre pública y privada podrían no ser tan significativas” y se debe trabajar para “aproximar las puntuaciones”. Yendo más allá, el Cecova muestra su total apoyo y se une a la reivindicación del colectivo enfermero valenciano de las clínicas concertadas de diálisis (y del resto de ámbitos clínicos como diagnóstico por imagen y de oncología) para que a sus trabajadoras/es se les reconozca la trayectoria profesional con una puntuación igual que al resto de personal de la sanidad pública valenciana y sin ningún tipo de limitación temporal a la hora de baremar su experiencia para la bolsa de trabajo y en las ofertas de empleo OPE. En palabras de su presidente, Juan José Tirado, “el tipo de gestión pública o privada en un entorno clínico no altera las funciones de la Enfermería, que siempre siguen siendo iguales”, quien expone que las profesionales “pueden asumir tareas diferentes cuando trabajan en los distintos departamentos hospitalarios o de Atención Primaria, pero sus funciones como enfermeras en todo momento son las mismas, como ocurre con el resto de profesiones”.
Por su parte, Mar Rocha, portavoz y adjunta a la Presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem), considera que “lo principal es que el acceso al empleo sea transparente y que se contrate bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, con estabilidad suficiente para cuidar de todos en las mejores condiciones”, para lo que cual se necesita una bolsa de trabajo que funcione adecuadamente, “sin perversiones”, y la convocatoria de ofertas públicas de empleo periódicas y que no se demoren en el tiempo, “para asegurar la continuidad asistencial a través de plantillas suficientes y estables, reconociendo justamente su trabajo”.
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