Como médico de un centro de salud público de Alicante, mientras prestaba atención sanitaria a un paciente, recibí amenazas por parte de uno de los familiares que acompañaban al enfermo. En concreto, me dijo que si le pasaba algo a su hermano me mataría. Y exhibió un objeto punzante. Finalmente, con la ayuda de otros compañeros, conseguimos reducir a dicho individuo. Acto seguido procedí a interponer denuncia. Me gustaría saber qué responsabilidad podría recaer sobre el referido individuo. A.F.A. (Alicante).
Nos encontramos ante un delito de atentado a los agentes de la autoridad, previsto y regulado en el artículo 550 del Código Penal.
En el presente caso, al ser profesional sanitario del centro de salud integrado en la red sanitaria pública, ostenta en el momento de los hechos y al prestar su servicio público a una entidad pública, la condición de funcionario.
De otro lado, es evidente que el agresor conocía su condición como profesional sanitario y de hecho le amenazó en relación con el desarrollo de sus funciones, de forma que con su agresión verbal y forcejeo posterior alcanza intereses públicos. En concreto, consistentes en la protección de la corrección de la función pública, menoscabando el normal desenvolvimiento de tales funciones y situándose de este modo en posición de sujeto activo del delito de atentado que nos ocupa.
A la vista de todo ello y dependiendo de la prueba que quede acreditada en el juicio, tal y como recoge el artículo 551 del Código Penal, “se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior, siempre que el atentado se cometa: 1) Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos. 2) Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves”. Por tanto, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses al ser un atentado contra la autoridad.
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