En medio del ruido y el cruce de intereses políticos que inevitablemente parecer rodear la gestión de la pandemia, la última polémica desembarca esta tarde en el Consejo Interterritorial. La petición expresa que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho al Gobierno de Pedro Sánchez para que generalice el uso obligatorio de las mascarillas FFP2 -secundada de forma más o menos explícita por otros mandatarios autonómicos- ha convertido a estos equipos de protección respiratoria (EPR) en uno de los puntos del orden del día de la primera reunión sectorial que presidirá la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Más allá de confrontaciones partidistas y apelando sólo a criterios científicos, la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública (Sempsph) cree que en el contexto actual, y al menos de momento, no tiene sentido generalizar el uso obligatorio de las mascarillas autofiltrantes (FFP2, o incluso FFP3), entre otras cosas, porque ya existe una alternativa, las mascarillas quirúrgicas, que garantizan la protección de la población frente al virus, y lo hacen a un precio inferior al de las FFP2 y con los suministros garantizados.
"Bien utilizada, la mascarilla quirúrgica brinda un nivel de protección adecuado. Si en un vagón de metro o en un autobús con 30 o 40 personas, hay 5 viajeros infectados, con o sin síntomas, y llevan correctamente colocada la mascarilla quirúrgica, no hay peligro de contagio para el resto de los viajeros. Desde una perspectiva de salud pública, el objetivo es evitar que los positivos o asintomáticos contagien al resto de la gente, y para ello lo que habría que hacer es universalizar el uso correcto de la mascarilla quirúrgica, e insisto en lo de corrrecto", enfatiza Jesús Molina Cabrillana, secretario general y portavoz de la Sempsph.
Más que sustituir mascarillas, hay que "universalizar el uso correcto de la quirúrgica"
Y precisamente eso, una estrategia global de salud pública, es lo que, según él, debe primar a la hora de tomar decisiones. "A estas alturas de la pandemia, inmersos en la tercera ola y con los contagios disparados de nuevo, es muy reduccionista centrar el debate en propuestas aisladas. Las medidas de protección respiratoria deben ir acompañadas de otras, como la limitación de la movilidad, la restricción al máximo de los contactos sociales o la generalización, hasta donde se pueda, del teletrabajo, y ser muy escrupuloso en el cumplimiento estricto de todas ellas".
Molina Cabrillana recuerda al ministerio y a los consejeros que hoy se reúnen en el Interterritorial que "más que lanzar propuestas aisladas y generar más dudas y desconfianza entre la población a la que estamos pidiendo responsabilidad, hay que aprovechar este órgano para definir medidas consensuadas y dictadas por el criterio científico y, desde luego, garantizar que las que ya están en vigor, incluida el uso obligatorio de la mascarilla, se cumplen de forma generalizada y correcta".
En este punto, la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (Asepal), que engloba a más de 90 firmas dedicadas al diseño y fabricación de equipos de protección individual (EPI), recuerda que todos los EPI -y las FFP2 lo son- "tienen límites en su capacidad de protección". En el caso de las FFP2, la protección sólo está garantizada si la mascarilla autofiltrante cumple con los requisitos exigidos -incluido el marcado CE, preceptivo desde el 1 de enero de 2021-, pero también si se usa correctamente, y eso implica -recuerda Asepal- que "haya una unión hermética entre el adaptador facial y el rostro del usuario".
Fernando Simón llegó a calificar en su día de "mascarillas egoístas" a las FFP2
De forma muy gráfica, Molina Cabrillana, jefe del Servicio de Preventiva del Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, recuerda que la mascarilla quirúrgica protege "de dentro hacia afuera; es decir, protege al resto de la gente si el usuario está infectado, y la FFP2, protege más de fuera hacia dentro. En algunos casos concretos, de personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos, podría estar recomendado el uso de la FFP2, pero insisto en que la quirúrgica está pensada precisamente para evitar la transmisión de microorganismos a los demás y su uso, además de ser muy eficaz, está acreditado desde hace mucho tiempo en el ámbito sanitario".
De hecho, aunque el Ministerio de Sanidad parece ahora más receptivo a la propuesta de generalización de las FFP2, cabe recordar que su cara más visible en la gestión de la pandemia, Fernando Simón, llegó a calificarlas de "mascarillas egoístas", porque protegen más al portador y, "aunque evitan también que otros se infecten, no tanto como las quirúrgicas".
"Drástica" rebaja del precio
A la existencia de una alternativa científicamente eficaz -y ya generalizada- a las FFP2, el portavoz de la Sempsph suma dos inconvenientes más: la limitación de existencias y el elevado precio de las FFP2 (entre 0,93 y 2 euros por unidad) frente a las quirúrgicas (0,62 euros), las únicas que se beneficiaron del IVA superreducido (del 21 al 4%) que aplicó el Gobierno de Sánchez el pasado noviembre y que, en teoría, estará en vigor hasta diciembre de 2021.
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Con respecto al precio, Vicente Matas, representante nacional de Atención Primaria Urbana de la Organización Médica Colegial (OMC), sentencia que "si el Ejecutivo se plantea generalizar su uso, el primer paso es garantizar que hay suficientes mascarillas y rebajar drásticamente su precio, e incluso distribuir unidades de forma gratuita, como hicieron en su día algunas comunidades, como Madrid o Andalucía. Con las quirúrgicas, ya estuvieron meses engañándonos con que la UE no permitía rebajar el IVA de estos productos y, finalmente, acabaron haciéndolo".
El Gobierno de Sánchez revisó a la baja el precio de las mascarillas quirúrgicas desechables hasta 3 veces, pero no ha tocado el de las higiénicas ni el de las FFP2. En abril, fijó un precio máximo para las quirúrgicas de 0,96 euros, que corrigió a la baja (0,72) a principios de noviembre y redujo de nuevo, a finales de ese mismo mes, hasta los 62 céntimos actuales, en medio de las generalizadas críticas de la oposición y los profesionales sanitarios. El Ejecutivo alegaba que, de reducirlo unilateralmente, España podría ser multada por la Comisión Europea, pero otros países, como Italia, Francia y Portugal llevaban ya varios meses con ese IVA superreducido.
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