La lista de vacunados fuera de protocolo crece. La conciencia de haber hecho algo mal, no. "En el caso del exconsejero de Sanidad de Murcia Manuel Villegas, como en el de otros políticos, hay varias estrategias de defensa para justificar su actuación: desde declarar que querían dar ejemplo o que pasaban por ahí y, como tenían un contacto con el personal sanitario y sobraban dosis, pues, se vacunaron", explica Marc Sanjaume, profesor de Ciencia Política en la Universidad Oberta de Cataluña (UOC).
"El político piensa que la ciudadanía no percibe esta actuación como un acto de corrupción"
Las excusas son lícitas, pero la pregunta todavía está sin resolver. ¿Por qué la mayoría no asume que se equivocó? "El político piensa que la ciudadanía no percibe esta actuación como un acto de corrupción, porque no hay, por ejemplo, dinero o alguna posición de poder. Pueden considerar que se trata de algo menor, como una vacuna, y aprovechan el hecho de que haya poca información. Es decir, hay información de que ha llegado la vacuna, pero en una situación de gran desconfianza y desconocimiento general de cómo funciona los protocolos de priorización o qué criterios se han seguido para establecerlos", opina Sanjaume.
Desde la bioética, Montserrat Esquerda, pediatra y directora del Instituto Borja de Bioética-Universitat Ramon Llull, indaga en las razones de esa falta de consciencia de haber actuado mal, a partir del principio de justicia. "La acción reprochable de los que se vacunaron sin formar parte de los grupos prioritarios no es el haber accedido a esa vacuna, sino que se la han quitado a otra persona que tenía una más elevada necesidad de ponérsela. La falta de consciencia sobre la gravedad de ese hecho viene de esta tradición en la que no hemos sabido conjugar el principio bioético de justicia. Siempre nos ha parecido que lo que es de todos es de nadie y todos tenemos derecho sobre ello".
"Siempre nos ha parecido que lo que es de todos es de nadie y todos tenemos derecho sobre ello"
Tanto Esquerda como Sanjaume, lejos de restar importancia a estas actuaciones, que pueden juzgarse más o menos anecdóticas o aisladas dentro de una estrategia de vacunación sin precedentes en España, advierten sobre sus repercusiones en el marco de convivencia democrática.
La democracia se resiente
"Los comportamientos de estos servidores públicos y sus excusas son irresponsables, muy poco éticas y nada, nada buenas para la situación de la política en general, no solo en España. Hay muchas democracias en las que la confianza en los políticos y en el sistema democrático está en una situación muy precaria y estas actuaciones favorecen esa desconfianza", concluye el profesor de Ciencias Políticas de la UOC.
"En aspectos como este nos jugamos nuestra calidad democrática. De hecho, una democracia no es una sociedad más avanzada por el hecho de que tenga unas normas más justas, si no porque haya una conciencia social en la que estas normas hayan cuajado. Me acuerdo de María Zambrano cuando comentaba que democracia es aquella sociedad en la que ser personas no solo es posible, sino que es exigible. Y esa exigibilidad tiene mucho que ver con la ejemplaridad. El hecho de que unos cargos públicos, que tiene que ser ejemplares, hayan realizado una conducta muy inadecuada está dentro de este desarrollo de la cultura democrática", zanja Esquerda.
Así pues, el reproche desde la bioética y desde la ética de lo público está clara. Pero ¿cabe exigir también responsabilidades legales?
Hay intenciones de explorar esta vía. Las fiscalías de Murcia y Castilla y León investigan las vacunaciones irregulares en sendas comunidades autónomas, donde se ha inmunizado a personal fuera de los grupos de priorización fijados en la primera fase de la Estrategia de vacunación, que son, ancianos de residencias, sanitarios de primera línea de exposición al virus, y grandes dependientes. Estas actuaciones responden a las denuncias del grupo socialista, en Murcia, y del sindicato UGT en Castilla y León.
La Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) ha denunciado que la Gerencia del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés ha priorizado la vacunación de, al menos 200 trabajadores, que no están en relación directa con el Covid-19, en detrimento de los profesionales que se encuentran en primera línea en la lucha contra el SARS-CoV-2. En un comunicado, CESM advierte de las responsabilidades judiciales por los contagios de profesionales sanitarios que no hayan recibido esas primeras dosis, siendo personal prioritario.
Sin embargo, como apunta Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, demostrar la relación entre el contagio de un sanitario de primera línea y la vacunación, fuera de protocolo de un responsable político es muy difícil y, por lo tanto, la posibilidad de exigir responsabilidades judiciales a estas actuaciones es compleja. Y es que, la Estrategia de vacunación del ministerio de sanidad, donde se recogen los grupos de priorización en la vacunación, no tiene carácter normativo.
Además, apunta que si bien esa vacunación de responsables políticos, cuando había tanto recelo al fármaco, con encuestas que daban un rechazo mayoritario a la inmunización, podría haber sido juzgado o visto como un comportamiento que daba ejemplo y constataba la seguridad de la vacuna, en estos momentos es una "amenaza a la Estrategia de vacunación dictada por Sanidad, y que se debe defender, aplicar y respaldar". De Montalvo forma parte del grupo técnico que asesora al Ministerio de Sanidad en la elaboración de la Estrategia.
Sin una ley que aplicar
"Para que la Administración sanitaria pueda imponer una sanción, no solo tiene que haber una ley previa (o norma con rango de ley) que así lo prevea, sino que, además, la conducta tiene que venir tipificada. En el derecho sancionador no caben interpretaciones analógicas o extensivas de las conductas infractoras. Y es aquí donde fallaría el sistema. No creo que exista ninguna legislación en la que pueda subsumirse la conducta infractora de saltarse un protocolo de vacunación", señala Josefa Cantero, profesora de Derecho Administrativo y presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).
"No hay consecuencias jurídicas, porque no hay ninguna ley que establezca o formalice el protocolo para la vacunación"
En la misma dirección razonan los catedráticos de Derecho Lorenzo Cotino y Agustí Cerillo. El profesor de Constitucional en Valencia, Cotino, apunta que "en principio, la Estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad no tiene carácter normativo que obligue a los ciudadanos a su cumplimiento". Ahora bien, puntualiza que "la legislación de salud puede llevar a sanciones por incumplimiento de mandatos específicos y de estos acuerdos sí que pueden derivar mandatos específicos. En el caso de servidores públicos, las obligaciones de cumplimiento pueden ser más estrictas y tener consecuencias".
Según el catedrático de Derecho Administrativo de la UCO, Agustí Cerillo, la cuestión es clara: "No hay consecuencias jurídicas, porque no hay ninguna ley que establezca o formalice el protocolo para la vacunación. No se está cumpliendo en sentido estricto una ley, así que no se puede derivar una responsabilidad política o penal por ese hecho. La única manera que puede haber para exigir la responsabilidad pasaría por el plano de la ejemplaridad, que es exigible a cualquiera que ocupe un cargo público o de responsabilidad".
Un número que va engordando
Los vacunados fuera de protocolo han ido apareciendo a luz pública de cientos en cientos. Primero saltó la alarma con la residencia de Casablanca Valdesur, en Valdemoro (Madrid), donde además de vacunar a los ancianos residentes, también se inmunizaron a sus familiares y al cura de la capilla. Luego, se conoció el caso de los médicos jubilados que hacían cola en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid para ponerse la vacuna. Alcaldes y concejales de uno y otro signo político confesaron haberse vacunados. También responsables hospitalarios y sanitarios de distintos niveles. El mapa de inmunizados fuera de protocolo salpica toda España de abajo a arriba y de izquierda a derecha.
El mapa de inmunizados fuera de protocolo salpica toda España de abajo a arriba y de izquierda a derecha
Esta información ha ido apareciendo al tiempo que se conocía que la disponibilidad de vacunas de Pfizer-BioNTech y de AstraZeneca iba a ser menor de la anunciada al principio de la campaña de vacunación. En este contexto, ¿habría que poner la segunda dosis de la vacuna a los que se saltaron la cola en la vacunación?
En la Comunidad de Valencia, no lo van a hacer. Al menos esa es la respuesta que ha dado el presidente de la Generalitat valenciana Ximo Puig. Una respuesta similar es la que ha dado Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla y León, quien aseguró en una comparecencia pública que "aquellos que hayan sido vacunados fuera del grupo que les corresponde recibirán la segunda dosis en su grupo, no antes".
Segundas dosis
La vacuna de Pfizer-BioNTech indica en su prospecto que las dosis deben espaciarse 21 días, aunque expertos inmunólogos coinciden en apuntar que aumentar el tiempo entre las dos dosis de forma razonable, en unos días, no influyen en el objetivo de alcanzar la inmunidad completa. Sin embargo, Fernando García, epidemiólogo y presidente del comité de Ética del Instituto Carlos III, ha advertido, en unas declaraciones recogidas por la agencia EFE, que administrar una sola dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna, lo que se denomina "inmunidad imperfecta", puede favorecer la propagación de mutaciones y que el virus y sus variantes persistan en el tiempo.
En todo caso, la opinión de los expertos en bioética y derecho -no inmunólogos- en este sentido es que se debe vacunar a los que han recibido la primera dosis saltándose la lista de grupos prioritarios. "Creo que habría que ponerles una segunda dosis", responde la presidenta de Sespas. "La vacuna protege individualmente a la persona, pero también a la sociedad (efecto rebaño). Si no lo hacemos se desperdiciaría una valiosa dosis y ello perjudicaría a la sociedad en su conjunto. Ya que no podemos sancionar jurídicamente, por lo menos, que no nos cause un mal mayor. La vacuna tiene un componente también de solidaridad hacia los demás que se vería comprometido, si no les proporcionáramos la segunda dosis".
Cotino opina que "lo de la segunda dosis se está tratando como un tema puramente populista". Asegura que cualquier decisión en este sentido, debe hacerse "solo bajo criterio médico y de disponibilidad".
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