La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado la medida cautelarísima solicitadas por la Comunidad de Madrid y ha acordado suspender, en el ámbito de esta comunidad autónoma, la ejecutividad de las medidas contenidas en la Orden Comunicada de Sanidad de 4 de junio relativo al ocio nocturno.
En un auto, la Sala concede un plazo de tres días a la Administración General del Estado para que presente alegaciones y tramitar la pieza de medidas cautelares.
El Ministerio de Sanidad tiene tres días para presentar alegaciones
El Tribunal considera que, a la vista de la concurrencia de dos intereses públicos en conflicto, uno el que representa la Administración del Estado y otro el que alega la Comunidad Autónoma de Madrid, en este momento ante la eventual suspensión de la Orden Comunicada en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el primero no sufre riesgo apreciable.
“Por el contrario, consideramos que el interés público que alega la Comunidad Autónoma está más necesitado de protección cautelar urgente en este momento procesal”, aseguran los magistrados de la Sección Octava.
Además, señalan que el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes, aconseja que se adopte la medida de suspensión mientras se puede culminar la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares.
“Si no se adoptara ahora la medida cautelarísima, y se esperase a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada de medidas cautelares, el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones. Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública ínsita en la discusión que nos ocupa”, apunta la Audiencia.
En todo caso, agrega, nos parece que la seguridad jurídica, en este caso, “concentra un interés público especialmente intenso, de tal suerte que su protección momentánea revela un interés cualificado, que denota la urgencia y necesidad de la medida cautelarísima y la justifica”.
Una respuesta en horas
De este modo, la Sala Contenciosa-administrativa de la Audiencia Nacional responde a la solicitud presentada por la Comunidad de Madrid que desde el primer momento se manifestó en contra del acuerdo aprobado en el Consejo Interterritorial por mayoría de las comunidades autónomas. Si bien Galicia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Madrid votaron en contra de este acuerdo que establece un semáforo para la apertura del ocio y la hostelería de acuerdo con el nivel de riesgo de cada comunidad, que valora la incidencia y otros factores como la ocupación de UCI, etcétera. Mientras Castilla y León y Melilla se abstuvieron y País Vasco ni votó.
Otras reacciones
Tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha respondido sobre las alternativas que bajara Sanidad: "El Ministerio busca consenso y trata de evitar la judicialización del proceso; sería una pena que vaya a depender de las autoridades judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes".
También este lunes, Galicia ha avanzado que presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias" en caso de que el Gobierno no modifique la normativa sobre horarios en la hostelería.
Aunque el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado que "la redacción última del BOE mejorara respecto a la orden redactada por Sanidad y "ya no sea obligatorio para las comunidades seguir los parámetros epidemiológicos que señalaba como obligatorios la resolución inicial".
Mientras, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado que el Gobierno andaluz "tendrá que acudir a los tribunales" si desde el Ejecutivo central se "quiere imponer" el acuerdo del Consejo Interterritorial sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la Covid-19, que incluye restricciones para el ocio nocturno y la hostelería. Así lo ha anunciado durante su intervención en un programa organizado por la Cadena Ser.
Juan Marín ha querido dejar claro que desde la Junta de Andalucía "no vamos a acatar" ni están "dispuestos a asumir esas decisiones, porque no han sido consensuadas y es una imposición" que se realiza unas semanas después del levantamiento del estado de alarma decretado por el Gobierno ante la pandemia, además de que con ellas "están invadiendo nuestras competencias en base a la Constitución y al Estatuto de Autonomía".
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