Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que no hay ninguna novedad al respecto. Sin embargo, aumenta el número de comunidades autónomas que de manera pública solicitan llevar al Consejo Interterritorial que se elimine la obligación de usar mascarilla en el exterior. ¿Estará en el orden del día de la reunión de este miércoles, del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas?
Este lunes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reiteró que pedirá la relajación del uso obligatorio de la mascarilla al aire libre "en el primer momento en el que haya oportunidad" en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
"En el primer momento en el que tengamos oportunidad lo vamos a plantear", ha garantizado en rueda de prensa antes de una comida con empresarios. Es más, Puig ha recordado que él ya dijo "hace tiempo" que hay constancia científica de que tanto en las playas como en los espacios naturales "no hay ningún condicionante que haga necesario el uso de la mascarilla".
También hoy, el consejero de Salud catalán, Josep Maria Argimon, se ha manifestado partidario de retirar la mascarilla en espacios abiertos y en determinadas condiciones, como serían andar solo, con convivientes o con un grupo reducido de vacunados.
En una rueda de prensa en el Hospital del Mar de Barcelona para presentar el proyecto de ampliación de este centro, Argimon ha recordado que Cataluña fue la primera comunidad en introducir la obligatoriedad de la mascarilla, pero que en estos momentos esta cuestión está regulada por el Estado.
En la misma línea, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha planteado que a lo largo del mes de julio se podría permitir estar sin mascarilla en exteriores, siempre que se cumplan las previsiones del proceso de vacunación frente al Covid-19.
"Todos estamos deseando quitarnos la mascarilla en exteriores y se ha demostrado que el exterior es un ambiente más seguro. Podríamos apostar por julio, pero tiene que ver con cómo avanzamos con la vacunación y cómo van las incidencias", ha afirmado, en una entrevista en Radio Euskadi.
Además, Chivite ha precisado que la regulación del uso de la mascarilla depende de una ley estatal y "sería el Gobierno de España" el que debería aprobar la decisión correspondiente. "Si siguen así las previsiones de vacunación, podría ser en el mes de julio", ha señalado, apuntando a que sería conveniente que se abordara esta cuestión en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde están representadas todas las Comunidades Autónomas.
En definitiva, corresponde al Gobierno central elaborar una norma de ámbito estatal que permita olvidarnos de la mascarilla en espacios abiertos. Sin embargo, los tiempos de tramitación de una norma de estas características hacen dudar de si estaría lista en verano.
Para empezar, la ley que marca su uso obligatorio no deja mucho margen a las excepciones, más allá de las ya consideradas. Desde Sespas (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria), su presidenta, Josefa Cantero, explica que "el artículo 6 está formulado de una forma completamente expeditiva. Tal vez hubiera sido más sensato utilizar otra técnica jurídica y haber permitido que el Gobierno, en atención a la evolución de la pandemia y a la progresión del porcentaje de personas vacunadas, pudiera flexibilizar la obligación del uso de las mascarillas, pero la dicción literal del precepto no deja lugar a dudas".
Así, el marco normativo al que alude la profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha reza que "las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos: en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público [entre otros]". Desde el Ministerio de Carolina Darias ya se intentó corregir la norma marcando una serie de excepciones con las que ya contaban las autonomías.
La vía más rápida
Dado que el Real Decreto es una norma reglamentaria del Gobierno que puede desarrollar los preceptos de la ley, "pero no puede modificarlos y requiere la tramitación de un riguroso procedimiento. No nos serviría", explica Cantero. Al tiempo, explica que "la tramitación ordinaria de una ley requiere también una importante inversión de tiempo y ser aprobada en las cortes. Lo más inmediato y fácil es un Real Decreto Ley, que puede ser aprobado por el Gobierno y ser posteriormente convalidado en el Congreso, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación".
Por lo que luego, continúa Cantero "la Cámara Baja puede después convalidarlo, derogarlo o decidir tramitarlo como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Es una norma que dicta el Gobierno, pero que tiene rango de ley. Tendría que justificar que estamos ante una situación extraordinaria y urgente necesidad". Requisitos que de sobra cumple la situación actual.
Juan Martínez, experto en Salud Pública, apunta también a esta fórmula: "La reforma de una Ley se puede hacer mediante un RDL o mediante otra ley cualquiera tipo omnibus, que incorpore la modificación". Y recuerda que "después de los incontables desencuentros y tropiezos, más vale que este aspecto esté hablado y consensuado", en clara referencia a que no basta con los grupos de trabajo a los que tanto Darias como el epidemiólogo de Sanidad, Fernando Simón se han referido en más de una ocasión. Quizás fuera necesario un consenso en el Consejo Interterritorial, donde las autonomías puedan expresar sus dudas y necesidades.
Cómo debería ser la nueva ley
Al hilo de esto, Cantero subraya que "lo razonable es que se redacte en unos términos menos estrictos y que dejen mayores márgenes de decisión al Gobierno y a las autoridades sanitarias para que se puedan adoptar decisiones particularizadas, atendiendo a la concreta situación de cada territorio y teniendo en cuenta, entre otros criterios sanitarios, el de la tasa de vacunación".
Decidir cómo y qué debe contener la nueva norma debe estudiarse bien, para evitar una nueva enmienda. Cantero explica que la actual, aunque insistan muchas autonomías no deja margen para relajar la medida como han hecho en otros lugares, como en Bruselas, Israel o Estados Unidos. "Aunque en Derecho todo es interpretable, las excepciones expresamente previstas en este precepto tampoco permitirían un margen mayor de interpretación ni consentirían que una Comunidad Autónoma, de forma unilateral, pudiera decidir levantar esta obligación. Lo que sí podría hacer el Gobierno es modificar este precepto para flexibilizarlo en función de las circunstancias sanitarias que concurran en cada territorio. Esto podría hacerlo de forma urgente, a través de un Real Decreto Ley, justificando que concurren razones extraordinarias, de necesidad y urgencia que así lo aconsejan.
Porque como recuerda Martínez, todavía hay que mantener la mascarilla como barrera contra el covid. "Debe ser obligatoria en cualquier espacio interior y también en la calle, cuando no se pueda garantizar una distancia de dos metros entre personas no convivientes. Esto es difícil de medir y asegurar, de hecho, puede ser imposible de controlar, pero a día de hoy obligar en todo momento en la calle a utilizarla resulta desproporcionado". Así, Martínez establece cuándo podemos empezar a obviar su uso: "La mascarilla cuando estamos solos o con nuestro núcleo familiar, al aire libre, sin establecer contacto con otros grupos, no es necesaria"
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