La Comunidad de Madrid y el País Vasco han anunciado abiertamente que no aplicarán las medidas del plan de desescalada aprobado ayer miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud por considerar que no tienen rango legal para ser obligatorio en las autonomías y tratarse de una imposición injustificada y una invasión de competencias.
Así lo ha dicho tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso como el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, en un plante contra la hoja de ruta ministerial que ha contado también con el voto en contra de Andalucía, Murcia, Galicia y Cataluña y la abstención de Castilla y León, pero que ha salido aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud por mayoría.
El documento de la discordia establece limitaciones al ocio nocturno y fuerza al cumplimiento de la estrategia de vacunación a través de una Declaración de Actuaciones Coordinadas que el Gobierno considera que puede aprobarse por mayoría (en lugar de por unanimidad) en el Consejo Interterritorial de Salud y que es de obligado cumplimiento por parte de las autonomías, en virtud del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS.
Sin embargo, varias autonomías, encabezadas por Madrid y País Vasco, defienden que esta clase de documentos de actuaciones coordinadas carecen de rango legal y no pueden ser de obligado cumplimiento por las autonomías salvo que haya habido unanimidad en la adopción de la medida, además de invadir competencias autonómicas, razón por la que el País Vasco se negó incluso a participar en la votación en el Interterritorial.
Según la presidenta madrileña Madrid no se estaría rebelando contra el Gobierno central: “No estamos en rebeldía porque no estamos obligados a cumplir una norma que no parte de un organismo con capacidad para hacer ley algo que no lo es. No ha habido unanimidad y por tanto no se está obligado a cumplir algo que a nuestro juicio es absolutamente insensato y perjudicial [...] Se trata de una imposición política que no es sanitaria y sí arbitraria”.
Díaz Ayuso ha insistido además en que “las autonomías que estamos en contra de esta norma que viene tarde y que no se basa en ningún informe sanitario representamos juntas a 30 millones de españoles” y se ha preguntado retóricamente qué clase de unidad es esa al intentar imponer una norma: “Eso se hace en un parlamento”, ha sentenciado la presidenta madrileña.
Fue precisamente esta misma fórmula de aprobación, en el Consejo Interterritorial por mayoría y a través de acciones coordinadas, la que desató ya en su momento el conflicto judicial y político entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid sobre el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid en y los municipios de más de 100.000 habitantes durante la segunda ola y en el puente de San José.
Camino de los tribunales
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, sin embargo, ha descartado de momento acudir a los tribunales para imponer el cumplimiento del nuevo semáforo y medidas de desescalada aprobadas, que deben aún ser publicadas en el BOE para entrar en vigor, "la judicialización es el último paso en la política", ha dicho Darias en una entrevista radiofónica sobre esta cuestión mientras el ministro de Administraciones Públicas, Iceta insistía en que las medidas adoptadas tienen carácter obligatorio para todas las autonomías.
El lehendakari vasco, que también se ha plantado contra la nueva Declaración de Acciones Coordinadas ha criticado que no se prorrogara el estado de alarma tal y como reclamó en su momento al Gobierno central y se optara desde Moncloa por invitar a las autonomías a acudir al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal Supremo para ratificar las medidas de limitación “y veinte días después nos venga con este tipo de decisiones sin consenso y con imposición”.
Castilla y León, que se abstuvo en la votación, ha advertido ahora que si se publican las actuaciones coordinadas en el BOE las recurrirá ante los tribunales y solicitará medidas cautelares para que no se apliquen.
El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha apuntado también la idea de recurrir el acuerdo si llega a publicarse en el BOE "en los conceptos que determinen sus servicios jurídicos", porque no respeta el principio básico de tomarse por consenso y no por mayoría en el Consejo Interterritorial de Salud.
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Limitaciones al ocio nocturno y la hostelería
Las medidas aprobadas por el Consejo Interterritorial en la tarde del miércoles incluían, tras las modificaciones de última hora, la opción de abrir las discotecas hasta las 3 de la mañana en el nivel de riesgo más bajo (nivel 1) y con un aforo máximo del 50% y un límite de 6 personas por mesa en el interior y 10 en el exterior. En el nivel 2 de riesgo se dejaba en manos de la autonomía la valoración de la apertura o no de las discotecas y en los niveles 3 y cuatro se prohíba.
Respecto a la hostelería, se establecía un máximo de un 60% de aforo para la nueva normalidad, permitiendo ocupar todas las mesas en terrazas con distancia de 1,5 metros, el consumo en barra y estableciendo un máximo de 6 personas en interior y 10 en exterior.
Además de la regulación de la hostelería, el ocio nocturno y los eventos multitudinarios, la controvertida Declaración de Actuaciones Coordinadas, llamada a ser la hoja de ruta de la nueva normalidad, incluía un apartado específico de vacunación para garantizar la obligación de las autonomías de cumplir con la estrategia de vacunación, en plena polémica por la decisión de varias autonomías encabezadas por Madrid de ofrecer AstraZeneca, y no Pfizer como pide el Gobierno central, como segunda dosis a los menores de 60 vacunados inicialmente con AstraZeneca.
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