Desde hace años, los programas de cribado universal para detectar en la población reclusa la presencia de VIH, hepatitis B y C y sífilis -más recientemente, se ha añadido el de la tuberculosis- han conseguido un exitoso control de estas enfermedades infecciosas en todos los centros penitenciarios, tanto los que dependen del Ministerio del Interior como de las comunidades autónomas.
El caso del control de la hepatitis C es ilustrativo de ese gran acierto; "ha sido probablemente una de las campañas sanitarias de mayor éxito en las prisiones”, apunta José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Pero a renglón seguido advierte: “Hoy no hay suficiente personal -médicos y enfermeras- para llevar a cabo ese screening en todos los centros. El cribado se mantendrán en el papel, pero en la práctica el momento de precariedad que vive la Sanidad Penitenciaria, en concreto, en aquellos centros que dependen del Ministerio de Interior, lo hará cada vez más difícil de cumplir”.
La advertencia de esta sociedad científica es difícil de rebatir habida cuenta de la cada vez mayor escasez de profesionales sanitarios en las cárceles. Ni siquiera se cubren las plazas de oposición, debido en gran parte a los inexistentes incentivos para trabajar en este entorno. El año pasado se ofrecieron 40 plazas de médico de prisión para 7 personas. No es necesario añadir mucho más.
Una Ley en suspenso
Para entender ese desajuste hay que remontarse a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La norma establece la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a las autonomías, pero a día de hoy solo los sistemas de salud de Cataluña, País Vasco y desde el pasado mayo también el de Navarra han asumido estas competencias.
"La misma atención que se ofrece en un centro de salud debería reproducirse en los centros penitenciarios, como marca esta Ley”, aduce Antón Basanta. "Sin más recursos, empezando por los humanos, será imposible alcanzar esa calidad asistencial, cuando además el médico de prisión debe asumir otras parcelas no asistenciales, como peritajes e informes judiciales".
Este especialista del Centro Penitenciario de Granada, en Albolote, argumenta que "como estamos viendo, sin el paso previo de que las comunidades asuman la sanidad penitenciaria no hay posibilidad de mejora para los profesionales. Los compañeros del País Vasco y de Cataluña, además de una mejor retribución, "tienen carrera profesional, pueden investigar, sin ir más lejos". En cambio, el Ministerio del Interior "ha coartado esa posibilidad", algo que se acaba de reflejar en el reciente XIII Congreso Nacional de la SESP: el 50% de las comunicaciones científicas procedían de Cataluña y el 30% del País Vasco. El resto de comunidades se han repartido el 20% restante.
Todos estos incentivos a los que alude el presidente de la SESP contribuyen a hacer atractivo el trabajo en un sitio que "puede resultar muy gratificante para el profesional sanitario. Trabajar en una prisión da alegrías al médico: permite ayudar a mucha gente y tener un impacto en la salud pública”.
Buen ejemplo de ese impacto en la salud pública ha sido el control de la hepatitis C, como se ha puesto de relieve en algunas de sesiones del congreso de la SESP. Los nuevos tratamientos y el esfuerzo de los profesionales han hecho posible una historia de “microeliminación” en esta enfermedad vírica. “Ahora la tasa de prevalencia de la hepatitis C se establece en menos del 1% en la población reclusa, en general; sabemos que en los centros catalanes esa tasa se encuentra en un 0,3%”.
La lucha de nuestra sociedad contra la hepatitis (B y C), al igual que contra el VIH y la tuberculosis, se ha librado y se está librando de forma estratégica en los centros penitenciarios.
“En España es impensable referirnos a la eliminación de la hepatitis C sin contar con las prisiones. Eso es una quimera”.
El precio de dar la espalda a las cárceles
El facultativo apunta que los casi nulos efectos secundarios y la gran eficacia de los tratamientos orales de la hepatitis C aseguran una adherencia elevada entre los pacientes. “Hay regímenes curativos con tres pastillas durante ocho semanas o con una pastilla durante doce semanas”. No obstante, hay datos que a nivel global se desconocen, como aspectos relacionados con las reinfecciones, por ejemplo. “Sería de gran ayuda conocerlos, pero las trabas que tenemos para investigar nos lo impiden”.
La denuncia de este profesional -que atiende a esta entrevista tras haber orquestado, junto a sus compañeros, la vacunación contra la covid de más de mil internos en un día- está salpicada de comentarios que traslucen una vocación en peligro de extinguirse. “Para la población penitenciaria, la entrada en prisión es una oportunidad de tomar contacto con la sanidad. Muchas de estas personas pertenecen a colectivos marginales y desfavorecidos, que han tenido muy pocos recursos a lo largo de su vida. Aquí se les abre la puerta a mejorar su salud. Sin embargo, en las circunstancias actuales nos está costando ofrecer esa asistencia con una calidad mínima”, afirma. Por si eso no bastara, “el impacto en su salud también beneficia a toda la sociedad; sin ir más lejos, pensemos en la reducción de trasplantes hepáticos que se ha alcanzado gracias al control de la hepatitis C”.
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