El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de la ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública, que impide establecer nuevos copagos y considera la "gestión directa" como la forma prioritaria para la prestación de servicios, aunque no elimina las colaboraciones público-privadas, motivo por el cual no cuenta con el apoyo de Podemos.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de una norma "de todo el Gobierno", que responde -ha dicho- al pacto de investidura y que cumple con el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos; una norma que en su opinión es "tremendamente importante", porque "mejora y amplía derechos de ciudadanía".
"Lo que hace es afianzar y apostar por la gestión directa en la prestación de los servicios", ha dicho la titular de Sanidad sobre un anteproyecto que, ha explicado, exigirá argumentar y justificar por qué se recurre a "otras fórmulas de gestión" en el caso de que los servicios no se presten de forma directa en los centros públicos.
Para la ministra, el nuevo escenario será un avance, un progreso y una mejora. Por eso ha rechazado que sus socios hablen de "líneas rojas" ante una norma que "nace hoy" y que por tanto se ha visto en "primera vuelta" en el Consejo de Ministros.
Podemos pide que se rectifique
En este se sienta Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya formación política (Podemos) ha expresado el deseo de que sus socios del PSOE rectifiquen y que en el trámite parlamentario acepten sus enmiendas para revertir posibles privatizaciones en la sanidad pública.
"Privatizar la sanidad pública malvendiéndola a buitres ahora se dice en neolengua colaboración público-privada, que queda más cuqui", ha lamentado este lunes el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a través de las redes sociales, unas críticas a las que la ministra socialista ha evitado responder.
"Consolida y blinda que no se puedan repetir situaciones del pasado", ha defendido Darias en referencia a los copagos sanitarios que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy y que aumentaba la proporción que pagaban los ciudadanos en medicamentos, trayectos en ambulancias o productos ortopédicos. "Los más vulnerables en muchos casos tenían que optar entre ir al supermercado o ir a la farmacia", ha incidido.
Por otro lado, la ministra de Sanidad ha recordado que en 2018 el Gobierno del presidente Pedro Sánchez devolvió la protección sanitaria a todos los colectivos que estaban excluidos, entre ellos los inmigrantes, pero, ha lamentado, "no existe una aplicación homogénea en todo el territorio nacional" que tendrá que concretarse cuando se apruebe esta norma.
Además, Darias se ha referido a las "lecciones de la pandemia" en materia sanitaria: "Destacaría la importancia de los Estados para hacer frente a desafíos globales que requieren respuestas globales; de ahí la importancia y el valor de lo público".
Del contenido del anteproyecto, Darias ha señalado que consta de una exposición de motivos, siete artículos, una disposición adicional de dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria.
¿Qué normas modifica?
Las leyes que serán modificadas serán la Ley 14/86 General de Sanidad, la Ley 56/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto Ley 16/2012 para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, entre otras normas.
La ley pretende, ha dicho Darias, establecer medidas que consoliden la equidad, la cohesión y la universalidad en el Sistema de Salud Pública y minimizar las desigualdades.
Desde la Fundación IDIS
Una de las primeras reacciones a la aprobación de este anteproyecto de Ley ha sido la del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada de España, quien ha valorado que se mantenga la colaboración con el sector sanitario privado.
En un comunicado, la Fundación IDIS ha lamentado que Unidas Podemos haya vetado la ley por este aspecto y ha subrayado que "no aceptar el papel de la sanidad privada es dar la espalda a la realidad, ya que este sector lleva a cabo una actividad asistencial muy significativa -al descargar notablemente tanto la presión financiera como la demanda asistencial y las listas de espera asociadas- y es propietario de casi el 40% de los recursos sanitarios del país".
Junto a esto, ha añadido: "El sector sanitario privado dispone de una dotación de 441 hospitales en España, lo que representa el 56% del total de centros hospitalarios de nuestro país, con 50.960 camas (el 32% del total de las existentes)".
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