Hace un año, el 24 de octubre de 2019, el Parlamento catalán aprobó por unanimidad una moción, la 122/XII, para se garantizase, por parte de la Generalitat, el acceso a tratamientos sanitarios y sociales en salud mental a los pacientes y sus familias e implementar un Plan de Prevención del Suicidio en la comunidad autónoma.
Según el reglamento de esa cámara legislativa autonómica, el Gobierno de la Generalitat tenía cuatro meses para presentar un informe de cumplimiento de lo que había aprobado el Parlamento en un pleno, pero el Ejecutivo, entonces presidido por Quim Torra, no lo presentó, por lo que no dio cuenta formalmente de si había hecho o no lo que se aprobó por unanimidad, según ha explicado a este periódico el grupo Ciudadanos, que fue el que propuso en su día la citada moción.
Blanca Victoria Navarro, diputada de este grupo, que es el mayoritario en el Parlamento catalán, solicitó, de acuerdo con lo que establece el artículo 162.4 del Reglamento de la cámara, el criterio de la Comisión de Salud sobre el cumplimiento de la moción 122/XII, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña 451, el día 28 de octubre de 2019; en concreto, sobre la causa “del retraso injustificado a la hora de emitir un informe de complimiento, absolutamente necesario teniendo en cuenta la trascendencia de la materia”.
La comisión, reunida en vía telemática, con los votos a favor de JxCat y ERC concluyó, para sorpresa de la oposición (estaban representados todos los grupos excepto el PP, por problemas técnicos), que la moción, en lo que respecta al informe, ya estaba cumplida; algo que, a juicio de Ciudadanos, “bloquea el control del Parlamento y hace a los dos grupos (socios en el Gobierno de la Generalitat) cómplices de la inacción del Gobierno en la atención a la salud mental". “Lo peor es que han denigrado a las personas que necesitan los tratamientos y no los tienen”, añade el grupo, cuyo portavoz de Sanidad es Jorge Soler.
Asumpta Escarp, del PSC, por su parte, también defendió en la comisión que lo que se aprueba en el Parlamento de Cataluña se tendría que cumplir, y confirmó que ese informe no se tramitó.
La moción instaba, entre otros muchos puntos, a “revisar y poner en práctica el modelo de salud mental; dotarlo de recursos para que todos los ciudadanos de Cataluña que lo necesiten puedan acceder equitativamente, independientemente del territorio donde vivan y de su condición clínica, con un modelo que priorice la prevención, que se aplique en clave comunitaria, que ponga a alcance de los ciudadanos herramientas terapéuticas con la frecuencia y la intensidad que han demostrado eficacia y que sean necesarias para su tratamiento y recuperación y que garantice el apoyo a las familias, ya trabajar para incorporar un sistema de evaluación de resultados en salud que dé voz a los usuarios, tanto a los pacientes como a sus familiares”.
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