Tras muchos meses de amagar y no dar, el sindicato con más afiliados entre los médicos de España, CESM, ha colgado el cártel de "huelga" a las puertas del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los más de 150.000 facultativos que ejercen en las 17 autonomías están llamados a secundar un paro indefinido a partir de mañana, 27 de octubre, que se repetirá los últimos martes laborales de cada mes. El manual de agravios del colectivo médico en España lleva años engordando con reivindicaciones no atendidas, pero el deflagrante del conflicto ha sido una norma publicada en el BOE y firmada por Pedro Sánchez Pérez-Castejón: el Real Decreto-ley 29/2020.
Tan "tremendamente grave" es el contenido de esa norma para el SNS -en palabras de Tomás Toranzo, presidente nacional de CESM-, que el sindicato, además de legitimado, se considera moralmente obligado a pedir a los médicos que dejen de trabajar…, incluso en medio de la segunda ola de la pandemia. "En el contexto actual, con una asistencia sanitaria que vuelve a estar desbordada, la única solución que ofrece el Estado es un decreto que lamina el régimen de especialidades y legaliza el intrusismo profesional", dice Toranzo.
Pero, ¿es tan grave esa norma como dice CESM? Si nos atenemos a la literalidad del texto, el decreto faculta a las comunidades para contratar a graduados en Medicina que no tengan el MIR hecho o a médicos extracomunitarios que aún no tengan su título homologado; y permite, además, la movilidad de médicos y enfermeros de una unidad a otra, o incluso entre niveles asistenciales (de un centro de salud a un hospital o viceversa), si la falta de personal derivada de la pandemia "así lo aconseja".
Sanidad argumenta que las medidas son "excepcionales y transitorias"
Ateniéndose a esa misma literalidad, el Ministerio de Sanidad argumenta, no obstante, que el decreto también deja claro que la aplicación de todas esas medidas tiene "carácter excepcional y transitorio".
Traducido en tiempo, ¿qué duración tendría esa transitoriedad? Pues el decreto -añade Sanidad- también lo dice: "Mientras subsista la insuficiencia de personal" en las unidades que se han visto reforzadas con esos contratos o con esos traslados forzosos de profesionales. En cualquier caso, esas controvertidas medidas sólo podrían aplicarse, "como máximo, durante la vigencia del decreto"; es decir, "un plazo inicial de 12 meses a partir de su entrada en vigor, que pueden ser prorrogados por decisión del Ministerio de Sanidad por sucesivos periodos de 3 meses o inferiores, en función de las necesidades derivadas de la evolución de la crisis sanitaria".
"Las CCAA están encantadas de que Illa les haya dado una coartada legislativa"
El presidente de CESM alega que "el problema de las medidas presuntamente transitorias es que acaban convirtiéndose en permanentes, si a la Administración le conviene que se perpetúen. Y nos tememos que eso es lo que pasará con este decreto".
CESM también teme que el decretazo -como ya lo califica el sindicato convocante de la huelga- sirva para dar cobertura legal a situaciones ilegales que, de facto, ya se dan en muchas autonomías, como asegura Víctor Pedrera, vicesecretario nacional de CESM y secretario general del sindicato en la Comunidad Valenciana: "En esta comunidad, sin ir más lejos, ya se está contratando a extracomunitarios sin título de especialista para que trabajen en Urgencias o en centros de salud de zonas periféricas; es decir, en puestos con especial carencia de facultativos ¿Alguien se cree que no van a aprovechar una norma que da cobertura legal a esas prácticas contractuales?".
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O, dicho en palabras de Toranzo, "las comunidades están encantadas de que el ministro de Sanidad les haya dado una coartada legislativa que, en teoría, sólo pueden usar en circunstancias excepcionales, pero que ya veremos cómo usan". De hecho, el presidente de CESM está "absolutamente convencido" de que el decreto sería idéntico si hubiera pasado por el Consejo Interterritorial, el órgano donde están representadas las 17 comunidades autónomas.
Las CCAA, de perfil
Ahí reside, de hecho, el meollo de la huelga convocada por CESM: en el uso que las comunidades hagan de la valiosa herramienta que el departamento de Illa ha puesto en sus manos. No en vano, el ministerio cifra en 10.000 los profesionales que podrían ser contratados por las autonomías merced a esta normativa, entre ellos los 4.557 aspirantes al MIR que se quedaron sin plaza en la convocatoria 2019/2020 y los 234 extracomunitarios que aún no tienen el título de especialista, pero que ya han pasado la primera criba para obtenerlo. Y si quieren recurrir a esos profesionales, las comunidades deberán hacer uso de sus competencias.
El PP votó contra la norma en el Congreso, pero 'sus' CCAA tampoco aclaran si la van a usar
El ministerio, por boca de su director de Ordenación Profesional, Rodrigo Gutiérrez, ya lo dejó claro en una entrevista con este periódico: "Las competencias son autonómicas. Son las comunidades las que establecen las guardias, los requisitos de trabajo, los turnos, las primas que tenga el profesional... A nosotros sólo nos corresponde el marco general y la legislación básica".
¿Y qué dicen las autonomías? Pues nada... o muy poco. "Hemos preguntado a todas las comunidades si van a aplicar el decreto y ninguna se ha pronunciado, ni siquiera las que están gobernadas por el PP, que en el Congreso de los Diputados votó en contra de la norma [87 de los 141 votos negativos que cosechó el decreto en la Cámara baja fueron del Grupo Popular]", dice Pedrera.
Sí, pero no, pero sí...
Cuando es este periódico el que formula la pregunta, las comunidades no son mucho más expresivas: sólo han contestado 3 de las 17 autonomías (La Rioja, Baleares y Murcia), de forma casi telegráfica, y ninguna de ellas para renegar de esa herramienta de personal.
La Rioja, por ejemplo, elude pronunciarse a título individual sobre el contenido de la polémica norma, pero deja claro que "el decreto tiene efecto en su aplicación en todo el ámbito nacional"... y, por tanto, también en el Servicio Riojano de Salud (Seris).
Murcia cree que es acertado, "porque permite integrar a más profesionales en el sistema"
El Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut) asegura que "en estos momentos, no tenemos necesidad de aplicarlo", pero matiza, a renglón seguido, que es "una medida de salvaguarda para poder garantizar la asistencia sanitaria, y que las autonomías puedan contratar a profesionales en caso de extrema necesidad". Ahora bien, añade Ib-Salut, "es un último recurso, no una norma general".
Más expresivas, fuentes del Servicio Murciano de Salud (SMS) creen que "no es una medida desacertada, porque nos permite integrar a más profesionales en el sistema sanitario. Estos profesionales pueden desempeñar un papel importante, pero los servicios de salud adecuaremos los puestos de trabajo en función de las capacidades y conocimientos de cada trabajador, y siempre velando por las personas atendidas". Por si quedara alguna duda sobre su posición con respecto al decreto, Murcia añade que "todos los recursos de los graduados/licenciados en Medicina deben estar disponibles en el sistema sanitario".
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