El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), órgano de representación nacional de la Organización Médica Colegial (OMC), denunciará ante la Comisión Europea el Real Decreto Ley 29/2020 sobre medidas urgentes en materia de recursos humanos para conseguir personal sanitario para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
La medida se anuncia a apenas una semana de la primera jornada de huelga médica convocada a nivel nacional por el sindicato CESM, que, entre otras demandas, pide la retirada de este decreto, que permite la contratación de no especialistas (pensando tanto en los extracomunitarios no homologados como en aspirantes MIR con examen aprobado pero sin plaza) como el desplazar especialistas a otros servicios no propios para compensar el déficit de personal.
Según ha podido saber DM, la denuncia se tramitará entre esta semana y la que viene, y ya se han establecido contactos con eurodiputados.
La corporación médica considera que el texto aprobado por el ejecutivo español vulnera las orientaciones sobre la libre circulación del personal sanitario y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19, según las recomendaciones relativas a la directiva 2005/36/CE.
Reconocimiento de cualificaciones
En su argumentación, la corporación hace énfasis sobre todo en su crítica a la contratación de no especialistas. Hay que recordar que, según la OMC, durante la primera ola los colegios de médicos tenían el expediente favorable de 750 extracomunitarios, pero sólo estaban colegiados 220.
Esta directiva establece normas sobre el reconocimiento trasfronterizo de las cualificaciones profesionales. En el caso de determinadas profesiones sectoriales, como los médicos, la directiva también establece requisitos mínimos de formación a nivel de la UE. En este texto también se alude a distintos puntos que deben de ser los que guíen a los Estados miembros a la hora de estudiar medidas para abordar la escasez inmediata de personal o medidas para formar a futuros profesionales sanitarios.
En cuanto al reconocimiento del personal sanitario con cualificaciones pendientes de países no pertenecientes a la UE/ Asociación Europea de Libre Comercio, éste se concede de conformidad con los procedimientos de los Estados miembros. En el caso de las profesiones sanitarias en las que los requisitos mínimos de formación están armonizados a escala de la UE, incluidos médicos y enfermeros responsables de cuidados generales, deben respetarse los requisitos mínimos de formación de la UE, recuerda el Consejo.
"Si los profesionales tienen una cualificación de un país no perteneciente a la UE, en una de las profesiones que no cumple con los requisitos armonizados, el Estado miembro que tenga intención de reconocer dicho diploma debe aplicar medidas compensatorias. Estos profesionales pueden ser autorizados a trabajar en la asistencia sanitaria, pero sin ser tratados como miembro de una profesión para la que no cumplen las normas de cualificación establecidas en la directiva".
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En este sentido los Estados miembros podrán emplear a profesionales sanitarios con diplomas de terceros países, bien garantizando que sus cualificaciones profesionales cumplan los requisitos mínimos de formación a nivel de la UE o bien concediéndoles un estatuto diferente al de miembro de una de las profesiones para las que los requisitos mínimos de formación están armonizados en la UE.
A este respecto, hay que puntualizar que los licenciados sin especialidad que aprobaron el examen MIR serían contratados como residentes, mientras que los extracomunitarios sin especialidad homologada (aunque sí con un informe favorable por parte de la Comisión de Evaluación) tendrían, teóricamente, un contrato de adjunto.
Los médicos consideran que es "un grave error la concesión, incluso temporalmente, de las competencias de los médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su titulación, en aras de la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes, y nos sitúa fuera de la normativa europea, y especialmente de las recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE sobre libre circulación de profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la Covid-19 (2020/C 156/01)".
Los colegios de médicos consideran que la norma "supone un ataque a nuestro sistema de formación especializada y que no ha tenido en cuenta la voz de los representantes de los profesionales del sector médico, quienes en todo momento han tendido la mano a buscar propuestas conjuntas que solucionen los problemas a los que deben hacer frente los facultativos, así como para garantizar la mejor asistencia y seguridad clínica de los pacientes y reitera la necesidad de que las administraciones cuenten".
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