Segunda jornada de movilizaciones por la sanidad pública, de momento sin acercamientos por parte del Ministerio de Sanidad, según los sindicatos, que critican que lleva meses sin negociar con los representantes de los trabajadores. Por otra parte, aún no saben nada de posibles acuerdos de empleo del año que viene, cuando para ellos es urgente reforzar las plantillas sanitarias.
Muchas de las reivindicaciones de los sindicatos tienen un efecto claro en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se están ultimando dentro del propio Gobierno central entre PSOE y Podemos: incrementar la financiación de la sanidad pública hasta un 7,2% del PIB y el gasto en atención primaria a un 25%; inversión en plantillas y nuevas tecnologías, recuperación salarial...
Antonio Cabrera, secretario de Sanidad de CCOO, señala que su sindicato, junto a UGT y CSI-F, reclamarán por escrito a Función Pública una reunión de la Mesa General para aclarar qué pasa con los presupuestos, "que según la prensa están casi cerrados", tanto a nivel de empleo de las comunidades autónomas como con la subida de los funcionarios, entre otras cuestiones.
Según el representante de CCOO, varias comunidades "han pedido ya que se elimine la tasa de reposición, porque ya no es que haya que cubrir las jubilaciones, sino que también hay que crear empleo". CCOO calcula que en este momento sería urgente incorporar a 62.000 sanitarios, entre ellos 15.000 enfermeras y 14.000 médicos. Para equipararse a la media europea, tendrían que ser alrededor de 100.000. Este martes, CSI-F cifraba en casi 300.000 los sanitarios necesarios en 2031. Una cosa está clara: hace falta más personal sanitario.
Gracia Álvarez, secretaria de Sanidad de UGT, señala que "formalmente" aún no hay conversaciones sobre un posible acuerdo por el empleo público en las autonomías, que sería el tercero tras los de 2018 y 2019, en el que se dejaba un remanente por encima de la tasa de reposición para ir sumando a más personal.
El problema es que, según los sindicatos, estos acuerdos en la práctica están muy lejos de lograr su objetivo, que era reducir la temporalidad al 8% en 2021. Y realmente el objetivo último de los representantes de los trabajadores es evitar cualquier traba. "Aunque las competencias sean autonómicas, la supresión de la tasa de reposición es cosa del Gobierno central", recuerda Javier Martínez, presidente de Sanidad de CSI-F.
Martínez destaca que el Gobierno central "ha puesto a todos los sindicatos de acuerdo por la falta de negociación" y critica "el hermetismo" del ministerio. Álvarez confirma que la falta de interacción con los sindicatos durante la pandemia ha sido una constante; por ejemplo, asegura que hace meses que no se convoca al Comité Consultivo previamente al Consejo Interterritorial. Cabrera confía en que el próximo día 29 de octubre, que pretenden manifestarse frente al Ministerio de Sanidad, sí se les reciba.
Sobre el polémico decreto 29/2020, que permite la contratación de no especialistas y la movilización de efectivos ante la falta de personal, la responsable de UGT apunta que, aunque entiende la necesidad de abrir esta vía, no comprende por qué el Gobierno ha optado por la fórmula del real decreto, cuando, por ejemplo, la movilidad de unos servicios a otros debería ser voluntaria. "En cualquier caso, se trata de una circunstancia extraordinaria, que debería tener fecha de caducidad".
Por su parte, CSI-F va a llevar el decreto ante el Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de anticonstitucionalidad por no haber consultado primero con los sindicatos. A nivel autonómico, la directriz es que el sindicato fuerce que no se aplique.
En ese sentido, el director de Ordenación Profesional de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez, explicó a DM que el decreto simplemente abre la posibilidad de este tipo de contrataciones, por lo que su aplicación depende únicamente de las autonomías y cómo valoren sus necesidades.
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