El borrador del plan de respuesta trazado por el Ministerio de Sanidad para afrontar la segunda ola de la epidemia de coronavirus ha sido recibido con buenos ojos tanto por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) como por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
El documento, que las autonomías discutirán la próxima semana en Consejo Interterritorial de Salud, establece cinco niveles de riesgo en función de la incidencia de casos de covid por 100.000 habitantes, el porcentaje de pruebas positivas, el porcentaje de casos con trazabilidad, y el porcentaje de camas hospitalarias y de camas de UCI ocupadas. Con esos indicadores fija niveles de riesgo que, con los datos actuales, situarán directamente en el nivel de riesgo extremo a Madrid, Castilla y León, Navarra, Aragón y La Rioja, y en el nivel “alto” a Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia.
“Los indicadores elegidos bastante adecuados porque son muy progresivos y permiten adecuar las medidas mínimas que deben hacerse en función del riesgo detectado, aunque puedan ser más intensas si se considera necesario según el contexto u otros indicadores”. Así lo cree el portavoz de Sespas y ex director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Ildefonso Hernández, que celebra especialmente que se haya incluido un indicador de la trazabilidad de los casos “porque nos da una idea de qué capacidad tienen las autonomías para trazar los casos, para hacer seguimiento. Teníamos una fuente indirecta para saberlo, a través de los brotes detectados, pero no algo directo y es importante saberlo. El ejemplo más claro en esto sería la Comunidad de Madrid, que tenía muy pocos brotes detectados para el enorme volumen de casos que tiene, lo que da una idea de transmisión comunitaria descontrolada”.
Con todo, el portavoz de Sespas cree que habría sido bueno haber añadido también “un indicador de cuántas personas están en aislamiento”.
En su opinión, en conjunto “el nuevo documento es bueno en el sentido en el que aporta más claridad e impide que haya interpretaciones o que se utilice alguna información epidemiológica desde el punto de vista partidista. No era imprescindible porque ya había suficiente información para tomar medidas, pero ahora va a ser más claro cómo actuar si se acuerda en el Consejo Interterritorial cuáles son los distintos niveles. Así, si uno está en riesgo extremo, sabrá en qué situación está y tendrá una idea clara de cuáles son las recomendaciones mínimas y comunes acordadas en el Interterritorial que debe adoptar”.
Con buenos ojos ha recibido también el borrador del documento el epidemiólogo Fernando José García López que pone voz a la visión de la Sociedad Española de Epidemiología. En su opinión el documento “tiene la virtud de establecer unos criterios comunes y transparentes que hasta ahora no había. El documento de julio -explica en referencia al plan de respuesta temprana- estaba bien pero no establecía estos niveles”.
Otra de sus virtudes es que “establece criterios más estrictos que los que aprobó el Consejo Interterritorial en su última reunión” de hace apenas unos días, cuando fijó que deberían adoptarse restricciones extra en grandes municipios cuando la incidencia de casos superase los 500 por 100.000 habitantes. Ahora el riesgo extremo se fija en 250 por 100.000 habitantes y se empieza considerar riesgo desde tan sólo 50 casos por 100.000, “en línea con los criterios del ECDC, que establece ya como criterio más de 60 casos por 100.000 habitantes. Eso permite ir estableciendo ya medidas no sólo cuando se está en una situación absolutamente extrema sino desde riesgos más bajos”, explica García López celebrando también el endurecimiento de los criterios sobre positividad de las pruebas y la inclusión del nuevo parámetro de trazabilidad.
Su visión es más crítica, sin embargo, cuando comienza a hablarse de los criterios que se refieren a la capacidad asistencial, esto es, a las camas de hospital y UCI ocupadas. En su opinión, es necesario que el documento explique “con claridad y transparencia cómo se miden esos datos y de momento no lo hace. Es importante porque por ejemplo, según los datos actuales que da diariamente el Ministerio de Sanidad esta semana, los días 12, 13, 14 y 15 de octubre, Madrid ha tenido el mismo número, 477 camas de UCI ocupadas por pacientes covid y, sin embargo, cuando te fijas en el porcentaje de camas ocupadas, que es otro de los datos que da el Ministerio en sus tablas, aunque su número de camas ocupadas no ha cambiado, sí ha cambiado el porcentaje de camas ocupadas que es unas veces de 38,8% otras de 37,56%... ¿Cómo va a cambiar el denominador de un día para otro?” se pregunta.
El epidemiólogo advierte que debe especificarse cómo se están midiendo estos datos y opina que deberían incluir sólo las camas reales “con dotación y personal real” de UCI que tiene cada autonomía. Apunta, además, que sería necesario un indicador también sobre saturación no sólo de los hospitales sino también de la atención primaria porque “sólo con una primaria fuerte vamos a contener esta situación”.
Refuerzo real en atención primaria
Y es precisamente esa una de sus mayores críticas al documento y enfoque global que se está teniendo para afrontar la segunda ola: “Estas medidas deberían acompañarse de medidas estructurales, que siempre se apuntan pero no se les hace mucho caso; es como lo del teletrabajo que figura siempre como recomendación pero no se le da la verdadera importancia que tiene. Esas medidas estructurales implican el refuerzo de la atención primaria y eso debería figurar con indicadores cuantitativos de suficiente personal, tanto de médicos y enfermeros como administrativo, auxiliar y trabajadores sociales. Con datos concretos”.
A datos concretos se aferra también al pedir mayor concreción sobre el refuerzo del 30% de las capacidades en salud pública que apunta el documento: “eso debe fijarse en datos concretos de rastreadores por 100.000 habitantes siguiendo los criterios, por ejemplo, del Instituto de Salud Global de Harvard que propone 30 por 100.000 y eso significaría que en Madrid, por ejemplo, debería haber 2.000 (frente a los 1.000 anunciados)”. Pero también, debería cifrarse “con datos absolutos el refuerzo de las personas dedicadas a vigilancia epidemiológica porque hablar de un 30% partiendo de datos muy bajos puede significar añadir sólo una persona”.
El portavoz de la SEE valora en conjunto como bueno el documento y anticipándose a la tensión que prevé vivirse la próxima semana en el Consejo Interterritorial entre Madrid y Gobierno central apunta ya que “confío en que, aunque no se pruebe por unanimidad, sí haya una mayoría suficiente para aprobarlo porque prácticamente gobiernos de todos los signos están aplicando ya medidas de restricción semejantes las que se plantean”. Y en esa línea quisiera haber visto en el texto incluso la puerta abierta a medidas más drásticas como las planteadas en Reino Unido con la prohibición de las reuniones de personas no convivientes o el cierre decretado por Cataluña para los bares y restaurantes.
Tanto el Ministerio de Sanidad como la Comunidad de Madrid se han aferrado de momento a que se trata de un documento en elaboración para esquivar una valoración formal sobre el texto
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