De los 92.384 contratos que 14 de las 17 comunidades autónomas aseguran haber firmado para reforzar sus plantillas sanitarias desde el 14 de marzo de 2020, actualmente hay en vigor 63.562 (un 68,8%), y a partir del 1 de enero de 2022 sólo tienen garantizada la continuidad 4.798 de esos contratos, según los datos facilitados a DM por esas comunidades.
Si las necesidades asistenciales de los servicios autonómicos de salud, su disponibilidad presupuestaria o la capacidad de negociación de los sindicatos no lo remedian, por el sumidero del Sistema Nacional de Salud (SNS) se pueden escapar en poco más de un año 87.586 contratos sanitarios. Un "escándalo mayúsculo", según profesionales de ese mismo SNS, tan necesitado de reforzar sus plantillas en determinadas especialidades, niveles y categorías profesionales.
Parte de esos casi 90.000 contratos llegaron a su fecha de caducidad y no fueron renovados, y el grueso de los que aún siguen en vigor no tienen garantizada su continuidad más allá del 31 de diciembre. Hablamos de "contratos", que es la terminología que usan las direcciones de Recursos Humanos de las consejerías de Sanidad, y no de profesionales en sentido estricto, ya que un mismo sanitario puede haber firmado varios contratos durante la pandemia; de hecho, así ha sido.
Sólo siguen en vigor un 68,8% de los contratos covid, y en enero podría quedar un 5,2%
Pero la sangría contractual puede ser aún mayor, porque tres comunidades (Cataluña, Canarias y el País Vasco) no han facilitado a Diario Médico -pese a la reiterada insistencia de este periódico- las cifras de sus contratos covid: no sabemos cuántos contratos han suscrito esas tres autonomías desde marzo de 2020, cuántos siguen en vigor en junio de 2021 y cuántos piensan estabilizar en el futuro (si es que piensan estabilizar alguno), pero a buen seguro que las cifras de estas tres autonomías engrosarán todavía más el volumen de contratos sanitarios que se han ido por el desagüe de los servicios autonómicos de salud en el último año.
De las 14 comunidades que sí han remitido sus datos a DM, sólo tres, el Principado de Asturias, la Región de Murcia y Navarra, han manifestado expresamente su intención de incorporar a parte de esos refuerzos a sus plantillas más allá de 2021, y lo han hecho además con cifras concretas.
El Servicio Murciano de Salud (SMS) asegura que la previsión es incorporar "prácticamente al cien por cien" de los 2.929 sanitarios que actualmente mantienen un contrato covid (243 facultativos, 1.238 enfermeros y 1.448 profesionales de otras categorías).
Estas incorporaciones, que incrementarían la plantilla actual del SMS en un 12,32%, "supondrán un importante refuerzo para nuestro sistema sanitario, teniendo en cuenta el déficit estructural de facultativos en todo el SNS", aseguran fuentes del servicio sanitario murciano. Los 2.929 contratos covid que aún perviven en la Región de Murcia representan un 70,2% de las 4.169 contrataciones firmadas por este motivo en esta comunidad desde marzo de 2020.
El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) afirma que los 9.478 nombramientos temporales firmados desde el 14 de marzo de 2020 en la comunidad (entre ellos, 74 médicos y 1.532 enfermeros) continúan prestando sus servicios en el Sespa, "para paliar las consecuencias de la pandemia, recuperar la actividad asistencial y contribuir a la disminución de las listas de espera".
Desde marzo de 2020 hasta hoy, ya se han perdido un total de 28.822 contratos covid
El Sespa asegura que a partir del 31 de diciembre de 2021 -fecha de extinción de esos contratos- ofertará a los enfermeros y facultativos inscritos en la bolsa de empleo "nombramientos de interinidad en caso de vacante", además de contratos eventuales de tres años de duración y otros nombramientos eventuales "de larga duración", en el caso de los médicos. En el mejor de los casos, la continuidad beneficiaría pues a los contratos covid que Asturias tiene firmados ahora mismo con médicos y enfermeros: 1.606 de los 9.478 nombramientos temporales (un 16,9%).
Antonio Matador, secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa), puntualiza que esos contratos médicos de tres años, que el Sespa vende como nombramientos de larga duración, son, en realidad, una manera de intentar retener a los facultativos de esta comunidad. "Hasta ahora, hacían contratos de un año, pero los médicos acababan emigrando a otras comunidades autónomas en busca de mejores condiciones y han optado por las eventualidades de tres años, renovables año a año. Son una fórmula alternativa para intentar evitar que los médicos se vayan, pero no deja de ser otra forma más de precariedad encubierta".
Matador argumenta que la solución para los refuerzos covid no es ofrecerles plazas eventuales, sino interinidades: "El Sespa tiene actualmente entre un 10 y un 15% de médicos interinos en plantilla, pero es que los eventuales superan el 25% en muchas áreas y las renovaciones de los contratos covid que han planteado vendrán a aumentar ese porcentaje. Llevamos meses reclamando a Recursos Humanos una reunión para revisar a fondo las plantillas orgánicas, evaluar las necesidades reales y adoptar decisiones de contratación en virtud de esas necesidades".
Si el porcentaje de contratos covid que sobrevivirá en Asturias a la pandemia está por encima del 16%, mayor es el porcentaje de continuidad contractual que garantiza Navarra, concretamente un 25% de los 1.052 nombramientos covid que aún siguen en vigor en esta comunidad (incluyendo contingente propiamente covid y personal de refuerzo para la vacunación). Es decir, de esos 1.052 contratos que quedan, alrededor de 263 se convertirían en plantilla orgánica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O). En el momento más álgido de la pandemia, el SNS-O llegó a firmar 1.361 contratos (11 de ellos para facultativos y hasta 386 para personal de Enfermería).
Sólo Murcia, Navarra y Asturias sumarán a sus plantillas parte de los contratos
Si a los 2.929 contratos que garantiza la Región de Murcia, sumamos los 1.606 que promete el Principado de Asturias y los 263 sanitarios que la Comunidad foral prevé incorporar a su plantilla sanitaria orgánica, salen un total de 4.798 nuevas plazas sanitarias (interinas o eventuales) para el SNS a partir de 2022. Si las 11 comunidades restantes (que aseguran que están en fase de "estudio" de sus respectivas necesidades asistenciales o pendientes de reuniones con los sindicatos) no concretan más plazas nuevas, el resto de los contratos covid que siguen en vigor (58.764 de los 63.562 actuales) se diluirán antes de finales de año.
Pero es que a esos 58.764 nombramientos coyunturales que aún están en el aire hay que sumar los 28.822 que se firmaron desde el 14 de marzo de 2020 y que no se renovaron en los meses posteriores. En definitiva, en algo menos de 21 meses, el SNS puede llegar a perder esos 87.586 contratos sanitarios a que hacíamos referencia al inicio de este reportaje, nada menos que un 94,8% de todos los que se firmaron en las comunidades para afrontar las consecuencias de la pandemia.
Y todo eso sin contar con las tres comunidades autónomas que no han querido facilitar sus datos a DM, y que pueden aumentar el número de nuevas plazas en la sanidad pública, pero también -y mucho- el de los contratos covid que no se renovarán más allá de diciembre.
"Es un verdadero escándalo que, si nadie lo remedia, se pierdan miles y miles de contratos que son vitales para reforzar la sanidad pública de este país. Quizás algunos de esos contratos, sobre todo de rastreadores, personal administrativo o auxiliares, sólo eran necesarios en el momento más álgido de la crisis, pero el grueso de las contrataciones del personal sanitario, y fundamentalmente las de primaria, son necesarias para atajar los déficits estructurales que tienen las plantillas de las 17 comunidades", asegura Víctor Pedrera, vicesecretario general de CESM a nivel nacional.
"Es un escándalo que se pierdan miles de contratos vitales para el SNS", según CESM
Ese "si nadie lo remedia" al que se refiere Pedrera tiene nombre y apellidos (comunidades autónomas), pero las aludidas lo que único que garantizan, de momento, es la renovación de parte del contingente covid (en proporciones y con contratos de duración variable), en función de la evolución de la pandemia y mientras dure el grueso del proceso de vacunación en marcha.
La Rioja, Asturias, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana prorrogarán hasta el próximo 31 de diciembre los 19.243 contratos covid que suman todavía esas cinco autonomías. Cantabria extenderá hasta ese mismo día sólo los 457 contratos del personal de Enfermería, "para compaginar y acelerar las tareas de vacunación en marcha, cuando la incidencia de la pandemia baje en la comunidad", según fuentes del Servicio Cántabro de Salud (SCS).
Andalucía y Navarra han prorrogado los contratos que les quedan (19.706 y 1.052, respectivamente) hasta el 31 de octubre (al menos, de momento) y Castilla La-Mancha sólo garantiza los suyos (siguen en vigor 3.776) hasta el 30 de septiembre. Castilla y León y Extremadura coinciden en que estos contratos nacen vinculados a circunstancias muy concretas y su prórroga dependerá, por tanto, de "la evolución de las necesidades derivadas de la pandemia". Galicia, por su parte, dice que la fecha de renovación de sus contratos (si la hay) dependerá de "una reunión con los centros sanitarios".
Disparidad autonómica
Esta heterogeneidad autonómica es, precisamente, lo que más llama la atención de Fernando Hontangas, presidente del Sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSFI), que ha recabado información de sus colegas sindicales en las 17 autonomías y constata que "la información es tan escasa como dispar. La mayoría de los servicios de salud alega que la renovación y mantenimiento de los contratos covid depende de sus necesidades en cada provincia y gerencia, y en muchos casos ni siquiera facilitan información sobre cuántos contratos se han firmado, cuántos siguen en activo y hasta qué fecha".
Aun así, Hontangas recuerda que la exigencia última de su sindicato es que el grueso de esos contratos engrose las plantillas orgánicas autonómicas, "y así se lo hemos manifestado reiteradamente tanto al Ministerio de Sanidad como a las 17 comunidades, una por una".
Murcia es la autonomía que más nuevas plazas sanitarias garantiza: 2.929
Capítulo aparte merece Aragón, cuyo Servicio de Salud admite que no sabe cuántos contratos se han prorrogado ni hasta qué fecha. Fuentes del Servicio Aragonés de Salud (Salud) aseguran que "buena parte" de los nombramientos covid acabaron el pasado 31 de marzo y "no tenemos datos de cuántos concretamente han continuado, porque eso depende de cada centro y de cada sector, pero de Enfermería lo han hecho prácticamente el 100%". Hontangas, citando fuentes de sus compañeros de CSIF en Aragón, puntualiza que los contratos de esta comunidad "se mantienen exclusivamente en aquellos servicios que, por sus especiales características, es necesario mantener reforzados, pero el resto ya se rescindieron el pasado 1 de mayo".
Aragón cifra en 1.731 el número total de contratos firmados en esta comunidad desde el inicio de la crisis sanitaria, pero Leandro Catalán, presidente del Sindicato Médicos de Atención Primaria de Aragón, matiza que, entre esos nombramientos, apenas ha habido médicos, "porque las bolsas de empleo temporal están vacías y la escasez de facultativos de atención primaria es alarmante. De hecho, en junio de 2020 ofertaron 130 contratos médicos y sólo se cubrieron 30".
En el caso de Madrid, fuentes de su Servicio de Salud (Sermas) aseguran que los 11.300 contratos covid activados en la comunidad "están en vigor hasta el 30 de junio, pero ya se está trabajando con todos los centros sanitarios para prorrogarlos hasta el 31 de diciembre en virtud de sus planes funcionales". Julián Ordóñez, secretario general de Sanidad de UGT en Madrid, duda de que la renovación hasta finales de año esté garantizada para todos esos contratos y afirma que lo que el Sermas llama "planes funcionales" es, en realidad, "una manera de garantizarse la cobertura de sustitutos durante el descanso estival de la plantilla. De hecho, nos consta que a muchos profesionales sanitarios sus gerencias ya les han advertido de que, si les renuevan hasta el 31 de diciembre, sería para trabajar en otro centro distinto al que están actualmente".
Análoga situación se está produciendo en Castilla-La Mancha "y en varias comunidades más", asegura el presidente de Sanidad de CSIF. "Se han renovado, o están pendientes de renovación, bastantes contratos que las comunidades siguen llamando contratos covid, cuando se prorrogan para dar cobertura con ellos a sustituciones de todo tipo, desde las vacaciones de la plantilla hasta las bajas por incapacidad temporal". Según Hontangas, estas prácticas "evidencian mejor que nada las carencias estructurales de las plantillas que venimos denunciando desde hace años".
Eufemismos institucionales
Pero no son únicamente los sindicatos los que alertan de la escasa calidad de los contratos ofertados. Desde la propia Administración, el Servicio Riojano de Salud (Seris) admite expresamente que la dificultad para fichar médicos de refuerzo en esta comunidad desde el inicio de la pandemia ha estado directamente relacionada con "la dificultad intrínseca que existe para encontrarlos, pero sobre todo para ofrecerles contratos covid, que son de corta duración".
Desde finales de febrero de 2020, La Rioja ha realizado 533 nombramientos de personal de Enfermería y apenas 34 de médicos, y actualmente sólo quedan 14 facultativos y 171 enfermeros. La "mayoría" de esos 185 profesionales finalizan sus contratos el 31 de diciembre, "y aún no podemos saber qué pasará a partir de esa fecha, ni si se quedarán como parte de la plantilla, puesto que no sabemos cómo evolucionará la pandemia", alegan fuentes del Seris.
Las prórrogas hasta diciembre sólo están aseguradas en 6 comunidades
Andalucía y Madrid son con 19.706 y 11.300 contratos covid, respectivamente, las comunidades que más volumen de nombramientos han hecho desde el inicio de la crisis y, según fuentes de ambas Administraciones, el 100% de esos contratos se mantendrá hasta el último trimestre del año (octubre, en el caso de Andalucía, y diciembre en Madrid) pero, más allá de ese plazo, el futuro de los más de 31.000 contratos activados en ambas comunidades para afrontar la crisis sanitaria es una incógnita. Fuentes del SAS se limitan a decir que "el dimensionamiento de las plantillas se realiza cada año en base a las necesidades estructurales y a los presupuestos autorizados cada ejercicio en la Ley autonómica". Es decir, la versión institucional del "estamos trabajando en ello".
Más lacónico incluso que la consejería andaluza, el Sermas ni siquiera contesta a las preguntas que los sindicatos madrileños llevan meses formulando al unísono en la mesa sectorial: ¿Cuántos contratos se prorrogarán a partir de 2022? ¿En qué categorías y con qué duración?
El responsable de Sanidad de UGT en Madrid mira directamente a las necesidades de atención primaria. "El plan de primaria que la consejería de Madrid está vendiendo a bombo y platillo contempla la contratación de 1.200 profesionales en tres años. La plantilla actual tiene 14.775 profesionales, incluyendo a los 550 rastreadores fichados en noviembre de 2020, que no hacen funciones propias de primaria. Exactamente, 1.954 de esos profesionales son mayores de 60 años y 222 están por encima de los 65. ¿De qué plan habla la consejería cuando ni siquiera va a sustituir a todos los que se jubilan? ¿Por qué no aprovechan los contratos covid para reforzar, de verdad, primaria?", se pregunta Ordóñez. Según los cálculos de UGT, la primaria de Madrid necesita incorporar -no en tres años, sino de forma inmediata- entre 2.400 y 2.600 profesionales.
Los 31.006 contratos de Andalucía y Madrid están en el aire más alla de diciembre
La fórmula institucional a la que recurren la Junta de Andalucía y Madrid para dilatar su respuesta sobre la posible continuidad de los contratos covid es muy similar a la que utilizan todas las autonomías que, de momento, no garantizan renovación alguna.
Mientras el Servicio Cántabro de Salud (SCS) asegura que "estamos revisando las estructuras que será necesario mantener más allá del plan de vacunación, lo que nos indicará aquello que será necesario incorporar a la plantilla", Castilla-La Mancha alega que "aún estamos analizando qué volumen de este empleo es estructural para pasar a formar parte de la plantilla del Sescam". El futuro de los 3.776 contratos covid que perviven en Castilla-La Mancha (un 40,9% del total de los firmados durante la covid) y de los 691 que aún quedan en Cantabria (un 51,07% de los 1.353 totales) dependen de los sesudos y prolongados análisis de sus respectivas administraciones.
En lo que a fórmulas alambicadas se refiere, la palma quizás se la lleva la Comunidad Valenciana. Fuentes de su Consejería de Sanidad aseguran que se comprometen a "completar un mapa de crecimiento estructural para que el reforzamiento del sistema sanitario sea definitivo y no provisional". Las prioridades a la hora de diseñar ese "mapa de crecimiento" son, según la propia consejería, atención primaria, Salud Mental y urgencias hospitalarias, pero el vicesecretario general de CESM, que ejerce en la Comunidad Valenciana, asegura de forma muy gráfica que "el principal hachazo en el primer recorte de contratos covid aprobado por el Gobierno [sin respaldo sindical alguno] lo han dado entre los médicos, y más concretamente entre los de primaria".
Extremadura y Castilla y León descartan incorporar nuevas plazas a sus plantillas
Desde el 1 de junio (y, de momento, hasta el 31 de diciembre) se mantienen en la Comunidad Valenciana 6.020 de los 9.309 contratos covid suscritos desde el inicio de la pandemia (480 de ellos para médicos y 2.397 para Enfermería), lo que supone, según fuentes oficiales, una inversión adicional hasta finales de año de 130 millones de euros. La consejería que dirige Ana Barceló estima que "un millar de esas plazas se destinará a vacunación y el resto, a refuerzos generales del sistema", pero los sindicatos valencianos -como los del resto de las comunidades- coinciden en que el reforzamiento del sistema exigía, de entrada, la renovación de la totalidad de los refuerzos.
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"No basta con prorrogar el 64% de los contratos covid ni, desde luego, con hacerlo sólo hasta el 31 de diciembre. Las plantillas sanitarias valencianas, especialmente en atención primaria, necesitan contratos. Y, ojo, no estamos hablando de meras eventualidades, sino de plazas estructurales que computen como personal fijo", sentencia el vicesecretario general de CESM. En la misma línea, CSIF-Comunidad Valenciana cifra en 11.000 las plazas estructurales que sería necesario crear "para poder ofrecer una atención sanitaria con suficiente calidad a la ciudadanía".
No categórico
Los subterfugios eufemísticos del grueso de las consejerías para evitar desvelar el futuro de sus contratos covid a medio plazo contrastan con la clara negativa de la Junta de Extremadura. Fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES) cifran en 1.070 los nombramientos covid actualmente en vigor, vinculan la prórroga de esos contratos al consabido "depende de la evolución de la pandemia", pero dejan muy claro que esos nombramientos "son eventuales, se han realizado para la prestación de servicios de naturaleza temporal, coyuntural y extraordinaria, ocasionados por la pandemia y, por tanto, no forman parte de la plantilla orgánica del Servicio de Salud".
Algo menos categórica, pero también con poco margen a la posibilidad de una prórroga, es la respuesta de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl).
Los 3.434 contratos covid que sobreviven en Castilla y León (1.677 de ellos para personal de Enfermería y 242 para facultativos) responden "a necesidades meramente coyunturales, por lo que, en principio, no deberían suponer aumentos de plantilla, salvo que se valore en el futuro un cambio en la forma de responder a estas necesidades". Signifique eso lo que signifique.
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