A lo largo de 2020, pese al confinamiento estricto, hubo 185 agresiones más que el año anterior a enfermeras en España. Así lo confirman los datos del último informe del Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras del Consejo General de Enfermería. El documento, que incluye datos por cada comunidad autónoma y cuenta con la colaboración de todos los colegios de Enfermería para su elaboración, contabiliza un total de 1.657 agresiones – frente a 1.472 que se notificaron en 2019-, es decir que se han incrementado en un 12,5%.
Las comunidades cuyos profesionales han sufrido más actos violentos han sido Andalucía (583), País Vasco (184) y Castilla y León (182). Además, se observa un gran incremento de agresiones en comunidades como Galicia, donde en 2019 tan solo se comunicaron dos y en este nuevo informe se han registrado 135.
“Es importante dejar claro que estas no son las únicas agresiones que han tenido lugar. Son las que se han notificado y registrado, de ahí que cobre tanta importancia hacer promoción de la necesidad de visibilizar las agresiones. El ejemplo de Galicia es claro: gracias a las campañas de sensibilización han sido muchas más profesionales las que se han animado a hacer visible la situación”, puntualiza Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.
Agresiones físicas y verbales
Estos datos corresponden a todas las agresiones, tanto físicas como verbales, que profesionales o colegios de enfermería han notificado al Observatorio Nacional de Agresiones. Unas cifras superiores a las que notifica la Policía Nacional en su registro anual, ya que no se contabilizan únicamente las denuncias policiales.
“En la mayoría de las ocasiones, sobre todo en las agresiones verbales, las enfermeras y enfermeros no se atreven a denunciar. Muchos profesionales creen que las agresiones verbales no son motivo de denuncia. Desde la Organización Colegial de Enfermería animamos a todos los colegiados a denunciar cualquier actitud violenta, recordamos que la Policía y la asesoría jurídica de su colegio de Enfermería están disponibles para atender cualquier situación”, concreta Pérez Raya.
Andalucía y País Vaco, las más afectadas
Andalucía es la autonomía que más agresiones ha notificado (583); le siguen País Vasco (184), Castilla y León (182), Islas Baleares (173), Navarra (142), Galicia (135) y Castilla-La Mancha (124). Por debajo de la centena de enfermeros que han notificado una agresión se encuentran la Comunidad de Madrid (62), Aragón (28), Cataluña (16), Comunidad Valenciana (15), Canarias (8), Cantabria (4) y Extremadura (1).
Por el contrario, La Rioja, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han comunicado que ninguna enfermera ha notificado agresiones. Mientras que ni la Región de Murcia y ni el Principado de Asturias han aportado datos.
“Teniendo en cuenta que en esta ocasión no hay datos de dos regiones, Asturias y Murcia, el incremento es mucho mayor. En 2019 se obtuvieron datos de todas las comunidades y ciudades autónomas y el cómputo final fue de 1.472, este año contamos 1.657 casos sin contar aquellos lugares donde no han comunicado qué profesionales han sido agredidos, por lo que serán muchos más”, dice Pérez Raya.
Visitas presenciales de la Policía Nacional
La Organización Colegial de Enfermería colabora conjuntamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra las agresiones. Por esta razón, se ha colaborado con la Policía Nacional para poner en marcha un proyecto de visitas presenciales en centros sanitarios llamado IPNS21. El objetivo de esta iniciativa es establecer una relación más cercana y personal con los profesionales sanitarios en primera línea y conocer así la problemática real que están viviendo. Todos profesionales de la sanidad cuentan con un correo electrónico en el que pueden consultar dudas: la dirección es ucsp.ipnsadjunto@policia.es y es una iniciativa del Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario. Desde la Policía Nacional se subraya que este correo de consulta nunca deberá sustituir a los servicios de emergencia de la Policía Nacional, que se seguirán canalizando a través del 091.
“El Observatorio es una muestra más de nuestro compromiso con este problema. Tenemos que atajar esta lacra, pues resulta intolerable e inadmisible cualquier tipo de conducta vejatoria hacia nuestros profesionales y para ello las profesiones sanitarias trabajamos junto a Policía y Guardia Civil para poner en marcha acciones que contribuyan a erradicar y minimizar este tipo de violencia”, concluye el presidente del CGE.
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