Mientras Juan Francisco lucha a los 49 años por su vida ingresado en la UCI del Hospital de La Plana, en Castellón, la sanidad pública de la Comunidad Valenciana, respaldada por numerosos apoyos de las sociedades y colectivos científicos y sanitarios, libra una batalla judicial contra la familia del paciente de covid-19 y los defensores de la ozonoterapia como tratamiento compasivo.
Tras la denuncia presentada por la familia del paciente ante el juez para evidenciar los obstáculos que los sanitarios del complejo hospitalario de Vila-real ponen diariamente al equipo médico externo que aplica el tratamiento de ozonoterapia, la Conselleria de Sanidad ha confirmado que la abogada de la Generalitat presentó el pasado miércoles al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón (el mismo juzgado que aprobó las medidas cautelares la semana pasada para aprobar el tratamiento de ozonoterapia) la solicitud para que se levanten estas medidas cautelares aprobadas por un auto el 13 de agosto y se suspenda así el tratamiento de ozonoterapia que se está administrando cada ocho horas al paciente.
Según reza el escrito de la letrada que da asistencia jurídica a la Generalitat Valenciana, esta petición sería la segunda solicitud en este sentido ya que, según se precisa, "en fecha 16 de agosto ya se presentó la petición de levantamiento de las medidas cautelares adoptadas en este procedimiento, a raíz de los graves hechos que vienen ocurriendo en el centro hospitalario a raíz de la ejecución de la medida cautelar adoptada, y mediante el presente escrito, como quiera que todavía no ha sido resuelto por el juzgado, venimos a ampliar el escrito solicitando el levantamiento de las medidas cautelares".
Riesgo para el paciente
A los motivos que esgrimió la abogada de la Generalitat el lunes pasado se suman en esta nueva petición al juzgado el informe emitido el pasado martes 17 de agosto por el jefe de departamento de uso humano de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad. "En relación al tratamiento con ozonoterapia que se ha autorizado mediante la medida cautelar, y que consideramos que pone en grave riesgo la vida del paciente al que se le está aplicando, por no reunir el tratamiento los ensayos clínicos que avalen el mismo, apartándose de su autorización de todos los procedimientos y protocolos establecidos para su uso en pacientes, y más a unos, en paciente críticos como es el caso que nos ocupa", precisa la petición al juez.
El informe del responsable de AEMPS pone de relieve que "la agencia considera que, dada su catalogación de medicamento de uso humano, para el acceso a este tratamiento debería haberse iniciado un ensayo clínico o haber seguido los preceptos contenidos en el Real Decreto 1015/2009, y no nos consta ningún ensayo autorizado con ozono en este centro ni haber recibido petición alguna de acceso por uso compasivo por parte del mismo".
Sin requisitos necesarios
De acuerdo a ese Real Decreto, la abogada de la Generalitat informa al juez de que, para aplicar el tratamiento de ozonoterapia que se está administrando en la actualidad al paciente crítico de covid-19, son necesarias exigencias legales y médicas que no se han tenido en cuenta como "la solicitud del médico responsable del centro hospitalario en el que se encuentra ingresado el paciente, el consentimiento informado del paciente, el visto bueno de la dirección del centro hospitalario y la conformidad del promotor del ensayo a suministrar el tratamiento".
Asimismo, también se destaca en el informe realizado por el responsable de la AEMPS que se desmiente la información dada por la demandante respecto a la sangre ionizada, concluyendo que la agencia considera que no se cumple con la definición de uso compasivo que haría autorizable una solicitud.
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