No hay suficiente evidencia científica. Es el mantra instalado entre la clase política para frenar la regulación del cannabis medicinal. Y así lo lamenta Carlos Goicoetxea, catedrático de Farmacología de la Universidad Rey Juan Carlos. La última demostración de que eso es así tiene fecha de 22 de septiembre de 2020.
Guillermo Díaz Gómez, diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en junio de este año envió una pregunta a la mesa del Congreso interesándose por conocer la voluntad del Gobierno de regular el uso medicinal del cannabis y los cannabinoides.
"Es necesario ponderar la evidencia sobre la eficacia terapéutica y los efectos adversos del uso del cannabis", dice el Gobierno
Tres meses después obtuvo respuesta por escrito del Gobierno, donde insistía en que "el nivel de evidencia disponible no es suficiente para recomendar un uso generalizado en pacientes con determinadas patologías, contrariamente a lo que podría pensarse".
En la respuesta también confirmaba la inexistencia en España de "programas de uso médico del cannabis" y reconocía que para poner en marcha futuros tratamiento de este tipo se necesitaba "ponderar la evidencia sobre la eficacia terapéutica y los efectos adversos del uso del cannabis".
"Los opioides son más peligrosos desde el punto de vista de sus efectos secundarios", dice Carlos Goicoechea
"El problema es que para conocer los efectos no deseados del fármaco necesitamos experiencia en su uso y esa no la podemos alcanzar sin su regulación. Hay muchos países en el mundo y en Europa donde ya lo están utilizando. Nosotros estamos a la cola del uso del cannabis medicinal, que no lo va a curar todo, pero que es una herramienta que en muchos pacientes se ha demostrado que está funcionando", replica Goicoechea.
En concreto es beneficioso para pacientes con dolores oncológico o neuropático, según el experto, "que son difíciles de tratar". En todo caso, aclara que no son una primera opción de tratamiento en ningún tipo de dolor "pero eso no significa que en el caso de que fallen los otros no se puedan recurrir a ellos".
Además, razona que "hay otros compuestos que se utilizan para el dolor que son más peligrosos desde el punto de vista de los efectos secundarios y que, como hemos aprendido a utilizarlos bien, entonces, no nos preocupan tanto. Por ejemplo, los opioides o los neuromoduladores".
En estos días se ha celebrado el XVII Congreso de la Sociedad Española del Dolor (SED), que ha concluido este sábado, 17 de octubre, Día Mundial contra el Dolor. En el encuentro hubo una mesa dedicada a la legalización del cannabis o, más correctamente, a la falta de regulación en España. El argumento más poderoso para no aceptar el uso medicinal de este producto lo ofrece la Organización de Naciones Unidas. El organismo internacional no reconoce al cannabis como un producto de utilidad médica y tiene el tratamiento de droga prohibida, como la heroína y con mayor control que la cocaína.
"La situación de España es difícil de explicar, máxime si se tiene en cuenta que existen autorizaciones de la AEMPS para cultivar, fabricar, distribuir y exportar cannabis", dice De Santiago
La OMS ha cuestionado esta clasificación y ha solicitado que se reconozca la utilidad médica del cannabis, para permitir la investigación y el uso en el ámbito de la salud. "Todo está pendiente de la decisión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que, de momento, se resiste a pronunciarse. En diciembre de 2020 podría haber un pronunciamiento de dicha Comisión, salvo que lo vuelvan a retrasar como ya han hecho, inexplicablemente, en marzo de 2019 y en marzo de 2020”, apunta Jesús de Santiago Moraga, anestesista de la Unidad de Dolor del Hospital Quironsalud de Tenerife.
Cultivo e investigación
Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, República Checa, Finlandia, Polonia, Canadá y 33 estados de EE UU reconocen el uso terapéutico del cannabis. Además de Canadá, Australia, Uruguay, Israel y Colombia. En este contexto, De Santiago argumenta que “la situación de España es difícil de explicar, máxime si se tiene en cuenta que existen autorizaciones de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para cultivar, fabricar, distribuir y exportar cannabis sativa y sus productos. Estos productos que se obtienen en España acaban en otros países y aquí no son accesibles”.
Araceli Manjón, catedrática acreditada de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y directora de una cátedra extraordinaria sobre Drogas, asesoró al grupo parlamentario de Ciudadanos en la presentación, a principios de 2017, de una Proposición no de Ley sobre la regulación del uso medicinal de los productos derivados del cannabis. Entonces, el Parlamento dio su apoyo mayoritario a esta iniciativa, pero ahora nadie parece acordarse de ello. Manjón, sí y destaca lo evidente, que ésta, como otras cuestiones, están supeditadas a la evolución de la pandemia que a día de hoy copa todo los esfuerzos del Ministerio de Sanidad.
"En España hay licencias para cultivar, producir y procesar cannabis medicinal para la exportación, pero no se puede dar a los pacientes para paliar el dolor", reitera Majón. La AEMPS tiene registradas las licencias para el cultivo de cannabis con un fin medicinal. Según la última actualización de estos datos que figuran en la web de la Agencia y que es de 17 de septiembre de este año, ha concedido ocho licencias para investigar con cannabis y cinco para la producción y/o fabricación de cannabis y sus productos con fines médicos y científicos.
Sobre esta cuestión, el Gobierno dio más detalles en otra respuesta parlamentaria que envió a principios de 2019, a una interpelación de un grupo de diputados de Ciudadanos. Entonces, las autorizaciones emitidas por la AEMPS para el cultivo del cannabis para uso medicinal sumaban 4,03 hectáreas (40.326 metros cuadrados) en parcelar concentradas en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.
El modelo italiano
La experta considera que España debería seguir el camino de sus países vecinos y, de manera especial, fijarse en la regulación que se ha llevado a cabo en Italia. "El italiano es un modelo muy integral. No solo reglamenta la producción y dispensación, sino que también regula el precio por gramo. De modo que el Estado tiene un control del precio al que se venden los productos, implementa sistema de investigación, los financia y los propicia. También ha mantenido en los currículums de las carreras sanitarias el estudio del cannabis, su funcionamiento, su dispensación...".
Explica que Italia intentó una regulación que incluyera el cannabis recreativo y el medicinal -como en España fue la propuesta de Unidas Podemos- pero les faltó apoyos parlamentarios para sacarla adelante. De este modo, cuenta Majón, "aprobaron por decreto del cannabis medicinal, sin ninguna oposición".
Legalizado el debate
La profesora de Derecho Penal reconoce que en estos momentos no se dan las circunstancias para plantear la regulación del cannabis y admite tener cierta sensación "de día de la marmota", en un comienzo constante. Pero señala un cambio positivo en los últimos años: "Ahora este debate se ha legalizado. Hace ocho años decías estas cosas, que yo las decía, y la gente te miraba raro. Diciendo, ésta consume. Ahora por lo menos lo podemos contar en el Parlamento o en la Sociedad Española del Dolor (SED), es decir, en foros muy respetables".
También en este tiempo, se han autorizado en España dos fármacos con contenido de cannabis: el Sativex, indicado para mejorar los síntomas relacionados con la espasticidad moderada o grave en pacientes con esclerosis múltiple, y el Epidyolex, para ciertos tipos de epilepsia infantil.
:
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/2IF0xre
No hay comentarios:
Publicar un comentario