La última Comisión de Sanidad y Consumo celebrada en el Senado ha dado luz verde a una petición de pacientes de urgente necesidad, en plena pandemia de covid-19: la financiación pública de los anticoagulantes orales (ACOD) y la eliminación de la traba del visado. Así, la Cámara Alta ha determinado extender a estos medicamentos la cobertura financiera pública, "de la que ya disponen las heparinas, como medida para favorecer la adherencia terapéutica y garantizar el tratamiento adecuado de pacientes con trombosis, sobre todo teniendo en cuenta el previsible incremento de casos por causas relacionadas directa o indirectamente con la covid-19". A su vez, plantean evaluar la supresión del requisito de autorización mediante sistema de visado para la expedición de estos medicamentos anticoagulantes con la finalidad de "simplificar trámites", sobre todo dadas las circunstancias actuales de pandemia.
Esta propuesta de modificación está firmada por PSOE, PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Vasco, Izquierda Confederal, Gripo Mixto y Junts per Catalunya-CC.
Pacientes oncológicos y con fibrilación auricular
En materia de financiación pública de los ACOD, se refieren a la necesidad de facilitar el acceso de los nuevos ACOD a los pacientes oncológicos, y que sean financiados, sin las restricciones actuales, en la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular, "como ya se está haciendo en algunas comunidades autónomas y países europeos, por las ventajas que supondrían para los pacientes". Con esta finalidad proponen modificar, de acuerdo con las comunidades autónomas, el informe de posicionamiento terapéutico de 2016.
Planes ante incrementos de trombos
En el mismo sentido, en coordinación con las autonomías y en el seño del Consejo Interterritorial del SNS, proponen establecer planes de prevención, detección y actuación necesarios ante un posible incremento de casos con trombos, en especial con tromboembolismo pulmonar (TEM) o trombosis venosa profunda (TVP), "por causas relacionadas de forma directa o indirecta con la pandemia de covid-19 o con las medidas de confinamiento decretadas para controlar su propagación".
Cribados con tecnología
La propuesta del Senado no se olvida de la importancia de los seguimientos anuales del tratamiento mediante el empleo de la tecnología por imagen. De hecho, piden intensificar los controles y consideran que son herramientas útiles la inteligencia artificial y la radómica aplicadas a los rayos X y la tomografía computarizada. Con ello se podrían "emprender programas de cribado masivo" y "ayudar en el diagnóstico de la covid-19".
Petición de los pacientes
Precisamente en mayo la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) urgía a que los ACOD se financiaran ahora, durante la covid-19, a cargo de la Seguridad Social. ¿La razón ? "Estos nuevos anticoagulantes son fármacos seguros para tratar el tromboembolismo pulmonar (TEP) o la trombosis venosa profunda (TVP) que ayudarían a evitar nuevos contagios de covid-19, al no requerir que los pacientes acudan a un centro de salud para ajustar la dosis. Además, de aprobarse su financiación pública, se lograría un ahorro al año de más de 80 millones de euros".
A su vez, , la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan) reclamó en julio al Ministerio de Sanidad eliminar el visado en el acceso a anticoagulantes de acción directa, incluir el autocontrol TAO en la Cartera Básica de Servicios del SNS y la participación de los pacientes a través de una adecuada información. Y lo acompañaba de datos: en España hay un millón de personas anticoaguladas y las cifras aumentan cada año.
También los fármacos para la diabetes
No son los únicos pacientes que claman por la eliminación de visados en sus medicamentos. Así, la semana pasada la Federación Española de Diabetes (FEDE), en colaboración con siete sociedades científicas clave en el ámbito de la diabetes, han reclamado la necesidad de que se revisen, de forma urgente, los visados de fármacos indicados para la diabetes y piden que la evidencia científica prime sobre los criterios económicos en su fijación. "Esta traba, que sólo sigue vigente en España a nivel europeo, afecta a más de 250.000 personas y demuestra que se antepone el control del gasto a las consecuencias en resultados en salud", aseguran, refiriéndose a la realidad normativa actual (Real Decreto 618/2007), "que está suponiendo una limitación en el acceso a los medicamentos de las personas con una enfermedad crónica".
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