Si la pandemia ha impactado en todos los sectores socioeconómicos del país, también ha servido para sacar a la luz las vergüenzas de una Administración Pública que ya llegó a la crisis con muchas carencias estructurales. Subsanar las carencias que la crisis sanitaria ha agudizado exige un plan estratégico de recursos humanos en el sector público para los próximos 3 años que suponga la incorporación de 106.000 profesionales en tres sectores (Administración General del Estado Educación y Justicia), y un plan de choque urgente y específico para Sanidad, que contemple la creación de 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.
Ese es el estado de la cuestión que hoy ha puesto sobre la mesa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que cifra en esos casi 300.000 efectivos la brecha que nos separa de la Unión Europea (UE) en lo que a profesionales sanitarios se refiere, una brecha que, según el informe del sindicato más representativo en el sector público, ha tensionado el sistema sanitario en el contexto actual y "ha puesto al borde del colapso los centros sanitarios".
El grueso de esos casi 300.000 profesionales sanitarios nuevos que el Sistema Nacional de Salud (SNS) necesita incorporar antes de 2031 lo forman los enfermeros (215.526 efectivos), seguidos de los médicos (23.709, según las estimaciones sindicales) y un heterogéneo grupo de 50.000 efectivos, que incluiría al resto de profesionales del sector, sanitarios y no sanitarios.
Si la barrera que nos separaba de la Unión Europea (UE) ya era considerable antes del inicio de la crisis, esa barrera se ha convertido en un abismo, según CSIF, por el impacto de la pandemia en todos los sectores públicos (especialmente, claro, el sanitario), pero también porque "en los últimos diez años se han destruido 100.916 puestos de trabajo públicos", reza el informe.
España, el país con la esperanza media de vida más alta de la UE (83 años, según datos de 2019 de la Comisión Europea), tiene un gasto sanitario por persona de 2.255 euros, frente a los 2.746 que invierten de media los países de la UE, y los 3.990 euros de la locomotora continental, Alemania. Y los recursos humanos sanitarios tampoco dejan a España en buen lugar: mientras el SNS contabiliza 3,1 médicos por cada 1.000 habitantes (datos del Ministerio de Sanidad de 2020), la media de la UE está en 3,6 y Alemania se eleva hasta los 4,2. En el caso de las enfermeras, la brecha es aún mayor: 3,8 por 1.000 habitantes en España, 8,3 en la UE y 12,7 en Alemania.
Con la pérdida salarial, los médicos habrían trabajado gratis año y medio desde 2010
El paupérrimo balance de profesionales sanitarios se agrava aún más con la pérdida retributiva que esos mismos profesionales han experimentado desde 2010; es decir, pocos y mal pagados. El estudio de CSIF analiza, en concreto, la pérdida producida en los diferentes conceptos de las nóminas (sueldo base, complemento de destino, complemento, específico, trienios...) de los principales grupos del sector público (A1, A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años.
Pues bien, el grupo que incluye a los médicos, el A1, ha perdido en la última década una media acumulada de 53.362 euros; y el A2, que, entre otros profesionales, incluye a enfermeros, gestores o maestros, ha perdido 40.478,87 euros desde la crisis de 2010. Según la central, esas pérdida salariales supondrían que, de los últimos diez años laborales, los médicos del SNS habrían trabajado gratis año y medio, y los enfermeros 15 meses.
En definitiva, los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9% desde 2010, y CSIF, además de subsanar esa pérdida -como vienen reclamando infructuosamente desde hace años todos los sindicatos de los sectores públicos-, reclama un acuerdo plurianual que "restituya la estructura salarial previa a 2010, equipare las retribuciones entre administraciones y refuerce las plantillas públicas donde sea necesario".
El 'agujero' de los asesores
La falta de personal y la pérdida retributiva experimentada por los funcionarios de la Administración contrastan, según el sindicato de funcionarios, con el enorme gasto en asesores, una partida a la que la Administración General del Estado destina 55.805.512,86 euros al año, según datos oficiales recabados por CSIF. "Con una inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud podrían tener 1.850 médicos más o 2.056 enfermeras; nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Estatal de Empleo Público, la cárceles o los juzgados españoles podrían tener 2.940 funcionarios más", dice el informe.
En este contexto, CSIF dice coincidir con el Gobierno de Pedro Sánchez en la necesidad de diseñar "un plan de reconstrucción social y económico" y crear "un comité de evaluación", pero insta al Ejecutivo central a "sentarse ya a trabajar" sobre ese plan de recursos humanos "que contemple las necesidades generales de la Administración, y las específicas de cada sector".
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