El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha admitido las medidas cautelarísimas urgentes solicitadas ayer por el Colegio de Médicos de Alicante (COMA) para que la Consejería de Sanidad proceda a vacunar de forma inmediata a todos los médicos de la provincia que ejercen en el sector privado, de igual forma y en las mismas condiciones que los de de la sanidad pública.
Fuentes de la Consejería de Sanidad han señalado que no iban a valorar el auto porque formalmente no tenían ninguna notificación al respecto.
Para el tribunal, la “especial urgencia” exigida por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) para solicitar dicha medida cautelarísima es, en este caso, “manifiesta y palmaria”. Y concurre desde el momento en que “se constata como hecho indiscutible que la vacunación se inició hace casi un mes (el 27 de diciembre) y estamos a 21 de enero de 2021, sin que el segundo grupo en el orden de prelación (personal sanitario de primera línea) y en concreto el personal de la sanidad privada haya recibido la primera dosis de la vacuna”.
El auto recuerda que es “casi un mes de demora en un ámbito sanitario donde el número de contagiados ha crecido exponencialmente” y, en este contexto, “la Administración autonómica valenciana no puede desatender ni abandonar a su suerte al personal de la sanidad privada”.
Por todo ello, el juzgado requiere a la Consejería de Sanidad que “remueva cualquier impedimento que obstaculice o dificulte la vacunación contra la covid-19 de todo el personal médico que ejerce la actividad privada en la provincia de Alicante, sea cual sea su vínculo, con el mismo orden, prelación y demás circunstancias que se aplicarían al personal sanitario público, procediendo a la vacunación del personal contemplado en la fase o etapa II de la Instrucción autonómica de 5 de enero de 2021 (“personal sanitario de primera línea”) que ejerce su actividad en el ámbito privado sin dilación, discriminación o demora alguna respecto al que ejerce su actividad en la sanidad pública”.
María Ángeles Moya, presidenta del COMA, se ha mostrado “muy satisfecha” porque el tribunal “ha aceptado nuestros argumentos”, señalando que “ya habíamos explicado por activa y por pasiva que creíamos que había una discriminación y una vulneración” de los criterios fijados por el Ministerio de Sanidad en el tema de la vacunación. En este sentido, ha reiterado que se trata de vacunar a los médicos “sea cual sea su relación contractual”, sin dilación, discriminación o demora alguna. Desde el COMA se ha hecho hincapié en que se “continuará vigilante para que se lleve a puro y debido efecto dicha resolución judicial sin demora alguna”.
Enfermería acude al Síndic de Greuges
El Colegio de Enfermería de Alicante ha trasladado al Síndic de Greuges (el equivalente al Defensor del Pueblo) de la Comunidad Valenciana la situación en la que se encuentran las enfermeras del sector privado de la provincia al no haber recibido todavía la vacuna contra la covid-19.
Unos profesionales, argumentan, que deberían estar siendo vacunados a tenor del planteamiento de la estrategia de vacunación nacional, que están trabajando en primera fila y que han atendido y atienden en muchos casos (como sucede con los de las clínicas de diálisis concertadas) a pacientes del sector público.
Sin embargo, "y a pesar de ello, se encuentran discriminados con respecto a quienes trabajan en la sanidad pública en un aspecto de tan vital importancia como es protegerse del contagio por covid-19 para preservar su salud, la de las personas a las que atienden y el buen funcionamiento de un sistema sanitario que se ve muy mermado por las bajas de sus trabajadores a causa del coronavirus".
Una situación que la entidad colegial se va a trasladar también a la Justicia como último recurso ya debido a la inacción de la Consejería de Sanidad a pesar de las muchas peticiones para ello y el consiguiente riesgo para la salud de las enfermeras y enfermos que trabajan en el sector privado.
No hay que olvidar que, según datos de la Generalitat Valenciana, "en la provincia de Alicante se pasó durante la pasada semana de 1.167 a 1.750 trabajadores afectados por covid-19, es decir, 583 sanitarios más se encuentran de baja, bien en cuarentena (1.081) o afectados directamente (669)".
Por ello, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se insiste en que las enfermeras y del sector privado deben ser vacunadas a la vez que las de los centros públicos y se rechaza cualquier distinción entre personal sanitario público y privado porque todos los profesionales ofrecen los mismos cuidados a los pacientes y están expuestos de igual manera ante la pandemia.
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